El controvertido rescate de la aerolínea Plus Ultra no sólo se debatirá en el Congreso de los Diputados sino que se analizará también en Bruselas. La Comisión Europea va a examinar una queja presentada por Ciudadanos por la ayuda de 53 millones de euros prestada por la SEPI a la compañía para determinar si procede abrir una investigación contra el Gobierno español.

El jefe de la delegación de la formación naranja en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, presentó ayer una denuncia formal ante la Comisión Europea para que investigue como ayuda ilegal de Estado el apoyo del Gobierno a la aerolínea. En la denuncia, presentada el pasado lunes ante la Dirección General de Competencia, Garicano recuerda que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que ha concedido el préstamo a Plus Ultra exige para su uso que la empresa beneficiaria sea estratégica y que no presente, además, problemas financieros antes del 31 de diciembre de 2019. Pero, según Ciudadanos, al contrario de lo defendido por el Gobierno y por la propia compañía, Plus Ultra no reúne estas condiciones. “A la luz de los hechos, parece manifiestamente erróneo calificar a Plus Ultra de estratégica. Teniendo cuatro aviones y volando a cuatro destinos, representa una cuota de mercado inferior al 0,1% en España”, asegura la formación en la queja.

La aerolínea, prosigue la formación, presentaba además importantes pérdidas antes de la pandemia y que ascienden a un millón de euros en 2016, 680.000 euros en 2017, 6,7 millones en 2018 y 2,1 millones en 2019, según recoge en la queja. La ayuda concedida por el Gobierno, expone Luis Garicano a la Comisión, le supone un beneficio que no hubiera obtenido en condiciones normales de actividad y le da una ventaja con respecto a otras empresas de la UE que operen vuelos a los mismos destinos. Además, la formación naranja duda también del carácter estratégico de una compañía que sólo operó el 0,03% de los vuelos registrados en España en 2019. De hecho, recuerda Garicano, el Gobierno ni siquiera la incluye entre las 30 mayores aerolíneas del país y reconoce que trabaja en un nicho de mercado muy concreto, vuelos baratos a algunos países de Latinoamérica.

Ayuda ilegal de Estado

Todo ello refuerza la idea de que se trata de una ayuda ilegal de Estado, asegura Ciudadanos. “En conclusión, parece que el Gobierno español ha hecho un uso abusivo de una ayuda autorizada, concediendo un préstamo desproporcionado a una empresa manifiestamente no estratégica y que no era financiable antes del estallido de la pandemia”, añade Garicano en su escrito.

No es el primer paso que da el líder de Ciudadanos en Bruselas para denunciar el rescate. Garicano había puesto ya en conocimiento de la Comisión este asunto en una carta dirigida el mes pasado a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en la que le pedía que revisara la ayuda a Plus Ultra. Ahora ha dado sin embargo un paso más al presentar una denuncia formal, de manera que el Ejecutivo comunitario tenga que investigar el caso para responder a la denuncia de Ciudadanos.

A pesar de las dudas que ha despertado la operación en muchos sectores, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido hoy en que la ayuda concedida a Plus Ultra es “absolutamente legal” y cree que la Comisión Europea no va a poner problemas a España por ello. “Todo el expediente de esta ayuda, al igual que el resto de ayudas, se ha hecho de forma correcta”, ha señalado Montero. La ministra ha explicado que se realizaron tres informes independientes para la concesión de esos 53 millones y que se trata de una empresa española que cumple con todos los requisitos para recibir estos fondos. “Esta empresa forma parte del hub del aeropuerto de Barajas, que necesita empresas con licencia tipo A. Estamos en peores condiciones que otros Hub de otros Estados miembros, y por tanto consideramos que opera en un sector que es estratégico”, ha defendido Montero.

El Ejecutivo, ha dicho Montero, está “absolutamente tranquilo” sobre esta cuestión “más allá de que haya algunos que estén empeñados” en que se tengan en cuenta criterios, “peligrosos y absolutamente arbitrarios”, que no están recogidos en el decreto que regula la concesión de estas ayudas, como las relaciones de los accionistas de la empresa con otras personas o Estados miembros. “El hecho de que existan o no relaciones de los accionistas con otras personas o Estados miembros no puede implicar en ninguna medida que uno decida de forma discrecional dar o no dar una ayuda. Las ayudas se dan en función de los parámetros establecidos, con informes independientes que se marcan en el propio decreto”, ha señalado.