España gastó en 2020 123.000 millones más de lo que ingresó

2020 pasará a los anales de la historia mundial como el año maldito por la bestia del coronavirus y para España como uno de los peores que se recuerda en décadas, repleto de miseria, paro, pobreza, endeudamiento y déficit. Este desolador escenario se ha vuelto a confirmar este lunes durante la presentación del cierre de la ejecución presupuestaria de 2020, que remitirá el Gobierno a Bruselas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de explicar el desfase de las cuentas públicas, ha preferido poner, en todo momento, el énfasis en un menor déficit registrado en relación al previsto por todos los organismos internacionales y nacionales, incluido el propio Gabinete de Sánchez. Sin lanzar las campanas al vuelo, ante la magnitud de la cifra, y reconociendo que el dato es terrible, ha optado por destacar esas tres décimas de diferencia entre el déficit público registrado al final del año pasado del 10,97% del PIB frente al 11,3% estimado por el Ejecutivo. Pese a ello, sigue siendo un dato demoledor. España tiene un agujero de 123.000 millones, cifra similar a la reducción del PIB, y con un endeudamiento prácticamente inasumible del 120% del PIB. Para ajustar este balance, nuestro país debería destinar todo lo que produzca en dos años a cuadrar nuestras cuentas públicas y a dejar a cero el contador de nuestra deuda, utopía imposible de alcanzar.

Ese déficit del 10,97% del PIB tiene en cuenta, por indicación de Eurostat, la deuda contable de Sareb, el banco malo creado en 2012 con los activos tóxicos de la banca. La titular de Hacienda, pese a la exigencia de Bruselas, ha asegurado que en el déficit público nunca se ha tenido en cuenta las ayudas financieras, como la de este fondo, y nunca nadie ha exigido que así sea. De esta manera, ha intentado rebajar el dato del déficit público hasta el 10,09% del PIB, excluido el balance de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). Sin embargo, la hemeroteca confirma que su propio partido así lo demandó en 2012 por boca de su portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Entonces, Valeriano Gómez acusó al Gobierno de la época de cometer «un nuevo ejercicio de ocultación de las verdaderas cifras» de déficit público al excluir las ayudas concedidas a la banca en 2012, lo que elevaría en ese ejercicio el desfase de las cuentas públicas al 10,6 % del PIB, unas cinco décimas más al registrado en 2020 sin tener en cuenta estas ayudas y cuatro décimas menos si se incluyen. En este contexto, el déficit de 2012 fue el peor de la serie histórica. Sin embargo, si ahora se incluye el desfase de la Sareb, 2020 ocupará el primer lugar en el pódium del ránking de los mayores déficits. Ocho años después, por exigencia de Eurostat, la oficina estadística europea, ahora el Ejecutivo de Sánchez se ve obligado a contabilizarlo como déficit con un impacto, según Montero, en el mismo de 10.000 millones, lo que provocó que el desfase público superara en 2020 los 123.000 millones de euros, cuantía similar al desplome sufrido por el PIB.

Este hundimiento de la economía tuvo su fiel reflejo en el déficit del conjunto de las administraciones públicas, que cerró 2020 en el 10,09% del PIB, sin tener en cuenta el fondo Sareb, como consecuencia de un aumento en 53.070 millones del gasto para hacer frente a la pandemia y una caída de los ingresos de 24.487 millones, un 5% menos que en 2019. Así, el desfase se situó en 113.172 millones, lo que supuso un incremento de 77.557 millones respecto al ejercicio anterior o de casi 88.000 millones, si se incluye el fondo Sareb. Como durante todo el ejercicio de pandemia, la administración central asumió la mayor parte del coste de la crisis sanitaria, con una tasa de déficit del 7,49% del PIB. Las entidades locales, por su parte, presentaron un superávit del 0,26% del PIB. Mientras, las autonomías y la Seguridad Social registraron un déficit de tan sólo el 0,21% y el 2,65%, respectivamente, gracias a los más de 50.000 millones de transferencias estatales para combatir el covid. De hecho, de cada diez euros que gastó el Estado nueve se destinaron a combatir la pandemia.

De ahí que de los 53.070 millones de euros de aumento de los gastos respecto al año anterior, el 85% se destinará a medidas adoptadas para mitigar los efectos de la covid-19. En concreto, 44.907 millones estuvieron ligados directamente a las políticas discrecionales puestas en marcha para luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia, de los que más de 40.000 millones, el 90% del total, fueron asumidos por el Estado. Así, 21.520 millones correspondieron a los Erte, a incapacidad temporal y a cese de actividad; 8.284 millones, a gastos covid y sociosanitarios en las comunidades; 7.791 millones a exoneraciones de Erte y autónomos y 7.312 millones al resto de gastos relacionados con el covid. Gran parte del gasto público no vinculado a políticas anti-Covid hay que atribuirlo también a la intervención de los estabilizadores automáticos, como las prestaciones de desempleo, que aumentaron más de 5.000 millones de euros.

