El bufete Amsterdam & Partners llevará a España ante la ONU y la OCDE para denunciar sus violaciones fiscales

El bufete de abogados británico Amsterdam & Partners LLP, liderado por su fundador Robert Amsterdam, acusa a Hacienda de creerse por encima de la ley y anuncia que denunciará a España ante ONU y enviará la semana que viene una queja de 40 páginas a la OCDE: "Se expondrán todas sus violaciones sobre los tratados de doble fiscalidad y que no debería tener la presunción de regularidad", afirma Robert Amsterdam. Así responde a la carta remitida esta misma semana por la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, a la plantilla del organismo en la que rechaza concertar una reunión con el bufete y contestar sus preguntas.

El despacho, que presentó el pasado 6 de mayo un estudio titulado "Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham", acusa al Fisco de cometer acoso fiscal y violaciones del Estado de Derecho contra los extranjeros que se trasladaron a España bajo el programa de incentivos fiscales de la "Ley Beckham", que se ha convertido en una trampa fiscal. La persecución, denuncia el despacho, está motivada por una voracidad recaudatoria del Gobierno. En cambio, Hacienda defiende que durante la última década solo se ha investigado al 0,05% (185 casos) de las 37.000 personas que están acogidas a la "Ley Beckham". De las inspecciones completadas, el 70% resultaron en un acuerdo transaccional o fueron aceptadas; solo el 30% han sido impugnadas o recurridas.

El bufete desdeña estas cifras y asegura que Hacienda ha creado un "régimen de terror" . "Lleva a cabo sus investigaciones de mala fe", asegura. Esto lo demuestra "la forma en la que niega la presunción de inocencia de los contribuyentes, en la que compensa a sus inspectores, en la que utilizan a los judiciales administrativos, en la que utilizan las investigaciones fiscales como castigo político y la forma en la que usan el concepto de simulación". "Usan una sección de la legalidad para perseguir el fraude antes de que se cometa ", denuncia Robert Amsterdam. La simulación consiste en que si el inspector no entiende tus cuentas, se presupone que son incorrectas.

Por todo ello, está preparando acciones legales en varias jurisdicciones, entre ellas, el Tribunal Constitucional de España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. También denunciará al Fisco ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violar los Derechos Humanos de los contribuyentes y elevará una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por la persecución de las personas acogidas a Ley Beckham.

Esta es la repuesta del despacho a la misiva de Hacienda. Soledad Fernández, directora de la Agencia Tributaria, se dirigió por carta a la plantilla para explicar que, tras el primer anuncio del despacho en un medio extranjero a finales del pasado año, envió una carta al despacho para expresar su rechazo y solicitar una rectificación, sin obtener respuesta satisfactoria.

La directora explicó que, tras su comunicación inicial, el bufete le envió cuatro cartas en las que se le instaba a "contestase a una larga lista de preguntas, exigiéndome una reunión y despreciando las explicaciones". Fernández justificó su decisión de no atender estas solicitudes al considerar que "a las preguntas no he respondido y tampoco he accedido a concertar la reunión, en la seguridad de que no serviría para nada más que para seguir difamándonos y para contribuir a darles mayor importancia de la que tienen realmente".

"Esta carta es el ejemplo de una organización que no tiene ningún derecho para operar en una sociedad libre y democrática", responde el abogado a esta misiva que califica como "ridícula". "Si quieren buscar el fraude, busquen en Hacienda, ellos son el fraude del sistema", asegura. "Cuando una autoridad pública teme responder preguntas sabemos que oculta cosas como los bonus", añade.

Respecto a estos bonus, el despacho alega que los inspectores reciben incentivos financieros a través de un esquema de bonificaciones de 1.200 millones de euros que premia la recaudación de impuestos adicionales y que supondría un escándalo si lo usase, por ejemplo, la Policía en base a su número de detenciones. Este sistema de bonificaciones premia, además, la velocidad en la que se completa una inspección y el cierre de expedientes con acuerdo entre el inspector y el contribuyente, lo que puede dar lugar a coacciones, asegura el despacho. Asimismo, el informe señala que la amenaza con procesos penales es un recurso utilizado contra algunos contribuyentes para que cedan a sus exigencias.

