Marcha atrás

El Gobierno recula con los peajes y asegura ahora que sólo pretende “abrir el debate”

Ábalos afirma que no hay nada en firme y que “cuando haya una propuesta real, el Gobierno vendrá a las Cortes para debatirlo”

Lo que hace una semana parecía una medida sin vuelta atrás, la implantación de los peajes en las autovías españolas que son gratuitas una vez que la recuperación económica se asiente -tomando como fecha orientativa 2024-, ahora se ha tornado en un debate más que el Gobierno quiere lanzar a la sociedad. Después de la fuerte contestación que ha recibido en los últimos días la posibilidad de introducir el pago por uso en las vías de gran capacidad que viene contemplada en el Plan de Recuperación enviado por el Ejecutivo a Bruselas, hoy, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rebajado la hipotética medida el nivel de debate teórico y político.

Durante una comparecencia en el Senado, Ábalos ha asegurado que, con la propuesta de implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, el Gobierno solo pretende “abrir el debate” sobre el mantenimiento de la red. “Queremos abordar el debate, no más. No hay nada más que intentar abrir un debate”, ha dicho el ministro en el Senado, donde ha reiterado una vez más que la medida solo se implantará si cuenta con el apoyo parlamentario necesario, sabedor de lo impopular de la misma. “El cómo y cuándo lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto y, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del Gobierno real vendremos a las Cortes y a los grupos parlamentarios a ver qué podemos hacer entre todos y, si no es así, evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante”, ha explicado.

Las declaraciones de hoy de Ábalos ahondan en lo que desde su Departamento se empezó a deslizar desde el día posterior a que se conociese el plan enviado a Bruselas y las críticas contra el mismo empezase a arreciar. Fuentes del Ministerio de Transportes, como publicó LA RAZÓN, aclararon primero el pasado jueves que el plan esbozado a Bruselas, que, literalmente, contempla “la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024″; no afectaría al conjunto de la red viaria, como en un principio se pensó, sino sólo a aquellas vías de gran capacidad. Esto es, las autovías que ahora no son de pago. Las mismas fuentes, como ha reiterado hoy Ábalos, advertían de que todo, en cualquier caso, todo se mueve a día de hoy en un terreno más hipotético que real. En estos momentos, explicaron en línea con lo dicho por el ministro, no hay una propuesta cerrada y lo que se haga «se hará con consenso político» porque en el Gobierno no son ajenos al fuerte rechazo que genera una medida de este tipo. «Ahora mismo no se puede hacer», reconocían estas fuentes.

Oposición del PP

Aunque en el sector se aseguraba que el PP no se iba a plantar demasiada batalla por esta cuestión al Gobierno, lo que Ábalos se ha encontrado hoy en el Senado ha sido con una contundente oposición de este partido. El senador del PP por Murcia Francisco Bernabé ha reprochado a Ábalos que hace cuatro semanas le «mintiera» sobre esto, «porque venían las elecciones madrileñas y no querían que se supiera la masiva subida de impuestos de 80.000 millones de euros que escondían en ese documento» y le acusó de ser «de largo el ministro con más cara de la democracia». Bernabé ha asegurado que la implantación de los peajes es un «disparate» y un «atraco a mano armada a bolsillo de todos los españoles».

Durante su turno de réplica, el ministro le ha acusado de abordar este asunto con «demagogia» e «hipocresía», ya que los populares estudiaron también implantar ese sistema cuando gobernaron el país, según consta en dos documentos de diciembre de 2012 y de enero de 2018. Ábalos ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez es el único que no ha prorrogado una autopista, que ha liberado 550 kilómetros de autopista y que este año liberará 480, con lo que han ahorrado a los españoles 1.100 millones de euros.