El Gobierno baraja aplazar la ecotasa a los vuelos por la delicada situación del sector

El Gobierno de coalición tiene ya focalizada su propuesta fiscal definitiva para lo que queda de legislatura, que pasa por rebajar sus pretensiones a un proyecto de mínimos por culpa de la pandemia, cuya negociación se llevará a cabo en las próximas semanas con el resto de grupos parlamentarios. Al margen de retoques puntuales en varias áreas, el grueso de medidas se han quedado reducidas a la aprobación de las tasas Google y Tobin y a la apuesta por la tributación verde, aunque también en este caso puede sufrir un recorte, el que corresponde a las nuevas tasas a los vuelos y al gravamen del combustible.

El Ministerio de Hacienda tiene prácticamente decidida la congelación del impuesto a los billetes de avión, que tenía intención de aprobar en su paquete de nuevas medidas. El objetivo del Ministerio que dirige María Jesús Montero era que este impuesto gravara el coste del transporte de personas entre aeropuertos a través de una tasa directa al combustible, pero ahora, en plena segunda oleada de rebrotes de la pandemia y con el sector en situación crítica por la paralización del turismo y el recorte exponencial de traslados y rutas, no parecía lógico aprobar una medida que iba directamente en contra de la recuperación económica de estas compañías.

Según fuentes cercanas a la negociación, se ha descartado «casi con toda seguridad» que este impuesto a los billetes de avión se incluya en el borrador que finalmente será presentado en el Congreso para su negociación, aunque las mismas fuentes reconocen que esta «ecotasa» –por el empeño de los negociadores de Podemos– aún estaría sobre la mesa y cabría una posibilidad de adjuntarlo en el documento previo, para que fuera el resto de partidos quien finalmente lo descartara en discusión parlamentaria.

Si al final no se presentara esta propuesta, sería un revés para la vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que diseñó un impuesto a semejanza del aprobado por Emmanuel Macron en Francia el pasado año, que grava los billetes de los vuelos con salida en territorio galo hacia aeropuertos de otros países, como ya incluyen Alemania, Italia, Reino Unido y los países nórdicos.

Tanto Hacienda como Transición Ecológica defendían que el incremento de estos tributos medioambientales en los ingresos públicos, siguiendo las directrices de Bruselas, aceleraría el cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones de efecto invernadero prometidos por el Gobierno. Los cálculos prepandemia habían situado los posibles ingresos de esta tasa en torno a los 1.000 millones de euros.

La ecotasa que sí que saldrá adelante será la que se impondrá a la fabricación e importación de plástico no reutilizable, un impuesto indirecto con el que se pretende reducir el número y el consumo de estos productos para rebajar la generación de residuos plásticos. E acuerdo ha sido total en este punto.

Por lo que respecta al diésel, la intención del Gobierno es equiparar su tributación a la de la gasolina. El objetivo es que se reduzcan de una forma más rápida tanto las emisiones contaminantes de carbono como el propio parque de vehículos diésel, al limitar las ventajas fiscales que tiene este combustible y rebajar la compra de este tipo de vehículos al carecer de estos beneficios. Este gravamen no es nuevo, pero su aplicación se ha ido aplazando por los diferentes gobiernos por temor a la respuesta que pudiera tener entre los colectivos más afectados, principalmente clases medias y los transportistas, con un coste electoral que no se ha querido asumir hasta ahora. Solo hay que recordar lo que sucedió el pasado año en Francia, cuando una subida similar provocó una revuelta popular –la conocida como la de los «chalecos amarillos»– que a punto estuvo de costarle el Gobierno al propio Macron.