Los “pensionistas” del nuevo superfondo estatal podrán ahorrarse hasta 2.000 euros en la Renta

La adscripción a este plan colectivo será obligatoria para los nuevos ocupados en cuanto comience a funcionar. El ministro Escrivá espera contar con nueve millones de partícipes

El nuevo superfondo de pensiones con aval público aunque bajo gestión privada ofrecerá beneficios fiscales jugosos a sus partícipes con ahorros que podrían rondar los 2.000 euros en la Renta en función de las aportaciones que realicen. Este fondo de adscripción obligatoria en su origen para todos los nuevos trabajadores desde el momento en el que entre en funcionamiento, en un plazo de un año, según las pretensiones del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, pretende ser “una alternativa” a los de empresa con “comisiones asequibles”.

¿Pero cómo funcionaría un instrumento de estas características? Los modelos que servirían a este nuevo mecanismo de ahorro para la jubilación, orientado también a facilitar el acceso de pymes y autónomos a los planes de pensiones colectivos, son el sistema NEST en Reino Unido, en el que el 40% de los adscritos son mujeres, las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), como en el País Vasco, o el plan de pensiones de la Administración General del Estado (AGE), gestionado por BBVA.

Este último es un sistema de previsión de aportación definida, no asumiéndose la cobertura de los riesgos relacionados con las prestaciones previstas ni garantizando un interés mínimo a los partícipes. El alta en el plan se produce de manera automática, la fórmula por la que Escrivá pretende captar a la larga a nueve millones de partícipes. Para acceder se deben cumplir ciertos requisitos (dos años de antigüedad ya sea funcionario de carrera o interino, personal laboral, contratado, eventual o alto cargo y no haber manifestado la renuncia a ser partícipe). Si no se quiere ser partícipe se debe renunciar por escrito a la adhesión durante el plazo de dos meses.

Aunque la gestión del fondo de pensiones de la AGE es privada, existe una Comisión de Control con 22 miembros, once en representación de las entidades promotoras y otros once en representación de los partícipes y beneficiarios. Todos ellas son designados por la Mesa General de Negociación de la Función Pública. Los representantes de las entidades promotoras son designados a propuesta de la Administración. Esta Comisión de Control supervisa el funcionamiento del fondo y decide cómo invertir el dinero. Cada Entidad Promotora realiza una contribución anual ordinaria cuya cuantía global viene determinada en los PGE de cada ejercicio.

Todas las contribuciones y las aportaciones, tanto las obligatorias del promotor como las voluntarias del partícipe, reducen la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. De ahí, que las contribuciones del Estado fueran neutras fiscalmente (no incrementan impuestos) mientras se realizaron. El límite máximo conjunto de reducción para el total de las contribuciones de promotor y aportaciones del partícipe es la menor de las cantidades siguientes: el 30% de la suma de rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente por el partícipe en el ejercicio o 8.000 euros anuales. El 70% del fondo está invertido en renta fija.

Las Entidades de Previsión

Otro modelo en vigor en España son las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Están promovidas por una entidad financiera para que cualquier persona física pueda constituir un sistema ahorro. Las EPSV crean un sistema de ahorro para complementar los ingresos de cara a la jubilación. Permiten que el socio equilibre los ingresos de su época activa y pasiva (normalmente más bajos), además de las contingencias de fallecimiento, invalidez, enfermedad grave o desempleo de larga duración.

Entre las muchas ventajas, figuran el ahorro fiscal ya que las aportaciones a una EPSV reducen la base imponible del IRPF. De hecho, con una aportación de 4.000 euros al plan, se pueden conseguir ahorros de hasta 1.800 euros en la Renta. Además, este modelo permite realizar una inversión “a medida” y disfrutar de mayor movilidad sin coste alguno y una liquidez inmediata a la hora de realizar los rescates de los planes debido a las contingencias contempladas en ellos.

El sistema británico NEST

El sistema británico de pensiones complementarias es obligatorio para el empresario y voluntario para el trabajador. Desde octubre de 2012, todas las empresas de las islas están obligadas a inscribir a sus empleados de entre los 22 años y la edad legal de jubilación (66 años desde octubre de 2020) y un salario superior a 10.000 libras anuales en algún tipo de plan o instrumento de pensiones autorizado complementario a la pensión pública. El empresario debe realizar unas aportaciones mínimas a favor del empleado, siempre y cuando este aporte el porcentaje que le corresponda. Sin embargo, una vez adscrito, el trabajador puede decidir salirse.

Desde abril de 2019, la aportación mínima obligatoria establecida asciende a un 8% de una banda salarial o salario considerado “pensionable”, que para el ejercicio fiscal 2020-2021 está entre las 6.240 libras y un límite máximo de 50.000 libras anuales. De ese 8% de aportación mínima, el 4% corresponde al empleado, el 3% debe abonarlo el empresario y el 1% corre a cuenta del Estado como complemento.

En 2019, un total de 21 millones de trabajadores británicos estaban inscritos en instrumentos de previsión social empresarial, el 55% de ellos ya estaban adheridos con anterioridad a la obligatoriedad decretada en 2012.

Una vez adscritos, existen varias opciones. El sistema de aportación a una entidad gestora es el más popular, sobre todo entre pymes, en este caso al National Saving Employment Trust. NEST es el mayor gestor del sistema de pensiones de empleo en Reino Unido, con 9,1 millones trabajadores inscritos. Lo creó el Gobierno británico para lanzar su plan de obligatoriedad en la inscripción de los trabajadores y en 2011 comenzó a operar acuerdos de pensiones voluntarios, aunque su popularidad ha hecho que permanezca en el tiempo. Está gestionado por una corporación pública.

Aunque dispone de 9,1 millones de trabajadores inscritos y es el mayor gestor de pensiones de Reino Unido, su patrimonio apenas supera los 10.500 millones de euros (9.500 millones de libras), una pequeña parte de los 275.000 millones de libras del mercado de pensiones de empleo británico. Esto se debe a que la mayoría de las aportaciones son a favor de trabajadores de autónomos y pymes (con salarios más bajos que en las grandes empresas) y que los mayores patrimonios bajo gestión y aportaciones se dan en los grandes planes de prestación definida de las grandes empresas británicas y de las administraciones públicas.

Con este instrumento, todos los trabajadores inscritos se benefician de las mismas condiciones (por ejemplo, iguales gastos de gestión y fondos disponibles para invertir sus aportaciones), independientemente de cuál sea el tamaño y la capacidad de negociación de su empleador. Los gastos de gestión aplicados por NEST son inferiores a los fijados por la ley para sus competidores.

Aunque una vez inscritos en NEST, los trabajadores puede elegir entre varias opciones, el 99% está inscrito en el fondo que se asigna por defecto y en el que la variación es la expectativa del año de jubilación. Actualmente, la rentabilidad neta media anual en los últimos cinco años para el fondo NEST por defecto a 2040 está en el 4,6%.