Javier Fernández-Lasquetty: «La arrogancia de Sánchez nos lleva a una primavera del descontento»

Desde 2010, salvo los cuatro años en los que viró hacia Iberoamérica y el mundo académico, Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966) ha estado vinculado a la política madrileña. Primero en Sanidad y ahora en los dineros públicos, que protege como si del Santo Grial se trataran. Asegura que no aspira a cambiar de tercio, ni siquiera cuando se le sugiere un hipotético Gobierno de Feijóo. Pero si Madrid es la locomotora de España, quien mejor que su maquinista para llevar el AVE: «Estoy muy a gusto donde estoy. De verdad». El tiempo lo dirá.

–¿Cuántos refugiados ucranianos llegan? ¿Se coordina ese flujo y su incorporación al mercado laboral con el Gobierno?

–Cerca de 800 personas, la mayoría mujeres y niños, han tenido ya contacto con el sistema sanitario. Los niños están siendo escolarizados. Pero echamos en falta una actitud más activa del Gobierno porque el punto de partida tiene que ser que todo refugiado reciba inmediatamente el NIE, para moverse y trabajar. Desde ese momento, la Comunidad de Madrid puede empezar a actuar para favorecer que, lo antes posible, esas personas dejen de recurrir a subsidios y ayudas, y puedan ponerse a trabajar. En Madrid trabajan, mucho y bien, casi 24.000 ucranianos, lo que revela que se integran con naturalidad y se esfuerzan.

–¿Cuál es la capacidad de absorción de refugiados de Madrid?

–No lo sabemos aún. El Gobierno de Sánchez se está comportando de forma muy pasiva, como si fuera un problema burocrático más. Instalan un punto en Pozuelo. Va Sánchez a hacerse la foto y salir en el Telediario, pero a los ucranianos se les atiende en horario de oficina y con cita previa.

–Habla de pasividad, tras dos semanas de paros, la luz... ¿está desbordado el Gobierno?

–Hay una parte de desbordamiento, pero este es un Gobierno muy arrogante. Sánchez lo es; Calviño, también. Creen que pueden despreciar lo que le pasa a la gente porque no cuadra en sus relatos de Power Point esplendorosos en los que todo va bien. Pero no es verdad. Las cosas no van bien. Hay una paralización de mercancías y de negocios. Están creciendo los ERTE, ya lo ha reconocido el Gobierno. Hay un empeoramiento que irá en espiral y solo se les ocurre mantener los impuestos altos. Lo que le han pedido Feijóo, Ayuso y el PP es suspender los impuestos. Recuerdo que más del 50% del kilovatio o de cada litro de combustible son impuestos o costes regulatorios. ¡Quítelos durante una temporada y conseguirá un resultado inmediato! Eso se lo repetimos el pasado lunes a Calviño los consejeros de varias comunidades, sobre todo del PP, y la respuesta fue que no van a bajar impuestos. Prefieren dar ayudas.

–En prepandemia, el campo estaba en armas y se les tachó de «terratenientes», ahora los transportistas son de «extrema derecha». ¿Se trata de criminalizar las protestas?

–Hay una falta de empatía y de cercanía a la realidad de la calle que hace que incluso traten con desprecio a los que protestan y a los que, sin hacer huelga, solo buscan hacer notar que su vida se está poniendo muy difícil. Ese alejamiento puede inducir a una primavera del descontento. El Gobierno tiene que ser consciente de que no se puede apretar más. Esto venía de atrás, de una política muy equivocada con un exceso de gasto público brutal y un crecimiento de la inflación. Llega la invasión de Ucrania y lo agrava, y al Gobierno se le ocurre más que enemistarse con Argelia al abandonar de forma unilateral una posición sobre el Sahara que estaba muy clara, ofendiendo al principal proveedor de gas cuando más lo necesitas.

–¿Con Feijóo en el Gobierno, no se habría tratado de templar gaitas con Marruecos?

–Estoy seguro de que no. Con gobiernos del PP las relaciones con Marruecos han pasado por momentos muy complicados y lo que siempre se ha tratado es de que existiera respeto. Por el contrario, este Gobierno ha faltado el respeto a España porque, si se quiere dar ese paso en lo que más le importa al rey de Marruecos, lo mínimo es obtener lo que más nos importa a los españoles de Marruecos.

