Calviño negocia con la UE ampliar la carencia de los créditos ICO a 12 meses

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, negocia con la Comisión Europea (CE) que el periodo de carencia de los avales del ICO pueda ampliarse otros 12 meses para que empresas y autónomos puedan afrontar la crisis que ha provocado la covid-19. Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Calviño ha señalado que en las próximas semanas se conocerán las nuevas condiciones de los préstamos del ICO otorgados para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, tanto en su periodo de carencia como en sus plazos de devolución.

Según ha reconocido, su pretensión es ampliarlo en 12 meses, además de estar barajando distintas opciones para el periodo máximo de devolución. “Espero que en las próximas semanas podamos adoptar las medidas adecuadas para adaptar” estos instrumentos y “ver cuáles podrían ser otros instrumentos” para garantizar la solvencia de las pymes. “Estamos en este trabajo con el sector financiero y la CE y espero que en próximas semanas se puedan a adaptar”, ha señalado Calviño tras elogiar la labor del ICO, que se ha “reinventado” para multiplicar el número de operaciones y hacerlo con agilidad.

Mejorar las condiciones de los ICO

El Ejecutivo trabaja con el sector financiero y la Comisión Europea para mejorar los préstamos con avales ICO, ya que se encuentran condicionados al esquema de Ayudas de Estado de Bruselas. En este sentido, Calviño ha explicado que el Gobierno mantiene el diálogo al respecto con la Comisión Europea, que es el organismo que tiene que dar el visto bueno a la posibilidad de ampliar plazos y buscar alternativas para garantizar la solvencia de las pymes. La banca teme que las necesidades de liquidez de las empresas, que fueron atendidas de forma rápida y ágil al principio de la pandemia, pueda acabar derivando en problemas de solvencia en los próximos meses, con amplias bolsas de morosidad.

Intereses de deuda bajos

En cuanto a las mayores necesidades de financiación que tendrá España el próximo año, con un déficit previsto del 7,7% del PIB, la titular de Economía indicó que esperan que los intereses de la deuda sigan siendo “muy bajos”, dada la política monetaria expansiva. Así, apuntó que los inversores siguen confiando en la economía española a tenor de todas las subastas que celebra el Tesoro, lo que ha permitido una reducción “a mínimos históricos” de los intereses de la deuda en emisión hasta el 0,23%, con lo que el coste medio de la deuda en circulación ha bajado hasta el 1,9%, al tiempo que ha aumentado el periodo de maduración de los títulos hasta los 7,75 años.

Sin prisa para vender Bankia

Calviño también se ha referido a la fusión entre CaixaBank y Bankia y, tras confiar en que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) vigilará que no haya distorsiones de competencia en el sector, ha desvelado que el plazo de desinversión del Estado en Bankia podría ampliarse más allá de 2021. En este sentido ha dicho que no cree que fijar una fecha sea la prioridad y que el “ritmo” para la desinversión es menos importante que el hecho de maximizar el valor que pueda tener el Estado en la entidad resultante. “No conviene tener una fecha limite que suponga que no podamos maximizar el valor del Estado en la entidad resultante”, ha dicho, al tiempo que ha puntualizado que lo importante es tomar decisiones “correctas” y “no habrá problema en extender la fecha para cumplir con ese objetivo”.

2.100 millones por el 5G

Asimismo, la vicepresidenta ha confirmado que la subasta para el 5G buscará maximizar el despliegue de la nueva tecnología móvil y que el Gobierno prepara una ley para garantizar la seguridad de las redes 5G e incide que no se trata de hablar de un país o un operador concreto. Según sus cálculos, la recaudación prevista de casi 2.100 millones de euros el próximo año gracias a la subasta de espectro para la prestación de servicios de 5G recogida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 responde a lo que ha sucedido en subastas anteriores. Sin embargo, ha incidido en que el resultado de la subasta, dada la dinámica de la misma, depende de las ofertas que realicen los operadores, y ha asegurado que el Gobierno la va a articular de manera que se maximice el objetivo final, que el despliegue del 5G en España.

Mejorar la legislación laboral

La vicepresidenta tercera tiene claro que el país tiene que atajar los problemas del mercado laboral y ve necesario mejorar aspectos de la legislación para acabar con la “intensa” dualidad del mercado laboral o que haya trabajadores en situaciones de precariedad, hecho que no es compatible con un país como España. “Hablo en especial de los jóvenes y que de cara al futuro tenemos que intentar proteger, mejorar y darles unas perspectivas de trabajo digno como el que se merecen”. Según la ministra, hay que analizar si se pueden aprovechar instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que es un “método alternativo a los intensos ajustes de empleo que se han producido en otras crisis”, y transformarlo en un mecanismo “permanente”, pero también abordar cómo simplificar los contratos. Asimismo, ha resaltado que se tendrá que ver si hay elementos de reequilibrio en la negociación colectiva o cómo se regulan los ‘riders’. “Este conjunto de actuaciones y reformas que tenemos que abordar sobre la base del diálogo social han sido la marca del Gobierno y seguirá siendo la marca que nos guíe en estos ámbitos en los próximos meses”, ha apostillado.