El déficit se multiplica por tres: el agujero equivale ya a siete meses de pensiones

La pandemia sigue pasando su factura macroeconómica. El déficit del Estado se multiplicó por cuatro durante los ocho primeros meses del año y ascendió a 60.295 millones de euros, una cifra equivalente al 5,39% del PIB y que ha sumado a los números rojos de las arcas públicas 15.316 millones respecto al mismo periodo de 2019, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda. Por su parte, el déficit conjunto de todas las administraciones públicas se situó en el 6,5% del PIB y se multiplicó por tres. Este abrupto repunte -que equivale ya al desembolso de siete meses de pensiones- se ha debido tanto a los gastos derivados por la crisis sanitaria -que se elevaron un 18,9%, hasta los 170.775 millones- como a la caída de los ingresos estatales -que se rebajaron un 13,9 %, hasta 110.480 millones-. Si se deduce el efecto del gasto en intereses -lo que se conoce como déficit primario-, la cifra se situó en el 4,02% del PIB, o lo que es lo mismo, un incremento de 45.008 millones, cuando doce meses antes se apuntaba un superávit primario de 1.775 millones.

El déficit conjunto de todas las administraciones públicas se situó en el 6,5% del PIB, pero en este caso hasta el mes de julio. La suma del agujero de la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas -excluida la ayuda financiera- fue de 73.128 millones, lo que equivale al 6,54% del PIB. Esto son 48.682 millones más que hace un año, cuando apenas era de 24.387 millones. Es decir, se ha multiplicado por tres y equivale ya al gasto del Estado en más de siete meses de pensiones contributivas. El Ejecutivo ya tenía previsto este incremento en el tercer trimestre, pese a que se había puesto fin al confinamiento y el rebote económico auguraba una leve recuperación, por lo que ya trasladó a Bruselas en sus previsiones para este año que el déficit llegará al 10,34% del PIB en dieciembre.

Por partidas, los ingresos por impuestos se redujeron un 16,1% en este periodo, lo que supuso la pérdida de 17.186 millones de euros, un 1,54% del PIB. La recaudación del IVA bajó un 15,6%; la de IRPF, un 27,4%. Según informa Hacienda, esto es debido “no solo al parón de la actividad económica, sino también al efecto del sistema de financiación autonómica, cuyas entregas a cuenta no contemplaban la crisis”. Por el impuesto de Sociedades se ingresó un 7,1% menos.

En el capítulo de gastos, hasta julio se dispararon hasta los 170.775 millones, cifra superior en un 18,9% a la registrada en el mismo periodo de 2019. La cifra se ha engrosado exponencialmente al sumar el pago de 6.000 millones a las comunidades del primer tramo del Fondo Covid-19 -cuyo importe total ascenderá a 16.000 millones-, las transferencias a la Seguridad Social (14.003 millones) así como los fondos extra destinados a los programas sanitarios. Según el informe, también se incrementaron los consumos intermedios (un 18,3%), las transferencias a otras Administraciones (32,4%) y la remuneración de los asalariados (un 0,7%).

Al mismo tiempo que se hacía público este informe, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció desde Moncloa que el Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para todas las Administraciones públicas para este año y 2021, y lo ha hecho con el visto bueno de la Comisión Europea, que ha autorizado a todos los estados miembros incumplir los objetivos de déficit, deuda y gasto público por la pandemia.