El ingreso mínimo lleva al colapso administrativo a la Seguridad Social

Teléfonos que nadie coge, comunicaciones colapsadas, citas previas a dos meses vista, funcionarios desbordados, expedientes sin resolver, prestaciones pendientes de abonarse... Este es el terrible panorama que deben afrontar cada día los ciudadanos que quieren realizar alguna gestión en las oficinas que la Seguridad Social y el Servicio Público del Empleo (SEPE) tienen por toda la geografía nacional. Hace apenas dos semanas que sus oficinas reabrieron sus puertas de forma presencial, pero la situación no ha mejorado demasiado. Durante todo el estado de alarma estas oficinas de la Administración han estado cerradas de cara al público y los funcionarios tuvieron que realizar sus tareas de forma telemática desde sus domicilios. Los sindicatos ya denunciaron las pésimas condiciones de trabajo que sufrieron, con jornadas maratonianas ante los millones de expedientes que se acumularon en sus terminales, que en algunos casos aún están pendientes de resolución.

Durante esos meses, las quejas, tanto de empresas y autónomos como de gestorías y asesorías –las que presentan la mayoría del papeleo– han sido generalizadas ante la dificultad de realizar las gestiones administrativas, ya fuera por los problemas con los procesos telemáticos o por las inconcreciones y cambios de criterio constante por parte de la Administración, que a golpe de decreto ley intentaba subsanar los errores cometidos.

Ahora, tras haber superado en gran parte el atasco de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las prestaciones por desempleo o por cese de actividad de autónomos, la apuesta por la vía telemática en la presentación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV) no está teniendo los resultados esperados. La imposibilidad de recibir información al estar colapsado el servicio de atención al ciudadano ha provocado que muchas de las personas que van a solicitar estas ayudas no lo puedan hacer porque no cuentan con la información pertinente o no tienen los conocimientos necesarios para realizar la solicitud vía internet, por lo que acuden a las oficinas del SEPE y la Seguridad Social para intentar solucionarlo. El problema es que al necesitar cita previa y tener un retraso de hasta 60 días en su concesión en algunas oficinas los plazos se dilatan en el tiempo, algo que en personas con alta vulnerabilidad puede agravar su situación personal.

Retraso en los pagos

De igual forma, miles de trabajadores siguen esperando el pago de prestaciones por haber sufrido un ERTE. Pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró la semana pasada en la sesión de control al Gobierno que ya se habían resuelto y abonado todos los expedientes que habían entrado correctamente, María González, portavoz del CSIF en el SEPE, se apresuró a desmentirlo. «A día de hoy, miles de personas siguen sin cobrar un ERTE. Es fácil de demostrar. Basta con mirar alrededor y seguro que encontramos un conocido, un familiar o un vecino que está en un ERTE sin cobrar. Es muy serio porque detrás de cada ERTE sin cobrar hay una familia entera pasando penurias», dijo,

A este bloqueo institucional se añade la precariedad de los medios disponibles y la parquedad de la plantilla, que sigue perdiendo efectivos sin capacidad de reposición, tanto en el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), como en la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) e incluso en el CAISS (Centro de Atención de Información de la Seguridad Social).

A todos ellos, les ha pillado de improviso la avalancha de solicitudes para acceder al ingreso mínimo vital, que ya ha provocado un nuevo bloqueo administrativo en algunas delegaciones de la Seguridad Social, que durante la crisis sanitaria ya se vieron al borde del colapso en varias ocasiones. Para intentar paliar esta situación y aliviar el trabajo de una plantilla «a punto de decir basta», comentan muchos funcionarios, el ministro José Luis Escrivá decidió subcontratar a través de la empresa semipública Tragsa –participada en un 51% por el holding público SEPI– a 500 personas, 300 de los cuales directamente gestionan el tratamiento de expedientes y otros 200 se ocupan de la atención telefónica. Pero su aportación no ha sido suficiente y sindicatos y funcionarios siguen denunciando que la situación solo ha mejorado en algunos centros.

Plantillas escasas

Fuentes sindicales manifestaron a este diario que se ha solicitado un refuerzo de plantilla de 1.000 interinos para el INSS y otros 250 para la Tesorería, pero todavía no han tenido una respuesta afirmativa de Hacienda, que es la que debe aprobar ese gasto, por lo que sigue sin cubrirse el déficit de plantilla acumulado, y que en los últimos años ha alcanzado el 21%. Si este apoyo finalmente llegara, solo sería de manera temporal, un mínimo de 12 meses y un máximo de 36.

En cualquier caso, las cifras hablan por sí solas. El Ministerio otorgó de oficio el IMV a unas 100.000 familias, pero los funcionarios informan de que las previsiones de solicitantes hechas por sus responsables se habían quedado obsoletas, ya que estimaban que fueran alrededor 300.000 las familias que intentarán acceder a esta prestación. Sin embargo, según fuentes de los funcionarios, la previsión para este año es que lo hagan más de 800.000, por lo que la actual plantilla se ve incapaz de afrontar tal avalancha.

Hasta mediados de mes, la Seguridad Social ya habían saltado por los aires todas las previsiones y se habían recibido ya más de 500.000 solicitudes –en torno a la mitad de ellas serán rechazadas por incumplir los requisitos–. Fuentes del sindicato de funcionarios CSIF manifestaron que, «a este ritmo, los próximos meses van a ser muy complicados, con una carga abrumadora de trabajo». Las cifras que maneja este sindicato van mucho más allá de las 800.000 solicitudes y las cuantifican en más de tres millones.

Por ejemplo, el INSS cuenta con una plantilla de 10.600 empleados, pero solo el 70% de ellos realizan tareas de gestión y tramitación de expedientes. Si, según reconocen, cada solicitud lleva unos 45 minutos de media, las cuentas no salen, máxime cuando además del ingreso mínimo tienen que seguir atendiendo el resto de trámites y expedientes, incluidas las pensiones, las prestaciones sociales o las de desempleo –ahora también están revisando miles de pagos que se hicieron de oficio y que ahora debe ser comprobado si tienen alguna irregularidad–. Es tal la sobreacumulación de trabajo, que ya ha empezado a afectar a todas las áreas del Ministerio, incluidas la Tesorería o el departamento de Informática, denuncian desde CSIF.