El Congreso debatirá si crea una comisión de investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El PP considera que está acreditada su conexión con el chavismo y que no es una compañía estratégica

Uno de los cuatro aviones que tiene Plus Ultra en el aeropuerto de Barajas
Uno de los cuatro aviones que tiene Plus Ultra en el aeropuerto de BarajasLA RAZONLa Razón

El polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Estado ha aterrizado de forma definitiva en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja debatirá si crea una comisión de investigación sobre la ayuda de 53 millones de euros que la SEPI, gestora del Fondo de rescate a empresas estratégicas, ha inyectado en la compañía en forma de préstamos. La propuesta, impulsada por el PP, se tratará en la Junta de Portavoces de la próxima semana, que fijará después la fecha para su debate en el pleno del Congreso.

Durante una intervención en rueda de prensa, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado al resto de partidos que apoyen su petición para indagar sobre una operación que, a su juicio, tiene más de “vínculo” entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el del venezolano Nicolás Maduro, que de “estratégica” para España. “Cada día queda constatado y se demuestra que tiene más vínculos entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Maduro que lo que puede tener de estratégica para España y los españoles”, ha aseverado Gamarra, que cree por tanto que existen “muchas razones” para que el Congreso investigue la operación.

Aunque el Ejecutivo ha defendido que Plus Ultra es una compañía española y estratégica, diversos datos ponen en cuestión tales planteamientos. Como ha publicado hoy mismo LA RAZÓN, se trata de una empresa cuyo capital está mayoritariamente en manos extranjeras. Así, casi el 60% de sus acciones están en manos de empresarios de origen venezolano, algunos con muy buenas conexiones con el régimen de Nicolás Maduro.

Puntos oscuros

La vinculación de todo este entramado de empresarios venezolanos con varias firmas situadas en el paraíso fiscal de Panamá y con el empresario Camilo Ibrahim Issa, también con cédula venezolana, está más que probada. De hecho, y aunque Ibrahim Issa no figura en ningún cargo de Plus Ultra fue quien otorgó el préstamo participativo de 6,3 millones de euros a finales de 2017 para que Plus Ultra evitara la disolución a través de la firma panameña Panacorp Casa de Valores, S. A., una sociedad anónima constituida en mayo de 2006 por Eisenmann Abogados y Consultores. Panacorp es una de las decenas de sociedades de las que dispone en Panamá el entramado de empresarios venezolanos que tiene el control efectivo de Plus Ultra. La compañía financiera está controlada por Panam Capital Market Holding, S. A. Al frente de ambas figura como presidente Alcides José Carrión, quien mantiene una estrecha relación con Rodolfo José Reyes Rojas.

El Gobierno también ha defendido que Plus Ultra es una de las 20 aerolíneas españolas con licencia tipo A, «compañías esenciales para el sostenimiento» del «hub» del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, del que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguó que no solo hay que preservar “en tamaño, sino hacerlo aumentar para que sea competitivo con países del entorno».

Lo cierto es que el volumen de pasajeros que mueve Plus Ultra es más que modesto para ser una compañía «esencial» y es uno de los puntos que más se han puesto en cuestión sobre su presunto carácter estratégico. En 2019, antes de la pandemia, la compañía transportó 156.139 pasajeros, menos del 0,1% del total de los que se movieron en los aeropuertos de AENA. La «esencial» compañía apenas tiene en su flota cuatro viejos aviones Airbus A-340-300 y A-340-600 que, además, ya no se fabrican por ser muy contaminantes.