La intervención de precios del alquiler actúa también como barrera para la búsqueda de empleo

A los efectos ya puestos de manifiesto por experiencias como la de Berlín y París como la reducción de la oferta o su mínima incidencia en los precios, admitidos ambos por el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el Instituto de Estudiso Económicos (IEE) ha añadido hoy otro efecto nocivo de la regulación de los precios del alquiler: su incidencia negativa sobre la empleabilidad.

Durante la presentación del informe “La propiedad privada en España. La necesidad de reconocer los derechos de propiedad en materia de vivienda”, del director general del “think tank”, Gregorio Izquierdo, ha explicado que cuando los precios no reflejan la realidad, ocurre que los beneficiarios de estas políticas se ven afectados por la inmovilidad geográfica al quedarse a residir allí donde tienen una vivienda a un coste por debajo del que marca el mercado. Esto, según Izquierdo, ya se vio en España en los años 70 y 80 del siglo pasado y juega en contra de la búsqueda de empleo pues “la movilidad geográfica es vital para la empleabilidad, en especial para la de los más jóvenes”, según ha detallado.

Como ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Universidad de Negocios de Viena, el IEE también concluye que al deprimir los controles de precios la oferta de inmuebles en alquiler en las zonas afectadas por la medida, se produce un mayor tensionamiento de los precios en las zonas no reguladas hacia las que se desplaza la demanda y una mayor restricción del acceso a la vivienda, en especial para las rentas más bajas, precisamente el efecto contrario al deseado. “Aun cuando los precios del mercado regulado puedan contenerse merced al límite establecido por la normativa, la escasez de oferta obliga al desplazamiento de la demanda sobrante hacia otras zonas no reguladas, que no se ve acompañado de un incremento paralelo de la oferta, tanto porque la oferta es más rígida a corto plazo como porque la incertidumbre generada por la medida desincentiva la construcción de nuevas viviendas para alquilar. Ello provoca un tensionamiento de los precios en estos segmentos no regulados muy por encima del que hubieran experimentado en ausencia de la medida”, asegura el informe.

Medidas

En lugar de los “dañinos y contraproducentes controles” de precios que, a su juicio, provoca el control de precios, el IEE asegura que “se deben articular medidas que estén destinadas a resolver el verdadero problema, que no es otro que el de la falta de oferta. Para ello, propone “habilitar el suelo público disponible para permitir que se construya nueva vivienda destinada al alquiler que permita cubrir la demanda existente”. A su vez, el establecimiento de incentivos fiscales para la construcción de vivienda en zonas de escasez, sujetos a determinados requisitos para orientar la oferta, es “una medida efectiva y que no genera coste adicional para el Estado”. Por otro lado, la promoción de vivienda pública de alquiler puede ser eficaz siempre que se instrumente a través de la colaboración público-privada, ya que “este esquema mejora la eficiencia en la gestión y reduce los costes para el sector público”, asegura el trabajo.

Aunque la regulación de precios ha desaparecido del anteproyecto de Ley de Vivienda confeccionado por el Ministerio de Transportes en favor de un sistema de beneficios fiscales, lo cierto es que Podemos ha insistido en que dará la batalla para que la norma lo recoja.

El IEE también ha arremetido contra la decisión del Gobierno de las Islas Baleares de expropiar de forma temporal 58 viviendas para alquiler social. En su opinión, se trata de una medida “muy desafortunada, más efectista que efectiva, porque es ineficaz, poco ágil y vulnera los derechos de propiedad, además de que introduce distorsiones en el mercado de la vivienda que contribuyen a perpetuar los problemas existentes. La naturaleza del derecho de propiedad es incompatible con disociar de forma coactiva el uso y disfrute de un bien respecto a los deseos y voluntades de su legítimo propietario”. Según Izquierdo, aunque tenga un alcance limitado, la decisión de Baleares tiene amplios efectos porque “genera desconfianza con respecto al mercado inmobiliario español y seguro que detraerá inversión”, según ha advertido.