–En la reunión que citaba con Calviño, en la que también estaban Montero y Díaz, ¿hubo acuerdo entre todas las regiones para crear ese fondo que ayude a pagar la luz y el gas de hospitales, metros y colegios? ¿Fue receptivo el Gobierno y, por cierto, de dónde se saca el dinero para ese fondo si además se pide bajar impuestos?

–En primer lugar, la ministra Díaz estuvo por estar sentada allí, literalmente. Este Gobierno tiene mucho margen para gasto improductivo, ideológico o sobrante, tipo plan de igualdad de 20.000 millones. Eso se puede recolocar para que las comunidades afronten estos gastos imprevistos. Diez comunidades autónomas lo reclamamos, incluyendo gobernadas por el PSOE. Estos gastos extraordinarios no los podemos atender con unos presupuestos ordinarios. O bien el Gobierno dota un fondo y lo distribuye o flexibiliza las reglas para que podamos tomar la deuda necesaria para hacer frente a estos gastos.

–Hay universidades que están ya limitando sus horarios para ahorrar energía. ¿Ha habido algún caso en Madrid?

–No. Se está atendiendo con normalidad. El metro funciona, los hospitales y colegios, también.

–Entiendo que los servicios públicos tienen tarifas fijas. ¿Cuál es el descuadre?

–Las tarifas oscilan y lo estamos viviendo. Donde más impacto hay es en el metro que ha visto crecer sus costes cinco veces más.

–Lineales vacíos en los supermercados con la inflación camino de los dos dígitos, la luz y el gas desbocados, comercios cerrados... ¿Venezuela o España?

–No debería de sorprendernos cuando una tercera parte del Gobierno cree que la tiranía venezolana ha hecho mucho bien cuando ha traído miseria y opresión. Que no nos extrañe la falta de productos, en este caso por una crisis. Pero a esa crisis no se responde atacando al mercado y a la iniciativa privada.

–El Gobierno le imputa la inflación a Putin, ¿es así?

-No y en el caso de España, menos porque apenas llegaba gas de Rusia. Tiene que ver con una política fiscal y de costes regulatorios muy altos, y con una política de energía muy equivocada llena de dogmatismo, cerrando térmicas y tratando de cerrar nucleares, cuando las renovables necesitan energía de respaldo porque no a todas horas hay viento soplando. El Gobierno, en vez de reaccionar como hace Alemania o Francia, abriéndose a utilizar más tecnologías de producción, se enroca con Teresa Ribera transformada en una especie de guardiana dogmática.

–Sin embargo, se quema más carbón que el año pasado.

–Habría que estar aún más abierto. No se puede pretender que todo sea eléctrico restringiendo la producción. Los que plantean es vivir peor. Eso es lo que ofrece una parte de la izquierda, que retrocedamos. La solución, por primera vez en la historia de la Humanidad, es que crezcamos menos. Algunos miembros del Gobierno, como Garzón, lo defienden. Eso no puede estar en la agenda de un Gobierno, es terrible y va en contra de la naturaleza humana.

–¿Mantendría el PP operativas más años las nucleares?

–El PP siempre ha estado a favor de sustituir en esos emplazamientos las centrales de los 60-70 por otras actuales que producen cinco veces más y son mil veces más eficientes.

–¿Y respecto al “fracking” para obtener gas?

–Hay que atender a realidades científicas no a bulos que se revisten de ecologismo cuando lo que son es anticapitalistas. En EE UU, les ha permitido generar fuentes para autoabastecerse. Debería poder hablarse sin que te caiga un anticapitalista encima disfrazado de verde.

–¿Cuánto le cuesta a Madrid toda esta inacción del Gobierno?

–La factura no podemos evaluarla aún, pero entre la energía, la inflación y los costes de atender a los desplazados, podemos estar hablando de más de 1.000 millones de euros fácilmente.

–Si el Gobierno se resiste a bajar impuestos, ¿seguirá adelante la llamada «armonización fiscal» pese a que no parece el mejor momento para subirlos?

