Algunos problemas de «España 2050»

El Gobierno presentó el pasado jueves su documento «España 2050». Una propuesta de largo plazo que marca la dirección hacia la que, a su juicio y al de los distintos académicos que han colaborado en el texto, debería dirigirse nuestro país. Aunque, tal como el propio Sánchez ha reconocido, se trata más bien de un ejercicio teórico que de una propuesta política concreta, los ejercicios teóricos pueden terminar sentando las bases de las propuestas políticas futuras o, alternativamente, proporcionar un sustrato legitimador para las propuestas políticas pasadas. No en vano, los programas electorales de los partidos o las leyes que se publican en el BOE en muchos casos beben de este tipo de ejercicios teóricos. Por eso es tan importante que todos aquellos puntos que flaqueen –y que hagan flaquear nuestras libertades– de ejercicios teóricos como el de «España 2050» sean contrarrestados desde un comienzo, también desde el ámbito teórico.

A este respecto, y más en particular, me gustaría centrarme en dos aspectos que me parecen especialmente problemáticos del documento: por un lado, su apuesta por modificar directamente, a través de la regulación, los hábitos de consumo privado de los ciudadanos; por otro, su ambición de incrementar la presión fiscal en el equivalente de ocho puntos del PIB hasta 2050.

En el primer grupo de medidas se incluyen propuestas como prohibir todos los vuelos cortos, reducir el consumo de carne, eliminar los vertederos, o restringir el uso del coche particular. Todos ellos buscan cambiar directamente el estilo de vida de los españoles por razones medioambientales. Y aunque puede haber buenas razones para advertir de los peligros (o, como diríamos los economistas, de las «externalidades negativas») de algunas de esas prácticas, el enfoque no debería ser el de imponernos desde el Estado cómo hemos de vivir nuestras vidas, sino el de lograr que internalicemos los costes de nuestros hábitos de consumo y que escojamos en consecuencia. Por ejemplo, si los vuelos cortos son realmente nocivos, lo que deberían hacer no es prohibirlos, sino buscar que el precio de esos vuelos refleje íntegramente el daño económico que generan sobre terceros. Así, una vez sus precios se correspondan con sus costes reales, serían los distintos ciudadanos quienes escogerían si les compensa, o no, pagar tales «precios reales» a cambio de recibir semejantes servicios. Pero el Gobierno parece preferir secuestrarnos esa elección antes que respetar las libertades.

De ahí que, en segundo lugar, «España 2050» también defienda, en línea con las coordenadas ideológicas de PSOE-Podemos, la necesidad de contar con un Estado mucho más voluminoso que el actual. En un informe que pretende erigirse como un punto de encuentro y de diálogo entre las distintas formaciones políticas, se coloca como uno de los principales ejes de actuación el acrecentamiento del tamaño del Estado hasta acercarlo hasta el 50% del PIB. Parecería que todos debamos necesariamente compartir esa meta cuando, como decimos, se trata de una obsesión típica de un sector ideológico muy concreto: la izquierda estatista. Otros, en cambio, pensamos que el Estado no debería crecer desde el actual 40% hasta alcanzar el 50% del PIB, sino descender desde el 40% al 30% o, idealmente, incluso a niveles menores. Pero, en todo caso, incrementar el tamaño del Estado jamás debería ser considerado un fin en sí mismo (como hace el documento), sino acaso un medio para alcanzar otros objetivos.

En definitiva, si bien es posible que «España 2050» contenga diagnósticos y recetas que pudieran sernos aprovechables, no deberíamos dejarnos seducir por la ensoñación estatalizadora que recorre todo el documento. Es un ejercicio teórico que puede y debe ser criticado con otros mejores ejercicios teóricos.