La hoja de ruta de Sánchez: subir los impuestos hasta 2050 y sangría a los conductores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó hoy su Agenda 2050, basada en un estudio realizado por un centenar de expertos de diferentes áreas, en el que ha colaborado el Banco de España y la AIReF y que pretende dar respuesta a los desafíos que se le presentará a la sociedad española en las próximas tres décadas. El informe se basa en doce ejes, en los que se apuesta por la mejora de la formación de la población, desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, el apoyo contundente y ambicioso a la innovación en todos los frentes, no solo en el científico-tecnológico y por la fuerte modernización de nuestro tejido productivo y nuestra cultura empresarial. En ese sentido, defiende la reforma de nuestro sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria, es decir subir impuestos, y su progresividad, y poder financiar así el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas. El estudio considera que las diferencias fiscales entre las autonomías profundizan en el reparto desigual de la población en el territorio, junto con la “complejidad del marco jurídico y normativo y la ausencia de una política territorial coordinada”. No obstante, durante la presentación hoy del informe se intentó dejar claro por varios participantes en su presentación, incluido el presidente del Ejecutivo, que “el análisis se ha realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política”. “Se trata de trazar los retos futuros y darles respuesta con una visión de Estado y no de Gobierno para poderlos afrontar durante varias legislaturas”, aseguró Pedro Sánchez.

No obstante, el estudio deja la puerta abierta a la propuesta del Gobierno y de sus socios de Gobierno de armonizar los impuestos de Sucesiones, bonificados al 99% en las autonomías que gobierna el PP, y Patrimonio. Según el informe, el 80% de la población española vive en ciudades y advierte de que si no se pone remedio, se estima que en 2050 la España rural perderá casi la mitad de sus habitantes. De su relato se deduce que las diferencias fiscales han influido en la ubicación de recursos productivos y sedes sociales de empresas.

Además, el informe se muestra partidario de elevar los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y de gasolina y crear un nuevo impuesto sobre el uso medio real del vehículo en sustitución de otras figuras fiscales actuales como el impuesto de matriculación. En 2050, según el mismo documento, habrá menos vehículos privados y más vehículos compartidos en las carreteras españolas, así como más bicicletas y más transporte público. “La movilidad se verá transformada por la difusión del automóvil eléctrico, que será cada vez más económico y competitivo y que constituirá el grueso del parque móvil español a mediados de siglo”. “Será relevante adaptar la fiscalidad a la nueva realidad del transporte para corregir sus externalidades negativas y establecer señales inequívocas que garanticen su descarbonización a largo plazo”.

El documento recomienda también prohibir los trayectos en avión de corto radio, para los que haya una alternativa en tren inferior a las 2,5 horas de duración. Una medida con la vista puesta en reducir el impacto medioambiental del transporte aéreo. El documento considera como ejes también vertebradores a los que dar una respuesta en la Agenda 2050 la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, la ampliación drástica de las oportunidades de la población joven, especialmente en ámbitos como la educación, el empleo y el acceso a la vivienda, la consecución de la plena igualdad de género, el fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar la viabilidad de nuestro estado de bienestar y el Fortalecimiento de los servicios públicos, con especial foco en la educación, la salud y los cuidados.

Además, apuesta por el rediseño de las prestaciones sociales para transitar progresivamente a un modelo que proteja a la ciudadanía en función de sus necesidades y no solo de su historial laboral y por la modernización de la Administración pública para generar ganancias de eficiencia, y rediseño profundo de las políticas públicas basado en una mayor atención a la evidencia empírica, la experimentación, la evaluación (ex ante y ex post), la colaboración social, y las pérdidas y ganancias (trade offs) involucradas en cada medida.

El documento, que recuerda bastante en sus líneas generales al Plan de Recuperación del Gobierno, advierte de que el envejecimiento demográfico que tendrá lugar en las próximas décadas podría agravar la situación actual. “Se estima que, de aquí a mediados de siglo, la población española de entre 16 y 64 años se reducirá en 3,7 millones, situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996). Sin cambios de calado, esta contracción de la fuerza laboral podría hacer que nuestra economía futura se estanque”. Entre 2023 y 2050, el PIB de España podría crecer en un rango de entre el 0,3% y el 1,1% anual, muy lejos del 2% del período 1996-2019, lo que nos alejaría todavía más de los países avanzados de Europa y agravaría problemas como el paro o la desigualdad, advierte el Gobierno en su informe. Para evitar este escenario, “tendremos que relanzar nuestra productividad y, al mismo tiempo, aumentar nuestra tasa de empleo. Será una tarea ardua, pero no imposible. En los últimos 30 años, países como Finlandia, Suecia, Dinamarca o Alemania han conseguido incrementar su productividad en un 50% sin comprometer la creación de empleo”. Si España logra hacer lo mismo, podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual y recortar enormemente la brecha en renta per cápita que la separa de los líderes europeos, consolidándose así como una de las economías más prósperas del mundo. Para conseguirlo, propone hacer una apuesta decidida y contundente por la educación, desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida; multiplicar nuestros esfuerzos en I+D; acelerar la digitalización de nuestro tejido productivo; aprovechar las oportunidades de la transición ecológica; reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas; y atajar la economía sumergida. “Solo así podremos crear empleo de calidad, pagar salarios más altos, reducir nuestra vulnerabilidad a las crisis y la competencia exterior, y garantizar el mantenimiento del estado de bienestar sin incurrir en déficit públicos crónicos o hipotecar el bienestar de las generaciones futuras”.