El campo, en pie de guerra contra la reforma laboral

La polémica de la carne «de mala calidad» desatada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha eclipsado otro de los grandes focos de preocupación del sector agroalimentario: la reforma laboral. Los cambios en la contratación y en la negociación colectiva que introduce la nueva regulación acordada a finales de 2021 han disparado la indignación entre los empresarios agrícolas, que la perciben como un «ataque directo» contra el sector en plena crisis, denuncia la organización Asaja, y confunde temporalidad con precariedad, añade COAG.

A la espera de su tramitación parlamentaria y de posibles cambios, destaca la reducción de los tipos de contratos, ya que el indefinido pasa a ser el ordinario y los temporales se limitan a circunstancias de la producción (hasta seis meses, ampliables por otros seis) o de sustitución. Para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, el contrato temporal podrá utilizarse durante un total de 90 días al año y nunca de manera continuada. Por lo tanto, para los trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada –como las cosechas o campañas de recogida– que superen esos 90 días, se deberá recurrir al contrato fijo discontinuo, lo que elevará el coste del despido y cuya adaptación se debe realizar en un periodo de tres meses (hasta el 30 de marzo). En cuanto a la negociación colectiva, se recupera la ultraactividad, lo que permite prorrogar los convenios sin límite de un año hasta que se renegocien.

Estas modificaciones fueron pactadas por empresarios y sindicatos y deberán aplicarse también al trabajo agrario, apuntó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. No obstante, la organizaciones agrarias se han mostrado más críticas con el texto negociado. Asaja denuncia que «la reforma no responde a las necesidades del sector» y valora que «quien ha redactado esta norma no tiene ni remota idea de la realidad del campo». En declaraciones a LA RAZÓN, el presidente de Asaja, Pedro Barato, subraya que el campo tiene como «condición intrínseca» la temporalidad al estar condicionado por la duración de las campañas y otras casuísticas como el clima o la mayor o menor producción. «El contrato de 90 días se hace totalmente escaso para las campañas temporales», explica. Por ejemplo, «cuando hacemos contratos en origen nos recomiendan desde inmigración que sean como mínimo de 120 días, por encima de esos 90 días», añade para ilustrar que el contrato fijo discontinuo no se adapta a la realidad del campo.

Temporalidad vs precariedad

«Temporalidad no significa precariedad», defiende Miguel Padilla, secretario general de COAG. «Cuando hablan de precariedad los sindicatos están mintiendo», coincide Barato, «ya que se contrata mediante convenio que han firmado los propios sindicatos». Este es uno de los principales alegatos de las organizaciones agrarias, pero tanto UGT como CC OO discrepan. «No es de recibo que una persona que lleva 10 años haciendo campañas de tres o cuatro meses siga siendo temporal. Cualquier hijo de vecino quiere estabilidad y un buen salario, y el campo tiene que evolucionar como el resto de sectores. Hay que acabar con la precarización y todo lo que sea hacer contratos fijos discontinuos e indefinidos será bienvenido para dignificar el campo y hacerlo más atractivo», declara el responsable estatal del campo de CC OO de Industria, Vicente Jiménez.

En este sentido, COAG defiende que como organización «quieren estabilidad en el trabajo, pero suprimir la temporalidad puede ocasionar dificultades para el sector». «No somos un fábrica que está permanentemente produciendo», señala Padilla. Para Pedro Barato, «precariedad es tener tres millones de parados y tener que traer trabajadores de otros países».

CC OO ve precisamente en los contratos fijos discontinuos una solución a este problema, «ya que permitirán fidelizar a los trabajadores y tener personal asegurado», opina Vicente Jiménez. Aún así «hacen falta más reformas sociales para dar cobertura a esos trabajadores tan esenciales cuando no tienen actividad. No pueden estar como feriantes, de campaña en campaña», reprocha el secretario del sector agroalimentario de UGT, Sebastián Serena.

Los sindicatos opinan que las empresas se están poniendo la venda antes de la herida y aseguran que no va a desaparecer la figura del temporero. Sin embargo, COAG advierte de que cualquier «incremento del gasto en plena crisis pone en riesgo la viabilidad del sector». La carga burocrática y económica se disparará, ya que todavía está por ver si las indemnizaciones de los fijos discontinuos se pagarán solo por los días trabajados o por año completo. El aumento de la subcontratación y la pérdida de puestos de trabajo son otros de los grandes riesgos que conlleva la reforma, según las patronales agrarias. UPA, en cambio, niega que vaya a haber efectos negativos en el trabajo agrario y defiende que, si la ley de la cadena alimentaria se cumple, se podrá repercutir la subida de costes laborales. El presidente de Asaja le lanza el guante al Ejecutivo: «Si el Gobierno quiere, todavía está a tiempo de reconocer la temporalidad del sector agrario».