Las cementeras, al borde del colapso por la subida de costes de los materiales

Otro sector se suma al riesgo de colapso generalizado de empresas, las cementeras. La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop) ha advertido del riesgo de quiebra de todo el sector por culpa del precio de las materias primas, que está abocando a las empresas a una situación “nunca antes vivida en España”. La patronal avisa de que sus empresas se encuentran actualmente ante contratos firmados con anterioridad a un precio que ya se ha quedado desfasado, por lo que considera que cumplir con esos suministros sería “completamente inasumible y suicida”, ya que incurrirían en “pérdidas importantísimas”.

Los precios de las materias primas comenzaron a dispararse en 2020 por problemas en la cadena de suministro causados por los confinamientos por el coronavirus y la posterior recuperación económica. Ahora, con la invasión de las tropas de Rusia sobre Ucrania y las sanciones económicas, la situación ha empeorado, todo ello a pesar de que los niveles de actividad “no estaban siendo malos”.

El problema viene de muchos frentes, porque en el coste de fabricación influye el precio del cemento, de los áridos, de los aditivos, el transporte de estas materias primas, de la energía eléctrica empleada en las plantas y del combustible de los camiones hormigonera y palas cargadoras de planta, todos ellos afectados por múltiples razones. “El precio del gas, la escasez, y la amenaza de corte de suministro por parte de Rusia están llevando a esta tensión de precios que no se sabe dónde acabará. A eso hay que unir el incremento del precio de los derechos de CO2, con gran impacto en la producción de electricidad y de cemento”, explican desde Oficemen.

Por todo ello, de no resolverse esta situación, la patronal advierte de que “en poco tiempo se podría ver caer al sector, dejando grandes pérdidas, y con la consecuente paralización de obras, pérdidas de empleo y daños colaterales en servicios asociados”. En la actualidad, hay más de 1.550 plantas de hormigón con más de 1.500 millones de euros de euros de facturación y con alrededor de 15.000 empleos directos. Por el momento, casi la mitad de los hornos del sector han tenido que paralizar su actividad.

Por otro lado, varias patronales del sector del hormigón han pedido que se garantice la libre circulación de mercancías y se ofrezca protección a aquellos que no secundan los paros del transporte, para evitar un “desabastecimiento” y “posible colapso” del sector de la construcción. Además, el sector, representado por las patronales de las industrias de los aditivos (Anfah), áridos (FdA), cemento (Oficemen), hormigón (Anefhop) y prefabricados (Andece), ha pedido a través de una nota la intervención urgente de la Administración para adelantar las medidas de contención de los precios del carburante, luz y gas anunciadas por el Gobierno

El sector ha alertado que resulta imposible garantizar el abastecimiento de productos clave para la construcción y que la situación en las canteras, plantas y transporte es de “extrema gravedad”. Según sus datos, se han registrado paros de hasta el 100% en comunidades como Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia y Madrid; en el resto de las autonomías la incidencia “ha sido muy importante, aunque hay algo de actividad”, mientras que en Baleares y Canarias es donde menos impacto han tenido. “En estos momentos resulta imposible garantizar una distribución adecuada de productos clave para un sector esencial como el de la construcción”, han alertado y advertido de que se está corriendo “el riesgo de sufrir cortes importantes o incluso su total interrupción y colapso”.

Según estas asociaciones, la situación en las canteras, plantas y en el transporte por motivo del paro de transportistas “es de extrema gravedad” y estaría derivando en “importantes tensiones y cortes de las cadenas de suministro”. Por todo ello, piden que se garantice el derecho de los que quieren seguir trabajando. Cabe recordar que se trata de un paro y no una huelga, por lo que solo pueden decidir parar las empresas o los autónomos pero no los asalariados, que, no obstante, estarían siendo obligados a parar por medio de la violencia de los piquetes, según denuncia el Gobierno y las patronales, que en su mayoría no han secundado el paro, por lo que sus trabajadores tendrían que seguir desarrollando su actividad con normalidad.

Además, instan a la Administración a adelantar las medidas de contención de los precios del carburante, luz y gas, que el Gobierno ya ha anunciado que las aprobará en el consejo de ministros del próximo 29 de marzo, toda vez que se conozcan las decisiones adoptadas en el seno de la Unión Europea.