El Gobierno quiere liquidar el factor de sostenibilidad de las pensiones que exige Bruselas

El factor de sostenibilidad de las pensiones, encargado de acomodar de forma automática la cuantía de las pensiones a los años durante los que se va a disfrutar esta ante el incremento de la esperanza de vida, sigue aún latente. “Está tocado de muerte”, según reconocen fuentes socialistas del Pacto de Toledo a LA RAZÓN, pero aún no enterrado por la necesidad de un acuerdo con el Partido Popular en el órgano parlamentario encargado de supervisar el sistema de pensiones. Aparcado hasta 2023, entre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo no figura de forma explícita su liquidación. Aunque se da por descontado que Podemos hará todo lo posible por suprimirlo ante la indiferencia del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, al que hace unos años no incomodaba este mecanismo y que ahora lo considera irrelevante, Bruselas quiere recuperarlo y presiona para que España lo incluya dentro de las medidas a desarrollar en la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno, con Escrivá al frente, tiene que acometer cuanto antes.

De hecho, la Comisión Europea vincula la concesión de los 140.000 millones del fondo de recuperación europea a la puesta en marcha inminente de una mayor flexibilización laboral y, sobre todo, de una reforma de calado en el sistema de pensiones, que asegure su sostenibilidad ante las tensiones de caja que va a generar la avalancha de jubilaciones del “baby boom” hasta mitad de siglo. Bruselas considera muy perjudicial para esta sostenibilidad el regreso a la indexación de la revalorización de las pensiones con el IPC, pero sabe que para la coalición de Gobierno socialcomunista se trata de una “línea roja”. La mejor carta para asegurar esa sostenibilidad es la puesta en marcha de un factor corrector que estire la pensión de acuerdo a la mayor esperanza de vida.

Bruselas ha advertido en numerosas ocasiones que ligar las pensiones al IPC “en ausencia de medidas compensatorias” es hacer el harakiri al sistema de pensiones, que quedaría en la insolvencia para los restos y a expensas de las transferencias de los Presupuestos para parchear, vía impuestos, las brechas abiertas. La mejor baza, como ha sugerido la Comisión Europea, sería ajustar las pensiones iniciales, en línea con la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.

Sin embargo, el Gobierno estudia otras fórmulas que tengan en cuenta otros factores más amplios para contentar a Bruselas con un mecanismo que incluya la evolución del mercado laboral, la inmigración o la evolución de la natalidad. “Ahora toca hacer cirugía fina para que la evolución de la esperanza de vida no sea la única variable que sea tenida en cuenta”, indican las mismas fuentes socialistas a este diario. En opinión del bloque del Gobierno en el Pacto de Toledo, la introducción de un factor que haga sostenibles las pensiones “no tiene por qué reducirlas”. Pero eso no es lo que exige Bruselas.

En línea con la Comisión Europea, el PP considera casi inevitable la introducción del factor de sostenibilidad tal y como se diseñó en la reforma de 2013 y recuerda que el primer Gobierno que habló de la necesidad de su introducción fue socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. “El factor de sostenibilidad está vigente y debería de entrar en vigor en cuanto acabe su suspensión”, indican las fuentes populares del Pacto de Toledo consultadas.

Los expertos lo impondrían ya

¿Qué dicen los expertos? La mayoría apuesta por recuperar su aplicación cuanto antes. En las conclusiones presentadas recientemente por el Foro del Instituto Santalucía se recomienda no solo reducir la actual tasa de sustitución (cociente entre la pensión y el salario medios) para descartar la fuerte y creciente subida impositiva que sería necesaria, sino recuperar el factor de sostenibilidad, ligando el retiro laboral a la esperanza de vida. Los expertos recuerdan que este mecanismo de ajuste que ya está implantado o lo será próximamente en países como Francia, Italia, Países Bajos, Grecia, Dinamarca, Finlandia o Portugal, y se anunciaba en la reforma de las pensiones de 2011.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señalaba en un informe publicado el pasado 28 de septiembre que, si se eliminara el factor de sostenibilidad, que se pondría en marcha a partir de 2023, y no se sustituyese por ningún mecanismo similar, aumentaría el gasto en pensiones en 0,9 puntos del PIB (hasta el 15,9%). Por otro lado, cree que en un escenario base, con la entrada de todas las reformas paramétricas de 2011 y la aplicación del factor de sostenibilidad, se situaría el gasto en pensiones en el 14,2% del PIB.