Más de 5 millones sin empleo, un millón más de pobres y un siglo para pagar la factura

El 14 de marzo de 2020 pasará a los anales de la historia española como el principio del fin del actual modelo económico. Ya nada será igual, ni se podrá desandar el camino transitado. En esa jornada, España inició un desigual combate contra la peor crisis sanitaria que se recuerda en décadas, mientras, su economía entró en caída libre. El sector turístico (el 13% del PIB con 2,2 millones de trabajadores) colgó el cartel de cerrado por covid-19. Los obreros de la construcción (1,3 millones de trabajadores y un volumen de negocio de 125.000 millones) descendieron de los andamios. Bares, restaurantes, tiendas de moda, zapaterías, peluquerías, grandes superficies... todas bajaron las persianas, muchas no las volverán a subir. Las cadenas de producción de automóviles, que emplean a casi 600.000 personas, se silenciaron. Los aviones dejaron de surcar el espacio aéreo. Los trenes permanecieron estacionados en los andenes y el transporte por carretera quedó paralizado. En las calles vacías aún resonaba el eco del bullicio del día anterior, mientras, el pánico se apoderaba de los adultos, que recorrían con miradas de terror los pasillos de los supermercados repletos de estanterías desnudas.

En los primeros días del estado de alarma, familias enteras, presas por un temor irracional a lo desconocido, se afanaron por coleccionar de forma compulsiva todo tipo de productos de alimentación e higiene. A los más mayores, esa obsesión por acaparar comida y artículos de limpieza e higiene les hizo retrotraerse, salvando las distancias, a capítulos de la historia negra española. Todo un país en sus casas y sin producir para combatir un letal virus del que poco se sabía por aquel entonces.

Comercio, hostelería y ocio

Ahora, un año después, los españoles, exhaustos, viven con la esperanza de una pronta vacunación masiva. Pero mientras se consigue la tan ya famosa inmunidad de rebaño, la economía ha regresado de un plumazo a los tiempos de la Gran Depresión, con un desplome de su PIB en 2020 del 11%. Es decir, más de 125.000 millones de euros se han ido por la alcantarilla. De esta cuantía, el comercio, el transporte, la hostelería y la cultura han tirado por el desagüe 88.000 millones, según los cálculos realizados por Funcas. «En 2020, el valor añadido bruto de las ramas más castigadas (comercio, transporte y hostelería, junto a actividades artísticas y recreativas) cayó el 24%, lo que supone que el 70% del PIB perdido en el año procedió de ese grupo», avisa Funcas.

Pero lo peor aún no ha pasado. La propia vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, aprovecha cualquier comparecencia pública para advertir de que se avecinan tiempos difíciles. De hecho, la economía no remontará el vuelo en este primer trimestre del año, tal y como pronosticaba el Gobierno. Con un país en la antesala de una posible cuarta ola, las medidas restrictivas para frenar la tercera ola de la pandemia tendrán su fiel reflejo en el PIB, que después de experimentar un leve alza en el último trimestre del ejercicio pasado, volverá a sumergirse en las tinieblas con «una clara ralentización».

Evidentemente, en un país tan expuesto al sector servicios estas limitaciones a la movilidad de la población han pasado una elevada factura en términos de empleo. España ya llega a los cuatro millones de desempleados, con el turismo, la restauración, el comercio y el transportes agonizando en la UCI. A esa cifra de desempleo, hay que añadir 900.000 trabajadores que en febrero pasado se encontraban en ERTE, un instrumento que comenzó su andadura hace un año con casi cuatro millones de empleados acogidos a esta fórmula. De los 900.000 afectados ahora, casi medio millón se concentran en actividades de alojamiento, agencias de viajes, juegos de azar, transporte aéreo y restauración. Geográficamente también se aglutinan en las zonas más turísticas. De ahí que Canarias y Baleares sean las autonomías con un mayor número de ocupados en ERTE. A estos empleados en ERTE, hay que sumar, además, 361.644 autónomos con su actividad limitada o en suspenso, que en febrero eran beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Es decir, cuatro millones de personas no tienen trabajo y otros 1,26 millones cobran ayudas públicas.

Estos instrumentos, junto con la moratoria del pago de hipotecas y los 121.000 millones de línea de avales del ICO para paliar los efectos del cierre de la actividad económica han supuesto un desembolso de ayudas públicas sin precedentes en la historia reciente española. Eso sin contar los 11.000 millones del nuevo paquete de rescate para pymes y para autónomos aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. A estas medidas hay que añadir también la prestación del Ingreso Mínimo Vital que ha desplegado sin excesivo éxito el Ministerio de Escrivá para la población más azotada por la pandemia. Se calcula que un millón más de personas han cruzado el umbral de la pobreza este año. A 16 de diciembre tan sólo había logrado llegar a 160.000 hogares de un universo potencial de 850.000.

Un agujero negro de gasto

Como no puede ser de otra manera, la crisis ha dañado las cuentas públicas, cuyo déficit en 2020 el Gobierno prevé se dispare hasta el 11,3% del PIB (más de 126.000 millones de euros). En este contexto, la crisis dejará una huella permanente durante décadas en la economía española. Generación tras generación de españoles, al menos, durante un siglo, se verá obligada a pagar la deuda pública del Gobierno de Sánchez. En estos momentos, se encuentra fuera de control y desbocada al superar el 117,1% del PIB, el nivel más alto de los últimos cien años, ante la ausencia de reformas estructurales y la tendencia alcista de los gastos por las medidas de apoyo a la economía, impulsadas por el Ejecutivo en un intento de corregir los efectos del cierre del país para frenar el avance del coronavirus. Como botón de muestra, la deuda pública alcanzó los 1,311 billones de euros el año pasado, hasta alcanzar un nivel 122.438 millones superior al que tenía España en diciembre de 2019. Sin duda, 2020 pasará a los anales de la historia económica española como uno de los ejercicios más nefastos que se recuerda, con un país cada día más endeudado, con más paro, menos empresas y más déficit.

Y los españoles descubrimos el teletrabajo

Un virus ha puesto en jaque a toda una civilización, que se ha visto forzada a cambiar sus hábitos y costumbres personales y laborales para poder adaptarse al nuevo medio y sobrevivir. Hace tan sólo un año era impensable que más de tres millones de trabajadores abandonaran las oficinas e improvisaran en sus hogares una especie de despachos en los que teletrabajar. Ya nadie se sorprende que en mitad de una reunión telemática aparezca por la pantalla el hijo de algunos de los intervinientes o se cruce la mascota de turno. Es una nueva forma de trabajar que ha llegado para quedarse. De hecho, más de 3,01 millones de personas en España teletrabajan de manera habitual, lo que supone multiplicar por 3,2 veces la cifra registrada en 2019. En esa fecha, solo 915.800 personas tenían instalada la oficina en casa, según un estudio de Randstad sobre la evolución del trabajo en remoto. Según la compañía de recursos humanos, esta cifra significa que del total de 18,6 millones de ocupados, el 16,2% trabajan habitualmente desde sus casas, la tasa más alta de la década hasta el momento.