Suspenso en inclusión de trabajadores con discapacidad

Los prejuicios y la Covid, sus dos grandes barreras. La ausencia de políticas para incentivar el empleo, el incumplimiento de la cuota del 2% y su exclusión de las primeras fases de la vacunación les cierran las puertas del mercado laboral

Astrid, Xavier y María José, tres trabajadores con discapacidad entrevistas por LA RAZÓN
Astrid, Xavier y María José, tres trabajadores con discapacidad entrevistas por LA RAZÓNLuis DíazLa Razón

Los prejuicios son la mayor barrera de las personas con discapacidad. La inclusión laboral ya era una de las asignaturas pendientes del mercado laboral y de las administraciones españolas antes de la pandemia, con una tasa de paro del 24% para las personas con discapacidad en 2019, 8 puntos por encima de la media nacional actual. Tras el paso de esta devastadora crisis, este colectivo se encuentra con más puertas cerradas que antes y con menores posibilidades de lograr la libertad financiera que los sitúe en una posición de igualdad.

María José, Astrid o Xavier ayudan a poner rostro a los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en España, de los cuales 1,87 millones estaban en edad de trabajar en 2019, según datos del INE. En concreto, una de cada tres familias tiene a algún integrante con capacidades diferentes, señala Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD).

La crisis ha supuesto una estocada mortal para la inclusión laboral de estas personas. Según el «Informe Discapacidad y Relaciones Sociales» elaborado por Fundación Adecco en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, el 79,4% de las personas con discapacidad ha visto empeorar su situación laboral desde que comenzó la pandemia, un 17,6% ha perdido su empleo, un 46,7% está buscando trabajo, y durante el último año, el 55% de las personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo no ha realizado entrevistas de trabajo ni tenido ningún tipo de contacto con el mundo empresarial. De hecho, la contratación de personas con discapacidad cayó por segundo año consecutivo, un 7,7%, en el primer trimestre de 2021.

Las tres personas con discapacidad entrevistas por LA RAZÓN tienen una profesión que pueden ejercer de manera competente y reclaman no ser víctimas de limitaciones externas. A sus 50 años, María José no ha podido volver a ejercer de agente de viajes, al ser uno de los sectores más afectados por la Covid-19, y actualmente vive en un piso compartido. «Me siento muy impotente porque no tengo nada y no puedo hacerme cargo de mi hijo», cuenta a LA RAZÓN con la voz temblorosa.

Con una discapacidad del 38% por fibromialgia, no puede optar a puestos de limpieza o de hostelería: «Me quedo coja casi al momento». Tras dejar su trabajo en 2018 para cuidar a su hijo que fue diagnosticado con síndrome de Asperger, no pudo volver a incorporarse al mercado laboral. La depresión, la ansiedad y un intento de suicidio en 2019 fueron la gota que colmó el vaso hasta la llegada de algo mayor: la crisis de la Covid-19. A través de distintas asociaciones accedió a un curso dual de trabajo y estudio y logró un puesto en el ayuntamiento de Mallorca, cuyo salario no le permite pagar un alquiler completo ni estar cerca de su hijo de 19 años.

Astrid, fotógrafa de 43 años, se topó con la crisis justo al trasladarse de México a España con su marido. Además de pertenecer a un sector especialmente perjudicado por la cancelación de eventos, su discapacidad auditiva del 37% le ha supuesto un coste extra. Las cajas de pilas para sus audífonos cuestan 52 euros y aunque el sistema de salud se las debería proporcionar, no lo ha estado haciendo debido al colapso que ha causado la Covid-19. Cuando intenta buscar trabajo en los sectores más demandados actualmente, como atención al cliente, se topa con una ingente cantidad de aspirantes. Astrid también pone el foco en la ONCE, cuyas ofertas de trabajo le parecen «poco dignas» y «mal pagadas» en muchos casos. «No están tomando en cuenta las necesidades de personas con capacidades diferentes, solo están llenando huecos. Si al Gobierno le importara te darían ofertas reales».

Xavier, auxiliar administrativo con una parálisis en su brazo izquierdo, considera que «es un buen momento para que el Gobierno y las instituciones empiecen de cero» y hagan adaptaciones, creen ayudas y hagan cumplir la cuota del 2%. «La ley no se cumple. Echamos en falta medidas para incentivar el empleo», añade. Xavier se acogió a un ERE en su empresa de forma voluntaria, contaba con dos años de paro y la seguridad de encontrar otro puesto, pero la Covid-19 no entraba en sus planes. «Al principio pensé que no me afectaría, pero tampoco esperaba que se iba a alargar tanto. Mi intención era estar trabajando hace ya cinco meses», apostilla.

No se cumple la cuota del 2%

Las medidas ya vigentes no han servido para mucho en esta crisis. Un ejemplo de ello es la famosa cuota del 2% de la que hablaba Xavier, por la cual todas las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla deben reservar el 2% de los puestos para personas con discapacidad. La medida está bien en teoría, pero no se cumple en la práctica. Campabadal señala que hace cinco años, los datos más recientes de los que dispone, el 80% de las empresas incumplía esta obligación. «Si hay un incumplimiento es porque la Inspección de Trabajo no está por la labor», denuncia.

Muchas veces las empresas se escudan en la dificultad para encajar determinados perfiles en sus actividades. Para combatir este problema surgen los centros especiales de empleo, unas empresas que son capaces de cubrir los servicios que demandan otras compañías mediante trabajadores con distintos tipos de discapacidad. En España, actualmente hay 2.100 de estos centros, tanto de iniciativa social como empresarial, y dan trabajo al 26,3% de la población activa con discapacidad, explica Campabadal.

La vacunación también está siendo otra traba para garantizar la independencia económica de las personas con discapacidad, subraya el presidente del CEDDD. Muchos de estos trabajadores son población de riesgo, por lo que, al quedar excluidos de las primeras fases de vacunación, se ven obligados a ausentarse de sus puestos y a pedir bajas. En concreto, desde que empezó la pandemia, un 4,2% ha tenido que reducirse la jornada y un 4,4% está de baja por motivos de salud, según el estudio de Adecco. Por ello, desde CEDDD reclaman preferencia en la vacunación para evitar que el virus se convierta en otro factor más de exclusión.

«Me he esforzado y no veo futuro»

María José, agente de viajes. María José, que padece fibromialgia, lleva desde 2018 sin ejercer su profesión. «Me he esforzado y no veo un futuro», lamenta. «He pedido una vivienda social para poder hacerme cargo de mi hijo, pero estoy de las últimas», explica.
María José
María JoséLa Razón

«No tengo trabajo y pago autónomos»

Astrid, fotógrafa. Su discapacidad auditiva le impide acceder en igualdad de condiciones a puestos actualmente demandados. «He tenido que darme de alta de autónoma y aunque no tengo trabajo tengo que pagar la cuota todos los meses», cuenta.
Astrid
AstridLa Razón

«Hay mucha más competencia»

Xavier, auxiliar administrativo de logística. La parálisis que sufre en un brazo no le impide desempeñar su profesión. El problema surgido con la crisis es que «hay mucha más competencia», cuenta. Al vivir en un zona turística, «toda la gente que se quedó sin trabajo está buscando ahora».
Xavier
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