–Nunca es buen momento para subir impuestos. Cuando el Gobierno presenta el libro blanco de su comisión de personas partidarias de subir impuestos y dice que no lo van a aplicar porque la situación no lo permite, están reconociendo que ese hachazo fiscal haría daño a la economía y a la gente. Entonces, ni con crisis ni sin ella. Dar un hachazo fiscal a Madrid y a toda España se ha convertido en una obsesión. Quieren dar el hachazo en media España para que no se note que el socialismo ha fracasado. Lo que proponen es prohibirnos hacer una política liberal y no vamos a admitirlo.

–¿No es ese el pacto con ERC?

–Para el independentismo catalán, es importante porque un hachazo a Madrid perjudica a la economía española. Pero es una cuestión de Pedro Sánchez, que no está dispuesto a que subsistan ejemplos vivos de que una política de impuestos bajos beneficia a la gente. El hachazo con el que amenazan significa que por una herencia media se pasaría de pagar 22,6 euros a 2.260 euros. Eso no es para que las grandes fortunas paguen más, sino que es ir contra la gente que trabaja y madruga.

–En teoría, en un mundo estático, las regiones recaudarían más.

–Como los socialistas no creen en la economía de mercado, piensan que es estática. El problema es que con las subidas de impuestos se deprime la actividad económica. La prueba es que en la Comunidad de Madrid ha habido cinco bajadas de impuestos. En las cuatro anteriores se bajó el impuesto de la renta y aumentó la recaudación. En 2018, con la bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, la recaudación subió en 946 millones. En 2015, fueron 573 millones. Es perfectamente posible que si nos dan ese hachazo baje la recaudación. En Madrid hay siete puntos menos de economía sumergida que la media nacional. Antes de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones se declaraban 4.000 donaciones al año en Madrid. Ahora, cerca de 60.000. Esa es la diferencia entre hacerlo en negro a hacerlo como es debido.

–¿Tiene relación ese interés por «descentralizar» España con la confirmación del “sorpasso” de Madrid a Cataluña como primera economía nacional?

–Seat acaba de anunciar que su gigafactoría se instalará en Sagunto. Si estuviera en el Gobierno de Cataluña me plantearía qué estamos haciendo tan mal para que se vayan tantas industrias.

–¿Hasta qué punto es anticonstitucional tratar de restar autonomía fiscal a las regiones?

–Es radicalmente anticonstitucional. El Gobierno lo sabe.

–¿Necesita el quórum de las regiones o lo harán por las bravas?

–Ya hemos visto a este Gobierno suspender derechos constitucionales, pero en la medida de que en La Moncloa escuche el rugido de los españoles contra el hachazo es más posible que se lo piensen. Porque un hachazo les haría perder votos en toda España.

–Está usted convocado el 22 de abril en la Comisión del Ayuntamiento de Madrid sobre el espionaje a Ayuso, ¿qué tiene que aportar?

–No he recibido ninguna citación en ese sentido y no sé qué han podido decidir los discípulos de Carmena con los de Más Madrid con Ciudadanos. Pero tengo poco que aportar en una comisión que trata de averiguar si una empresa municipal intentó contratar a unos espías para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre eso no tengo nada que decir salvo que me provoca náuseas si hubiera sucedido. Pero es que además me creo al alcalde cuando dice que no. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha revisado específicamente el contrato de emergencia para el que trabajó el hermano de la presidenta y solo se puede decir que es intachable.

- Con esta reforma laboral, Díaz destaca la mayor contratación fija, pero pasa de soslayo por la caída en la creación de empleo. ¿Cómo afecta a Madrid?

–De lo que menos debe presumir el Gobierno es de que haya más contratos fijos porque ha prohibido el resto de los contratos. Lo que hay que ver es cuánta gente está realmente trabajando en abril, no en ERTE, porque la anti-reforma laboral entra en vigor plenamente el 31 de marzo. Me temo que lo que va a haber es destrucción de empleo. En Madrid los datos van bien. Hemos recuperado el empleo previo a la pandemia. Pero toda la rigidez introducida más el alza de un 30% del SMI en tres años con dos crisis sucesivas es temeraria.

–¿Cómo incide el paro del transporte a los ERTE en Madrid?

–Teníamos en febrero 21.470 trabajadores en ERTE, pero está aumentando en marzo de forma apreciable.