Para el despacho, el sistema de bonus es completamente corrupto: "Ningún país con una democracia sólida aceptar que haya bonus o incentivos para sus funcionarios". "Un 75% de los países de la OCDE no tiene un plan de primas similar a la Hacienda pública, porque es notablemente corrupto", insiste Amsterdam. En su opinión, les fuerzan a actuar como depredadores contra sus conciudadanos. El abogado afirma sin tapujos que "ningún otro país actúa de una forma tan despiadada, ni siquiera los norcoreanos actúan de esa manera". Por ello, reclama que tiene que dejar de discriminar y adaptar el concepto de proporcionalidad, como les ha pedido la UE. "Nuestro trabajo es eliminar la asimetría de poder y proporcionar algún remedio para las violaciones sistémicas de los Derechos Humanos que está perpetrando el Gobierno de España. Esta es una violación muy severa", denuncia.

En plena rueda de prensa de Amsterdam & Partners, los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han emitido un comunicado en el que acusan al bufete de mentir, respaldan la carta la directora de la Agencia Tributaria y le acusan buscar fama. "Tenemos siempre el firme propósito de realizar nuestro trabajo inspirados por el máximo nivel de exigencia. [...] No admitimos ni toleramos el insulto, el desprecio y, sobre todo, el descrédito que estamos viviendo en estos tiempos, a través de manifestaciones que faltan gravemente a la verdad", señalan los inspectores en el comunicado.

"Es intolerable que unos pocos, por el hecho de querer obtener una fama y una publicidad que de otra forma nunca lograrían, se dirijan a esta institución, que pertenece a todos los españoles, para insultarla. La AEAT, con su margen de mejora, es la institución mejor valorada por todos los españoles y en la que confían para poder cumplir con el sistema tributario; goza de un prestigio y una imagen que es objeto de reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras", añaden los inspectores. "Entiendo por qué están molestos y les sugiero que se tomen una pastilla porque se está yendo de madre. No estoy nada interesado en la fama, estoy aquí buscando Justicia", ha respondido Robert Amsterdam. El fundador del bufete ha declarado su apoyo a los inspectores fiscales, que deben cobrar un salario digno para hacer su trabajo, pero ha rechazado que pueden ser incentivados para ello.

"Ley Beckham", críticas y reformas

La "Ley Beckham", también conocida como la "ley de impatriados", es un régimen fiscal especial en España introducido en 2003 con el objetivo de atraer talento extranjero, entre los que se encontraron futbolistas profesionales. De hecho, su nombre se popularizó porque uno de los primeros beneficiarios fue el futbolista David Beckham al fichar por el Real Madrid. Este régimen permite pagar una cuota fija del IRPF por los ingresos generados dentro del país, en lugar de por su renta mundial.

Este régimen está regulado en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y permite a los trabajadores extranjeros desplazados a España que residan más de 183 días tributar solo por los ingresos generados dentro del país, en lugar de por su renta mundial (como hace cualquier residente fiscal normal). También se caracteriza por permitir tributar a un tipo fijo del 24% hasta 600.000 euros y del 47% en adelante, en lugar de los tipos progresivos del IRPF. Mientras, las rentas del ahorro están sujetas a una escala de gravamen que oscila entre el 19% y el 28%. Este régimen especial se puede aplicar durante 6 años.

La ley fue muy criticada por considerarse injusta para los residentes españoles. Por ello, en 2010, el régimen fue reformado para limitar la tributación del 24% hasta los 600.000 euros. En 2015 vuelven a producirse reformas de la "Ley Beckham" para excluir a los deportistas profesionales de este régimen. El 1 de enero de 2023 entró en vigor la Ley de Start-Ups, que reduce de 10 a 5 años el período de estancia previa fuera de España requerido.