Opinión

Los datos para un rescate financiero de España

Las ayudas europeas van a suponer una tabla de salvación para la maltrecha economía española. Pero si persisten los problemas estructurales será dinero tirado. Y nuestros socios, no sólo los frugales, no parecen estar por la labor

José Luis Montoro

Los datos del Banco de España y del Ministerio de Trabajo, por recurrir a fuentes oficiales, recogen que tanto las previsiones de déficit público, de la deuda externa, de la afiliación a la Seguridad Social y de los compromisos crecientes en pensiones componen un escenario de rescate económico y financiero para España, incluso, de mayor cuantía que la asistencia que se prestó a Grecia, Portugal e Irlanda del Norte y, por supuesto, a la inyección financiera con la que el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que hacer frente a la crisis bancaria. Que el término «rescate», asociado a la austeridad impuesta, haya sido sustituido por otros más amables, no significa nada. Pese a la propaganda gubernamental, los acuerdos de reconstrucción estipulan que, desde la lealtad supuesta de cada gobierno de la Unión, los países receptores de la ayuda acometerán las reformas necesarias para mejorar la competitividad del sistema productivo e invertirán en sectores de futuro. De lo contrario, la senda del endeudamiento que ha emprendido Europa puede convertirse en una losa con la que nuestros socios no están dispuestos a cargar. Pedro Sánchez y sus socios de la extrema izquierda tienen, pues, una ardua tarea por delante, para la que no existen fórmulas mágicas, por más que algunos analistas especulen sobre la probabilidad de que la vigilancia de la Comisión y del Consejo europeos sobre el uso de los fondos sea lo suficientemente laxa como para pasar el trago. En cualquier caso, España padece dos problemas estructurales que parecen inaplazables. Nos referimos, claro, al deficiente sistema impositivo, que consigue que el esfuerzo fiscal al que se somete a los ciudadanos, de los mayores de la OCDE, se traduzca en una tasa de ingresos fiscales de las más bajas, y al desequilibro del sistema de pensiones, cuyos compromisos de pago crecen ya por encima de los 9.000 millones de euros mensuales. Sólo la aplicación de tipos reducidos de IVA cuesta al erario público el 2,1 por ciento del PIB, sólo por detrás de Malta y Portugal.