El Banco de España avisa de que las agencias de rating seguirán con sus bajadas de calificación crediticia

Alerta de una posible transmisión por las entidades afectadas del endurecimiento de sus condiciones de financiación a sus clientes

Fachada  del Banco de España en la Plaza de Cibeles de Madrid
Fachada del Banco de España en la Plaza de Cibeles de MadridLuis DíazLa Razón

Las rebajas de calificación crediticia acometidas por las agencias de rating debido a la recesión económica sin precedentes originada por el coronavirus podrían prolongarse durante los próximos meses, si la evolución de la pandemia se traduce en un deterioro significativo de las perspectivas macroeconómicas. Así lo advierte el Banco de España en el último número de su revista sobre Estabilidad Financiera de otoño, que dedica uno de sus artículos a analizar “los retos asociados al uso de las calificaciones crediticias de las agencias en el contexto de la crisis del covid-19″. A pesar de que desde la crisis financiera global el sistema financiero ha reducido su dependencia de estas calificaciones, todavía siguen teniendo un papel relevante a efectos regulatorios y a la hora de determinar las políticas de inversión de intermediarios financieros y la operativa de los bancos centrales. Por tanto, estos movimientos podrían ocasionar efectos potencialmente adversos sobre la transmisión de la política monetaria, la estabilidad financiera y la economía real.

En concreto, alerta sobre el aumento de la deuda corporativa emitida en los últimos años en el caso de las sociedades no financieras españolas, que ahora representa alrededor del 15% del PIB, frente al 6% en el período previo a la crisis financiera. A su juicio, la crisis del covid-19 ha provocado un “desplazamiento moderado” en la calidad crediticia de las empresas españolas hacia peores calificaciones. Entre el 28 de febrero y el 15 de octubre, las rebajas en las calificaciones han afectado al 11,7% del saldo vivo. La cartera de valores negociables representa un 23% respecto al activo total del sistema bancario español. El valor de estos títulos “podría ser especialmente sensible a las rebajas de rating que podrían dificultar la refinanciación de su deuda, lo que aumentaría su riesgo de incumplimiento”.

La publicación asegura que se observa un elevado solapamiento entre las carteras de valores de fondos de inversión y fondos de pensiones, lo que “podría concentrar impactos similares, como deterioro de patrimonio, y llevar a comportamientos simétricos (recomposición de cartera, retirada de fondos por partícipes) en una proporción elevada de estos agentes ante la rebaja de calificación de ciertos valores”. En junio de 2020, las entidades de crédito españolas mantenían en su balance consolidado un volumen de 632.400 millones de euros en deuda soberana y emisiones de renta fija privada, mayoritariamente deuda soberana (el 83,3% del total de las exposiciones analizadas), representando las entidades significativas bajo supervisión directa del Banco Central Europeo más del 89,6% del total de la exposición. La deuda soberana (préstamos y valores de renta fija) en el balance consolidado de las entidades de crédito españolas, que alcanzaba 527.000 millones de euros en junio de 2020, se concentra en las entidades con mayor activo total y se distribuye de forma comparable entre valor razonable y cartera de negociación y coste amortizado, con un peso aproximado del 7% sobre activo total para cada una de estas categorías.

En el marco de implementación de la política monetaria del Eurosistema, las calificaciones crediticias desempeñan un papel relevante, tanto en las operaciones de financiación con garantía como en los programas de compra de activos. En el contexto de la crisis del covid-19, se han producido diversas rebajas de calificación crediticia y “es previsible que se produzcan reducciones adicionales”, con el consiguiente impacto en las operaciones de financiación que concede el Eurosistema. En ese sentido, avisa de que los activos admisibles como garantía que resulten afectados por estas rebajas verán reducido su valor de mercado y aumentado el recorte de valoración que se les aplique debido al incremento del riesgo. Por tanto, para mantener la financiación ya recibida, las entidades se verían obligadas a aportar más garantías, en un entorno en el que, además, el universo de activos elegibles se habría reducido. En caso de que las entidades necesiten liquidez adicional, su capacidad para financiarse se podría ver limitada debido, principalmente, a la reducción del universo de activos disponibles aceptables como garantía. Una limitación en la capacidad de las entidades de acudir a las operaciones de financiación del Eurosistema podría afectar a su capacidad para financiar la economía real. Para garantizar la liquidez de las entidades de crédito, la Unión Europea adoptó una serie de medidas que aplicarán hasta septiembre de 2021. Esta situación supone un reto adicional, porque los problemas de viabilidad de los compromisos de compras pueden afectar negativamente a la credibilidad de la política monetaria, y acciones de las las agencias de calificación externas traducidas en rebajas crediticias generalizadas pueden acentuarlos.

“Las rebajas en la calificación crediticia de las emisiones de deuda de un determinado agente pueden traducirse en un endurecimiento de sus condiciones de financiación tanto en el mercado de deuda como en el de financiación bancaria. Si la reducción en la calificación crediticia afecta a las entidades de crédito o a los activos de su cartera, sus condiciones de financiación en el mercado podrían endurecerse y sus posibilidades de financiación utilizando sus activos como garantía se verán dificultadas. Estos efectos sobre el sector bancario podrían ser aún más relevantes si la calificación crediticia de las entidades se situase cerca del nivel de grado especulativo, como es el caso de la mayoría de las entidades de crédito españolas. Todo ello podría llevar a que las entidades afectadas transmitieran el endurecimiento de sus condiciones de financiación a sus cliente”, advierte el artículo.

La autoridad monetaria destaca entre las posibles medidas mitigantes de los efectos de la prociclicidad de las calificaciones crediticias las orientadas a eliminar o suavizar los efectos no lineales, asociados a rebajas de calificación de determinados emisores o valores financieros por debajo del umbral de grado de inversión y que pueden tener un impacto significativo en la transmisión de la política monetaria, así como la posibilidad de relajar en determinadas circunstancias, como la actual crisis, la aplicación por los bancos centrales de los requisitos de admisibilidad de estos valores como garantía en sus operaciones de financiación o de los requisitos de elegibilidad en sus programas de compra de activos.

En el caso del sector bancario, sería una «congelación general» de las ponderaciones al riesgo para requisitos de capital o de la calidad del activo evaluada para propósitos de liquidez a sus niveles de 2019. A su juicio, es necesario reconocer un deterioro y ajuste de estos valores, pero debería hacerse de forma ordenada, también con el posible uso en este ámbito de períodos transitorios, y evitando una ponderación excesiva del corto plazo en ese ajuste de los ratings, y consecuentemente de requisitos de capital y liquidez. Este ajuste inicial ahora conduciría posteriormente a un desarrollo más general a medio plazo. En esta línea, este año se ha explorado solicitar a la Comisión Europea que lleve a cabo una relajación, o incluso una suspensión.