Más de 280.000 autónomos sin actividad desde marzo, obligados a pagar el 50% de su cuota

La mayoría no han podido acogerse a ninguna de las prestaciones por cese de actividad, según denuncia ATA

Ayer fue día de pago para los millones de autónomos españoles, que tuvieron que abonar su cuota de actividad. Pero, para desgracia de cientos de miles de ellos, hace muchas semanas que no hay días de cobro. Más de 280.000 echaron la persiana en marzo, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y paralizó las actividades no esenciales para frenar la pandemia del coronavirus. Y no han podido volver a levantarla y retomar sus actividades. Pero con ingresos o sin ellos, ayer, como el resto, tuvieron que cumplir con sus obligaciones con la Hacienda Pública y abonar el 50% de la citada cuota.

El Gobierno aprobó a finales de junio exonerar a los trabajadores por cuenta propia del pago del 100% de su cotización correspondiente al mes de julio; del 50% de la correspondiente a agosto y del 25% de la del mes de septiembre. Y ahora toca rendir cuentas. Y el que no lo haga, tendrá el aliento de la Seguridad Social sobre su nuca de inmediato porque si el último día de mes, cuando se reclama el pago, no se abona, al autónomo se le aplica un recargo del 10% sobre el importe de la cuota en cuestión.

Sin ayudas

Muchos de estos autónomos que están cerrados no se han podido acoger además a las prestaciones de cese de actividad especial o cese de actividad extraordinario para autónomos de temporada que se pusieron en marcha el 1 de julio. Entre los impedimentos para percibir esta ayudas está, según denuncia ATA, el de ser beneficiario de tarifa plana o algún tipo de reducción en cotizaciones; llevar menos de un año como autónomo o estar en pluriactividad. «Son causas que han significado que muchos autónomos no soliciten esta prestación o se les haya denegado», explica el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Según sus cálculos, sólo 125.000 de los 3 millones de autónomos, 4 de cada 100, cobrarán las prestaciones por cese de actividad especial o extraordinario que se pusieron en marcha el 1 de julio para los de temporada.

«España no puede salir adelante con 280.000 autónomos aún cerrados desde el confinamiento, más de 1 millón en la cuerda floja y con caídas de actividad superior al 60%», asegura Amor. Por ello, la organización que preside ha pedido al Gobierno que se prorroguen hasta el próximo 1 de abril los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por cese de actividad ordinario «especial» (compatible con la misma).

El 24% de los pequeños comercios se plantea cerrar antes de fin de año

La situación de muchos de los trabajadores autónomos, miles de los cuales regentan pequeños comercios, comienza a ser crítica. Una encuesta de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) asegura que más del 24% de los pequeños comerciantes consultados se plantea cerrar su negocio antes de que termine el año si la incidencia de los rebrotes por Covid-19 sigue aumentando.

Upta ha realizado más de 1.000 encuestas en toda España para analizar el volumen de facturación de los pequeños comercios en el mes de agosto de este año respecto al mismo mes de 2019. Según los resultados dados a conocer ayer, más de la mitad de los encuestados asegura que este mes perdió entre un 40% y un 60% de su facturación respecto al año pasado. De la quema sólo se libran los pequeños comercios de alimentación, que han registrado caídas inferiores al 10%. Un 75% de los encuestados reconoce que la facturación este agosto ha sido más baja respecto a la del ejercicio pasado.

El comercio minorista en España está integrado por más de 750.000 autónomos y su número es decreciente. Según los datos de Upta, en los últimos cinco años se han perdido más de 70.000 establecimientos. Por eso, la organización reclama medidas excepcionales como una rebaja del IVA a determinados subsectores, planes de incentivo al consumo, el impulso de la digitalización y la mejora de la formación. También solicita que se pongan en marcha de manera inminente las mesas de trabajo interministeriales para abordar la situación del colectivo.