Podemos celebró el domingo una conferencia para presentar las propuestas de la formación para solventar el grave problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Durante la jornada se acumularon errores tanto de diagnóstico como de prescripciones, pero permítanme que destaque dos intervenciones: la de la diputada autonómica Carolina Alonso y la del vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau.

Alonso proclamó que los madrileños viven una emergencia habitacional porque la mayor parte de las familias han de destinar el 60% de sus ingresos al alquiler. Se trata de una afirmación disparatada. Por un lado, el 80% de las familias madrileñas no viven de alquiler, de modo que difícilmente la mayoría de hogares destinará el 60% de los ingresos a pagar una renta que no tiene que pagar. Tampoco es verdad que las familias que alquilen destinen el 60% de sus ingresos a tal fin. Tal estadística surge de comparar el salario medio en Madrid con el precio medio del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados, pero lo que habría que comparar no es el salario medio, sino los ingresos medios por hogar y, en tal caso, el esfuerzo está por debajo del 30%.

En segundo lugar, Martínez Dalmau nos intentó persuadir de que, desde la llegada de las izquierdas al Gobierno de la Generalitat Valenciana, la vivienda ha pasado a convertirse en un derecho que vuelve a las personas dignas. Sin embargo, los datos no parecen avalar la tesis de Martínez Dalmau. Las izquierdas llegaron al poder a mediados de 2015 y, entre ese año y 2019, los precios del alquiler se dispararon un 38% en la región y un 45% en la provincia de Valencia. En cambio, durante ese mismo período, la Comunidad de Madrid vio aumentar sus alquileres en un 37%. Por consiguiente, los éxitos del modelo diferencial de Podemos en materia de vivienda no se observan en ningún lado. Tampoco en la ciudad de Barcelona, donde los alquileres se incrementaron entre 2015 y 2019 un 30%... lo mismo que en la ciudad de Madrid. Igual es que el problema es otro: que en toda España se ha restringido artificialmente la construcción durante el último lustro en el que la demanda de vivienda sí se ha disparado en las ciudades.