5 claves de la nueva Ley de Vivienda: regulación de los precios, incentivos fiscales y recargo a pisos vacíos

Ayer, 5 de octubre, PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo sobre nueva la Ley de Vivienda, que incluirá la regulación de los alquileres para grandes tenedores, incentivos fiscales, un recargo del IBI para viviendas vacías, un aumento del parque público de alquiler y un “bono joven” de 250 euros. Tras un año de negociaciones en el Gobierno de coalición, la norma será aprobada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas, aunque habrá que esperar al menos hasta el año 2024 para que esta intervención del mercado en lo que a grandes tenedores se refiere se materialice.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este 6 de octubre en una entrevista en Onda Cero que con esta ley “hay regulación, no intervención”, y ha asegurado que España “seguirá siendo un país atractivo” para hacer inversiones en el mercado inmobiliario y, en ese sentido, ha querido mandar “un mensaje de tranquilidad”. “No se hace totalmente inviable que los fondos de inversión inviertan”, ha señalado la ministra, que ha insistido en que esta ley era necesaria para poner “freno” en un mercado, el del alquiler, que está “desbocado” en las grandes ciudades.

Para los portales de vivienda como Idealista, “las medidas que se proponen ya se han probado en otros mercados como Cataluña y no han funcionado. Es trasladar un error local a todo el Estado”.El control de precios de alquileres ha supuesto “la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona y los ciudadanos ya están sufriendo la enorme dificultad que supone ahora encontrar un alquiler en la ciudad”, advirtió Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

1. Regulación del precio del alquiler

La nueva Ley de Vivienda regulará el precio del alquiler para los grandes tenedores, una categoría en la que sólo entrarán las personas jurídicas. Es decir, las empresas que posean al menos diez propiedades; y no las físicas aunque su patrimonio en alquiler sobrepase esa cifra. Estos deberán ajustar por ley los alquileres al precio medio marcado por el futuro índice de referencia que regulará los arrendamientos en las zonas de mercado tensionadas en el caso de que no prorroguen los contratos existentes al mismo precio y firmen otros nuevos. Serán las comunidades autónomas quienes soliciten al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado en función de estos índices oficiales de referencia.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno estima que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas.

En cuanto a cuándo será efectivo ese control de rentas, el Gobierno se tomará un periodo de 18 meses -vacatio legis- para elaborar un nuevo índice de precios al que referenciar las rentas de estos grandes tenedores en las zonas tensionadas una vez se apruebe la ley. Según explican fuentes del Ejecutivo, el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler presentado en julio del año pasado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) no es el más adecuado porque sus datos tienen un año de retraso, lo que dificulta conocer el verdadero estado de los precios en los mercados.

2. Congelación e incentivos fiscales

Para las personas físicas propietarias, y con independencia del número de inmuebles que tengan en alquiler, el pacto contempla la congelación de precios para los contratos que se prorroguen en las áreas tensionadas. Si están dispuestas a bajarlos, se les aplicarán bonificaciones fiscales suficientes como para que les salga a cuenta esta rebaja, según el Gobierno. Las bonificaciones podrán llegar al 90% de las rentas que obtengan en caso de bajar precio respecto al contrato anterior. No obstante, para hacerse acreedor de estas bonificaciones, el propietario deberá aplicar la rebaja en los precios a todas las viviendas de su propiedad. La ley también permitirá a los propietarios que firmen nuevos contratos en estas zonas incrementos de precio en el caso de que hagan determinadas mejoras en el inmueble tendentes, por ejemplo, a la eficiencia energética, aunque el ministerio no ha determinado aún qué porcentaje podrán subir. El resto, podrán incrementar los precios de acuerdo al IPC, como marca la ley.

3. Recargo del IBI a viviendas vacías

Para estimular la salida de más unidades al mercado de alquiler, la nueva Ley de Vivienda establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos. En el proceso de negociación, Unidas Podemos llegó a reclamar que fuera del 200%, mientras que el PSOE se paraba entre un 50% y un 75%, aunque finalmente la balanza se ha inclinado hacia la propuesta de la formación morada.

En un primer momento, el PSOE, en el anteproyecto de ley, había recogido un recargo del 50% para aquellas viviendas que permanezcan vacías al menos dos años y para aquellos propietarios que tuvieran al menos cuatro inmuebles en propiedad, con independencia de que fueran personas físicas o jurídicas. El documento establecía excepciones como el traslado temporal por razones laborales o de formación; el cambio de domicilio por razón de dependencia, salud o emergencia social; o el uso de la vivienda como segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación continuada.

4. Aumenta el parque público de alquiler

La nueva Ley de Vivienda también mantiene la apuesta por el parque público de alquiler: se reserva el 30% de todas las promociones para vivienda protegida, de las cuales la mitad será para alquiler social. Esta última medida no gusta dentro del sector porque, traslada el peso de la resolución del problema a los promotores. Además, según advierten desde Idealista, esta medida se ha probado en Barcelona y el resultado ha sido “la desaparición de la obra nueva y las pocas promociones que se levantan lo hacen a precios muy elevados”. En línea con estas medidas, el Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto-ley para regular los programas de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, dentro de los fondos europeos, para el que se destinarán 4.420 millones de euros. Entre otras medidas, se construirán 20.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler social.

5. ‘Bono joven’ de 250 euros

La nueva Ley de Vivienda también incluirá la creación de un ‘bono joven’ de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, al que podrán acceder los jóvenes entre 28 y 35 años que tengan ingresos inferiores a 23.750 euros. En los casos de las familias más vulnerables este ‘bono joven’ podrá completarse con ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avanzado que el ‘bono joven’ para el alquiler de vivienda que se incluirá en la norma costará 200 millones de euros anuales y beneficiará aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes.