Análisis

Los madrileños quedan desprotegidos frente a la subida de impuestos de Sánchez

El fuego cruzado en el PP y la oposición de Vox ponen el PSOE en bandeja la armonización fiscal contra Madrid. Hacienda propondrá en unos días una reforma fiscal que dañará muy seriamente a la economía madrileña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y la ministra de Hacienda, María Jesús MonteroFERNANDO ALVARADOAgencia EFE

La guerra interna dentro del PP tiene una víctima colateral distinta a la del propio partido: la defensa efectiva de los contribuyentes madrileños frente a la apisonadora sanchista que se nos viene encima. Recordemos dos hechos básicos a este respecto.

Primero, la Comunidad de Madrid, dentro de su limitada e insuficiente autonomía, disfruta de uno de los regímenes fiscales más favorables de toda España: el Impuesto sobre el Patrimonio está bonificado al 100%, el Impuesto sobre Sucesiones está prácticamente extinto, los tipos marginales mínimos y máximos del IRPF son los más bajos del país (aun así, excesivamente altos) y, por último, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados también se halla entre los más reducidos del conjunto de autonomías. A diferencia de lo que le gusta decir a Podemos, Madrid no es –ni de lejos– un paraíso fiscal (ojalá lo fuéramos), pero sí tiene una fiscalidad más competitiva que la del resto de regiones españolas.

Segundo, desde hace varios meses, un grupo de expertos nombrados por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero está preparando una propuesta de reforma del sistema fiscal española que será presentada antes de que acabe este mes. Los dos principales objetivos de esa reforma son, por un lado, elevar los ingresos de las administraciones públicas; por otro, armonizar los impuestos (especialmente los de tipo patrimonial) entre los distintos españoles… salvo los que residan en el País Vasco y Navarra. Por consiguiente, no hace falta ser un lince para anticipar que en un plazo máximo de diez días el PSOE blandirá ante los españoles una propuesta fiscal que perjudicará muy seriamente a la economía madrileña y que consistirá, como poco, en forzarla a aumentar el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones.

Es en este complicado contexto en el que necesitaríamos con más urgencia a un Ejecutivo regional que contara con el respaldo mayoritario de la Asamblea de Madrid y que estuviera además coordinado con la dirección nacional de su propio partido para que éste pudiese articular una oposición efectiva contra semejante proyecto recentralizador desde las Cortes. Sin embargo, ahora mismo no sucede ni lo uno ni lo otro. Por un lado, el Ejecutivo madrileño no cuenta con el respaldo de la mayoría de diputados en la asamblea regional porque Vox, haciendo gala de un nacionalismo español destronado, ha decidido oponerse a la ley de autonomía fiscal de Madrid: es decir, ha optado por dejar jurídicamente a los pies de los caballos a los contribuyentes madrileños; mejor una España roja que rota. Por otro, la guerra fratricida entre Ayuso y Casado ha roto toda coordinación entre el ejecutivo autonómico y los diputados del PP en el Congreso de los Diputados, de modo que la batalla que pueda escoger librar Ayuso no se verá reforzada por un discurso unitario en aquella cámara donde se debe plantear la oposición institucional a Sánchez. Es más, dadas las circunstancias, no parece ni que Ayuso ni que Casado tengan ahora mismo entre sus prioridades políticas el oponerse a la armonización fiscal de Sánchez.

En definitiva, aun cuando no hubiese estallado la guerra interna en el PP y aun cuando Vox defendiera a los contribuyentes madrileños por encima de una esencialista unidad de España, es dudoso que “las derechas” consiguieren tumbar el proyecto fiscal recentralizador de Sánchez: simplemente no tienen mayoría parlamentaria suficiente y eso es lo único que necesita el PSOE para aprobarlo. Pero al menos podría haberse librado una potente batalla desde la opinión pública que les hubiese encarecido a los socialistas el precio a pagar por semejante fechoría liberticida. En medio del fuego cruzado dentro del PP y entre PP y Vox, ni siquiera eso.

Consolidación fiscal

Aunque llevamos meses hablando sobre la conveniencia de que, en medio del actual estallido inflacionista, los bancos centrales comiencen a normalizar su política monetaria, lo cierto es que todavía son pocas las voces que reclaman al mismo tiempo una normalización de la política fiscal. Pero esta semana ya hemos escuchado a dos de ellas: por un lado, el FMI ha reclamado que los países más endeudados, como España, elaboren planes de consolidación presupuestaria. A su vez, el nuevo ministro de Finanzas alemán también ha advertido al resto de países de la Eurozona que no piensa permitir un cambio de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento según las cuales debemos reducir nuestro endeudamiento público hasta el 60% del PIB (actualmente estamos en el 120%). Vienen curvas.

Autónomos

Al parecer, el ministro Escrivá ha presentado una contraoferta a las asociaciones de autónomos para que acepten su plan de obligar a todos estos profesionales a cotizar según sus ingresos reales. En esta nueva modalidad, la cuota mensual máxima de autónomos no alcanzados los 1.000 euros y también se rebajarían modestamente las cuotas de los tramos intermedios: aspira Escrivá a que menos autónomos salgan tan perjudicados como ocurría en su anterior propuesta. Pero lo cierto es que la mayoría seguirán saliendo perjudicados respecto a la situación actual: no sólo porque pagarán más, sino también porque perderán la libertad de determinar la base imponible por la que cotizan. Por eso, todas las propuestas de Escrivá deberían ser rechazadas por las asociaciones de autónomos que realmente defiendan a los autónomos.

Subida del IRPF

La inflación no solo es un impuesto que se cobra a los tenedores de liquidez: también es un proceso que agranda nuestra base imponible y, por tanto, conduce a que los contribuyentes paguen más. Eso es lo que viene sucediendo en nuestro país desde el año 2008: ése fue el último ejercicio en el que Hacienda deflactó los distintos tramos de base imponible en el IRPF, de modo que toda la inflación acumulada desde entonces ha llevado a que los contribuyentes estén sufriendo tipos marginales efectivos más altos. Y, desde luego, este gobierno no tiene la más mínima intención de actualizar esas bases imponibles, porque aunque nos dijo que no aspiraba a subirles los impuestos a las clases medias, en realidad no ha hecho otra cosa desde que tomó el poder.