Nueve comunidades autónomas cerraron 2020 con superávit. Se trata de Andalucía (situándose en el 0,14% del PIB), Aragón (0,17%), Asturias (1%), Baleares (0,23%), Canarias (0,55%), Cantabria (0,51%), Castilla-La Mancha (0,41%), Castilla y León (0,04%) y La Rioja (1,07%). En este punto, sobre el superávit registrado por estas comunidades a pesar de tener que hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, la ministra indicó que los gobiernos regionales han incrementado el gasto un 9,4%, una cantidad “muy importante”, pero que el aumento de sus ingresos, derivado de las mayores transferencias del Estado, se ha comportado como si no hubiera crisis.

“Sé que las comunidades no han escatimado esfuerzos, han estado atendiendo todo lo que era propio y lo que expresa el superávit que han tenido algunas no es una mayor pereza a la hora del gasto, sino que los ingresos que les ha dado el Gobierno han suficientes”, reiteró. En este sentido, se refirió también al incremento del 1,6% de los ingresos a cuenta este año, a pesar del desplome del PIB en 2020, y apuntó que en julio de este año el Gobierno comunicará a las comunidades cómo deben reintegrar el dinero que han percibido en exceso. “Adoptaremos el mecanismo más beneficioso para las comunidades y el que les resulte menos oneroso para hacer frente a la devolución del exceso de las liquidaciones”, indicó.

Por su parte, las corporaciones locales registraron un superávit de 2.870 millones de euros, un 0,26% del PIB, similar a la cifra obtenida en 2019. El Estado transfirió a las entidades locales un total de 19.119 millones, un 3,5% más. “Este importe incluso podría haber sido superior si el PP no hubiera impedido la convalidación del real decreto que contemplaba medidas como transferencias de 5.000 millones para las corporaciones locales”, ha señalado la ministra.

El gasto aumentó por las subvenciones y las prestaciones sociales, que experimentaron un alza del 71% con 21.420 millones y del 15,9%, con los 228.115 millones, respectivamente. Por su parte, los ingresos reflejaron una caída en 24.487 millones, un 5% menos, registrándose un descenso de la recaudación fiscal en 21.674 millones, un 7,8% inferior. En concreto, los impuestos indirectos bajaron un 11% y los directos, un 3%. En este último capítulo, subió los ingresos del IRPF en el 1,2% como consecuencia de la revalorización de las nóminas de los pensionistas y de los funcionarios en el 0,9%, según explicó Montero. Esta revalorización no sólo tuvo su fiel reflejo en una leve alza de la recaudación del IRPF del 1,2%, hasta los 87.972 millones, sino que costó a todos los contribuyentes el año pasado 3.000 millones de euros. Mientras, las cotizaciones sociales también crecieron un 0,8%. Los ingresos por el Impuesto de Sociedades sufrieron, como no podía ser de otra manera, un 33,2%, hasta los 15.858 millones de euros; el IVA, un 11,5% y los Impuestos Especiales decrecieron un 12,1%.

Cumplir con Europa

Sobre el plan de consolidación fiscal, Montero indicó que este debate se afrontará cuando la Comisión Europea decida volver a las reglas fiscales, si bien es posible que incluso la suspensión continúe en 2022, como ha pedido España y otros países de la UE. Pese a ello, dijo que el Gobierno “no está desatendiendo” la reducción del déficit, ya que este año ya hay un recorte hasta el 7,7% del PIB, cifra que, según admitió, se revisará cuando se envíe a Bruselas en abril el nuevo plan de estabilidad, aunque no concretó si se mejorará o empeorará. “El incremento del déficit no implica que el Gobierno renuncie a la estabilidad presupuestaria. La prioridad es combatir la pandemia pero eso no va a impedir que en 2021 se registre un descenso del déficit”.

Montero se mostró optimista respecto a la decisión que debe adoptar el Tribunal Constitucional alemán para desbloquear los fondos de recuperación postcovid-19. En ese sentido, dijo que lo importante no era recibir el anticipo de 27.000 millones en este primer semestre, tal y como pensaba el Ejecutivo español, sino que lleguen a lo largo del año. El Gobierno tiene presupuestado este anticipo, que, en principio, planeaba llegaría los primeros 10.000 millones de marzo y luego a finales de este primer semestre.