Galicia será a partir de hoy la comunidad con más autopistas de peaje

Galicia tomará el relevo a partir de hoy como la comunidad autónoma con más kilómetros de autopistas de pago. Tras llegar a su fin sus respectivos contratos de concesión, hoy se van a levantar las barreras en las vías de titularidad estatal AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell y en dos tramos de la AP-7; y en otras dos que gestiona la Generalitat de Cataluña, la C-32 -si bien se mantiene el pago en los túneles del Garraf- y la C-33. Con ello, 442 kilómetros de autopistas por los que los catalanes ahora pagan pasarán a ser gratuitos, lo que va a provocar que esta comunidad deje de ser la que más kilómetros de vías de alta capacidad de pago tenga en España. De hecho, ya no hay un solo kilómetro de autopista de titularidad sometido a peaje en Cataluña. Y la Generalitat ha solicitado el Gobierno que abone 1.500 millones para «rescatar» los peajes autonómicos todavía en vigor y que, de este modo, todas sus vías de alta capacidad sean libres de pago.

Desde hoy, Galicia es la región con más kilómetros tarificados, 330,8, entre los que gestiona directamente el Estado y los que son de competencia autonómica (57,8 kilómetros correspondientes a la AG-55 y la AG-57). Consciente de esta situación, y con el argumento de que se trata de una circunstancia discriminatoria con respecto a otras comunidades, el Gobierno aprobó el pasado mes un decreto que recoge un esquema de bonificaciones para circular por la AP-9. Los descuentos se aplicarán de distinta manera según se trate de vehículos ligeros o pesados, ya que las bonificaciones para transportistas se han planteado sin requisitos sobre el método de pago, mientras en los turismos solamente verán amortizado el paso por las cabinas de cobro si emplean telepeaje.

En el apartado de turismos y demás vehículos ligeros, todos los viajeros disfrutarán de un ahorro del cien por cien en el viaje de vuelta, siempre que se realice en un plazo máximo de 24 horas. El recorrido de vuelta debe ser igual que el de la ida, aplicándose a diario frente a la situación anterior, en la que solamente se bonificaban los viajes de vuelta de lunes a sábado.

En total, el Estado calcula que destinará 55 millones de euros anuales con cargo a los Presupuestos Generales para bonificar la AP-9 y unos 2.300 millones de euros hasta que finalice el plazo de la concesión, fijado hasta el año 2048.

Resto de autonomías

No sólo Galicia, sin embargo, tendrá a partir de ahora más kilómetros de peajes que Cataluña. País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Navarra también la superarán. En el caso del País Vasco, contará con 248 kilómetros, de los que 77 kilómetros son estatales y 171 kilómetros son gestionados por las Diputaciones Forales de Vizcaya y Guipúzcoa. En Castilla-La Mancha habrá un total de 214,1 kilómetros de peaje, mientras que en Castilla y León serán 201 kilómetros, en la Comunidad de Madrid 158,5 kilómetros, en Andalucía 157,4 y en Navarra 151,6, de los que solo 39 son estatales (AP-68 Bilbao-Zaragoza) y 112,6 kilómetros pertenecen a la Diputación Foral (AP-15 Tudela-Irurzun). Cataluña quedará por detrás de todas ellas con apenas 145,8 kilómetros después de décadas encabezando la clasificación.

En cuanto al resto de comunidades autónomas, La Rioja contará con 119,1 kilómetros de autopistas de peaje, la Región de Murcia con 114,6, la Comunidad Valenciana con 80,6 kilómetros, Aragón con 54,8 kilómetros y Asturias con 21,9 kilómetros. Extremadura, Cantabria, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla no tendrán ni un solo kilómetro de pago.

Recaudación

El paulatino levantamiento de barreras en las autopistas tiene efectos positivos para los bolsillos de los conductores y negativos para el conjunto de los contribuyentes porque el dinero que no se puede recaudar mediante estos cobros para la conservación de las vías tiene que salir de los Presupuestos Generales del Estado. La reversión de las concesiones de autopistas de peaje supondrá este año un alza del déficit público de 286 millones y de 478 millones anuales a partir de 2022, según los cálculos de la patronal de constructoras y concesionarias de autopistas, Seopan.

El Gobierno no es ajeno al creciente gasto que tiene que afrontar en mantenimiento con la política de reversión de las concesiones que emprendió en 2018. Aunque considera que ahora mismo lo más justo es levantar las barreras hasta decidir qué hacer para mantenerlas, si cobrar peajes en todas o conservarlas con cargo a los Presupuestos, numerosas son las ocasiones en que ha advertido de que, si no las pagan los que las usan, las acabarán pagando todos los contribuyentes, motivo por el que se ha planteado seriamente implantar peajes en todas a partir de 2024. El Plan de Recuperación remitido por el Ejecutivo a Bruselas para justificar en qué se invertirán los 70.000 millones de euros del fondo Next Generation que le corresponden a España prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024. El revuelo que provocó el conocimiento de esta medida fue mayúsculo y el Gobierno tuvo que emplearse a fondo para tratar de aplacar las críticas asegurando que no había ninguna decisión tomada al respecto, que el objetivo era fomentar su debate y que cualquier decisión se tomaría de forma consensuada con el resto de partidos. Pero, en paralelo, Ábalos siguió argumentando a favor de los peajes. En Europa, donde impera el principio de que el que usa paga, “les parece inconcebible que tengamos la mayor red, no paguemos y además estemos pidiendo fondos sin que saquemos rentabilidad a lo que tenemos”, afirmó durante la presentación de las actuaciones que Transportes acometerá con la parte de los fondos de la UE que le corresponden.