Rechazo de los agentes sociales al superfondo de pensiones

El superfondo de pensiones de titularidad pública y gestión privada que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció hace un año para complementar las pensiones públicas y que debía tener listos sus cimientos en estas fechas nace sin respaldo alguno de los agentes sociales, que no quieren ni debatir sobre el asunto. En otras palabras, si llegaran a prosperar los bocetos preliminares, el superfondo nacería muerto. La negativa rotunda de los empresarios y los sindicatos a la idea de Escrivá no retrae al ministro, que confía en seguir trabajando en la mesa del diálogo social sobre el asunto, en el que hay cuatro ministerios involucrados, según fuentes de la Seguridad Social. La patronal CEOE fue muy clara ayer en su negativa al fondo público de pensiones y recalcan que esas funciones «ya las cumple la Seguridad Social».

«Sería un asunto incluso de consultar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», remarcó ayer el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. En relación a la reducción de la bonificación de los planes privados de pensiones, Garamendi indicó que «no es una buena noticia» porque «precisamente uno de los temas fundamentales para el sistema de pensiones son los planes individuales». «Castigar esos planes no va en la dirección adecuada», dijo Garamendi con motivo de la visita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la sede de CEOE para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

En la misma línea se han expresado los sindicatos, que rechazan de plano la idea. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, frenó en seco la propuesta el pasado martes por mucho que Escrivá haya hecho circular un borrador de anteproyecto de ley para regular el superfondo. «Es verdad que quizá el ministro planteó hace un año que el Gobierno tenía esta idea, pero con la misma contundencia que lo planteó le dijimos que eso no va a ser objeto de negociación en el marco de los acuerdos de pensiones», explicó Álvarez. Los sindicatos coinciden en que se trata de poner en marcha un sistema de pensiones privado, aunque tenga titularidad pública, algo que UGT, según dijo Álvarez, no contempla en España, porque «lo que queremos es asegurar, a través del sistema público, pensiones suficientes». «Si el Gobierno tiene una propuesta, que la haga, la discutiremos, pero no en el marco de la renovación del Pacto de Toledo, porque nos parece que esto es una cuestión que nada tiene que ver», añadió.

Para los sindicatos, esa propuesta «no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras» y «supone cambios sustanciales sobre la regulación actual de los fondos de pensiones de empleo» que no comparten. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha afirmado que sería «beligerante ante cualquier sistema de pensiones privado que aspire a sustituir al sistema público».