El Gobierno entregará 112.213 millones a las comunidades en 2022, récord histórico

Hacienda informa a las autonomía de un aumento del 6% de las entregas a cuenta. Transferirá 3.000 millones adicionales para compensar el cambio del IVA de 2017 y perdonará otros 3.900 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de MinistrosJavier LizónEFE

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, preside este miércoles de manera telemática el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para establecer el reparto entre las comunidades autónomas de los 13.500 millones del Fondo Covid-19 para este año 2021, así como para discutir la financiación autonómica, uno de los mayores caballos de batalla a los que se enfrenta el Gobierno, con unas autonomías muy divididas. En este encuentro, que ha comenzado a las 11.00 horas, se dan cita todos los consejeros autonómicos y supone la vuelta de un “conseller” de la Generalitat de Cataluña a este órgano multilateral tras una ausencia de cuatro años en la mesa. El nuevo consejero de Economía y Hacienda catalán, Jaume Giró, ha confirmado ayer su asistencia a la cita.

Montero ha informado a las comunidades autónomas de que el importe de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año del sistema de financiación autonómica alcanzará los 112.213 millones de euros, la mayor cifra de la serie histórica. Esta cantidad supone un aumento del 6,3 % respecto a la cifra del presente ejercicio.

Además, Hacienda transferirá a las regiones unos 3.000 millones de euros adicionales para compensar el impacto que tuvo en sus cuentas el cambio del sistema de gestión del IVA en 2017 a través de una partida en los Presupuestos de 2022. Aunque faltaban por conocerse los detalles, el Gobierno estaba prácticamente obligado a reintegrar ese dinero por una mala praxis en la liquidación del IVA de 2017, tras el fallo del Tribunal Supremo a favor de Castilla y León y de Galicia en el pasado mes de mayo. Así lo admitían fuentes del Ministerio de Hacienda, reacio históricamente a devolver esta partida a las autonomías. Para realizar esta transferencia se incluirá una partida en los futuros Presupuestos de 2022.

Asimismo, el Gobierno hará una transferencia a las comunidades autónomas por importe de unos 3.900 millones de euros para compensar los fondos de más que recibieron a cuenta en 2020 y que tienen que devolver en aplicación de la normativa vigente.

Sólo 11 meses de recaudación

Este conflicto se remonta a 2017 cuando, como complemento al cambio en la gestión del IVA para aplicar el suministro inmediato de información (SII), se amplió el plazo de presentación del impuesto. Esto supuso que, a partir de entonces, el pago de diciembre no se realizara hasta enero del año siguiente, lo que en la práctica derivó en que el ejercicio 2017 solo contara con la recaudación correspondiente a once meses en lugar de doce. Las comunidades autónomas no sufrieron el efecto en 2017, porque ya habían cobrado sus entregas a cuenta completas, sino en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017 y, como habían recibido a cuenta una cantidad mayor de la efectivamente recibida, esto les perjudicó en términos de déficit. En ese momento, el Gobierno socialista intentó resolver esta situación con un nuevo cambio en la gestión del IVA en los Presupuestos de 2019, pero dado que estos nunca fueron aprobados y se convocaron elecciones generales, las comunidades autónomas acabaron perdiendo los ingresos, informa Efe.

Por otra parte, Montero planteará a los distintos consejeros autonómicos del ramo los criterios para repartir el Fondo Covid-19 de 13.500 millones de euros para este año, que está recogido en los Presupuestos Generales del Estado, y que complementa al fondo de 16.000 millones que el Gobierno central repartió entre las regiones el año pasado. La ministra de Hacienda ya avanzó que este reparto se hará por población por decisión de las comunidades autónomas. No obstante, este criterio para el reparto es el que están defendiendo varias autonomías, mientras que otras se han quejado de que no prime el criterio del PIB o la despoblación, entre otras cuestiones. De hecho, el reparto del Fondo de 16.000 millones, que se hizo a través de varios tramos, provocó la crítica de varias autonomías, que denunciaban “discriminación” a sus territorios porque entendían que deberían haber recibido más.