¿Cómo abaratar la factura eléctrica?

El 55% del recibo son recargos políticos e impuestos sin nada que ver con el coste de producir y transportar la energía

El precio de la luz ha alcanzado máximos a causa de la borrasca Filomena, que causó una gran nevada el pasado fin de semana
El precio de la luz ha alcanzado máximos a causa de la borrasca Filomena, que causó una gran nevada el pasado fin de semanaJesús Hellín Europa Press

Los precios de la electricidad aumentan cuando su demanda se dispara (típicamente durante las olas de frío o las olas de calor). La razón no es complicada de entender: en los picos de demanda es necesario activar centrales eléctricas con costes de generación más elevados y eso provoca encarecimientos de la factura. No es algo que debiera sorprendernos ni alarmarnos, de no ser porque el precio de la luz en nuestro país ya se halla entre los más altos de Europa: es decir, que llueve sobre mojado. En este sentido, acaso convenga plantearse a qué se deben tan elevados precios de la luz: no tanto las subidas coyunturales que ahora mismo están teniendo lugar, sino su excesivo nivel habitual. Así, dividamos la factura de la luz en cuatro partes: generación, suministro, recargos de política energética e impuestos. Generación y suministro son actividades indispensables para contar con un sistema eléctrico integrado: las distintas centrales producen la electricidad (generación), que posteriormente ha de ser trasladada hasta los hogares mediante las redes de transporte y distribución (suministro). Sin estas dos piezas, el sistema eléctrico no podría funcionar.

Y claro, uno podría pensar que, siendo los dos pilares indispensables del sistema eléctrico, generación y suministro representarán la mayor parte de la factura eléctrica. Pero no: sólo el 45% de lo que pagan los hogares es atribuible a estas actividades esenciales. El otro 55% son los recargos de política energética (básicamente, las primas a las energías renovables y la amortización de los déficits históricos de tarifa) y los impuestos (el IVA y el impuesto a la electricidad). Nótese que estas dos partidas no son consustanciales a un sistema eléctrico: de no existir, no notaríamos ninguna diferencia con respecto a la generación y al suministro de electricidad; son cargas que han colocado los políticos sobre la factura eléctrica, ya sea para financiar los Presupuestos Generales del Estado (impuestos) o para sufragar su aventurismo ideológico en materia energética (recargos).

Por ello, si quisiéramos rebajar el precio de la electricidad habría dos vías. Por un lado, introducir más competencia en el sector eléctrico, no ya para reducir los márgenes de beneficios de las eléctricas, sino para promover la adopción de tecnologías más baratas que permitan una generación más asequible para el consumidor: se trata de una vía que tiene un recorrido escaso (pues la generación representa el 25% de los costes totales y, por tanto, aunque consiguiéramos rebajarla en un 20% apenas lograríamos una rebaja del 5% en el precio de la luz) y que además operaría en el medio-largo plazo (pues las nuevas inversiones requieren de tiempo para ser desarrolladas). Por otro, reducir impuestos y recargos de política energética: se trata de una vía mucho más rápida y con un potencial mucho mayor. Por ejemplo, el peso que los impuestos tienen sobre la factura total (algo más de 20%) es similar al peso que exhibe la generación eléctrica, esto es, los impuestos le cuestan a las familias lo mismo que les cuesta generar toda la electricidad que consumen: de ahí que una rebaja del IVA de once puntos podría terminar abaratando la factura de la luz en un porcentaje similar (aunque probablemente no fuera del todo proporcional, dado que entrarían en juego las elasticidades de la oferta y de la demanda de electricidad, alterando en parte la distribución de los beneficiarios de la rebaja).

Ahora bien, pese a que el recorte de impuestos y recargos es la vía más rápida y potente de abaratar la electricidad, no es una vía nada fácil: con el enorme déficit público que tenemos, o habría que subir otros impuestos (no deseable) o habría que eliminar otros gastos (deseable, pero no políticamente factible con este Gobierno). En resumen: que seguiremos pagando una de las facturas eléctricas más caras de Europa.

Lucha por las pensiones

La Unión Europea nos exige reformas para desembolsar los 70.000 millones de euros comprometidos y una de las principales es la del sistema de pensiones. El ministro Escrivá –después de haber negado durante años que la Seguridad Social necesitara de ajustes de calado– ha preparado una reordenación de los términos de jubilación para recortar las pensiones futuras: alargar la edad efectiva e incrementar el número de años necesarios para calcular la base reguladora. Aunque habría sido preferible mantener la desindexación del IPC de las actuales pensiones, es una alternativa necesaria que, sin embargo, Podemos rechaza (sin, a su vez, exponer ninguna otra opción realista). Los de Iglesias ponen en riesgo el futuro de las pensiones y el dinero procedente de Bruselas.

El estreno económico de Biden

En nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha revelado en qué consistirá su primer programa de estímulo económico: un (nuevo) cheque de 1.400 dólares por ciudadano. La medida copia otras similares que aplicó Trump con anterioridad y merece, en consecuencia, idéntico reproche: se trata de una política muy cara (aumenta el endeudamiento público, ya de por sí alto en EE UU), poco enfocada hacia quienes más pudieran necesitarlo (dado que se trata de una política indiscriminada) y con un escaso potencial para revigorizar la economía (pues esta se halla funcionando a medio gas por las restricciones políticas dirigidas a combatir la propagación de la pandemia). No empieza, por tanto, con buen pie en lo económico el demócrata Joe Biden.

Lagarde, contra Bitcoin

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, acusó esta semana a Bitcoin de ser un activo esencialmente especulativo, utilizado para el blanqueo de capitales y abogó por una regulación mucho más estricta y omnicomprensiva de esta moneda digital. El argumento de Lagarde es, sin embargo, una falacia. Por un lado, Bitcoin es un activo monetario con excelentes propiedades para evitar ser confiscado por el Estado: de ahí que cada vez más inversores lo estén incorporando en sus carteras... no para especular con él, sino para proteger su patrimonio. Por otro, la evidencia disponible hasta el momento no apunta ni a que Bitcoin se use mayoritariamente para blanquear capitales ni, mucho menos, que la mayoría del blanqueo de capitales se organice a través de Bitcoin.