El Gobierno oculta las actas del Libro Blanco sobre la reforma fiscal

El Ministerio de Hacienda se niega a entregar las actas del comité de expertos para la reforma fiscal que elaboró un informe que promueve un incremento de impuestos de 50.000 millones para el bolsillo de los españoles y supondría, según la CEOE, la destrucción de un millón de empleos.

El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, que tiene visos de constituir la hoja de ruta de la política fiscal del Gobierno, tiene suficiente entidad como para conocer su contenido en profundidad. Y eso es lo que ha intentado, sin éxito, Guillermo Rocafort, abogado y profesor de Economía Pública en la Universidad Carlos III, que hizo una consulta a través del Portal de Transparencia el pasado 22 de marzo. La respuesta ha llegado ahora y su contenido permite asegurar al reclamante que el comité estrella del Gobierno de Pedro Sánchez «es en realidad un agujero negro de opacidad frente a la normativa de transparencia», según denuncia el letrado a LA RAZÓN.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, recibió el pasado 3 de marzo, el informe, elaborado tras diez meses de trabajo por un equipo encabezado por su presidente, Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

Este comité de expertos es y debe ser considerado un organismo colegiado de la Administración del Estado y por ello sometido a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula en su artículo 18 que «de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados». Sin embargo, el ministerio de Montero considera las actas como «información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas», por lo que inadmite la aportación de la documentación solicitada y explica que «en las sesiones no se realizaron grabaciones audiovisuales y que, incluso si hubiesen sido realizadas, éstas serían de carácter interno y auxiliar».

Adicionalmente, desde la cartera de Hacienda manifiestan que «si fuesen facilitadas [las actas], se vulneraría el compromiso de sus miembros, a guardar absoluto sigilo sobre la evolución de los trabajos y el contenido de la documentación a la que tengan acceso, para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria».

Estas alegaciones, según Rocafort, «siembran dudas y sospechas sobre en qué condiciones se ha elaborado el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria por dicho comité de expertos» que –en su opinión– «más bien podría llamarse el Libro Negro, por su opacidad o falta de transparencia», y «más cuando en el seno de dicho comité de expertos hubo importantes disensiones que provocaron la dimisión de dos de sus miembros más destacados» [el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, y el de Economía en la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri].

Por otra parte, el reclamante y experto en Transparencia también ha pedido saber los emolumentos y retribuciones cobrados por el grupo de expertos, información que «también ha sido ocultada», pues no se aporta ningún dato al respecto, salvo «remisiones genéricas a normativas donde no se detalla la información solicitada», salvo la indicación de que «perciben asistencias por cada reunión plenaria a la que acuden, no recibiendo cantidad alguna por los trabajos en ponencia».

Rocafort, que es además Doctor en Fiscalidad, considera que el Libro Blanco de la Reforma Fiscal estaría «completamente deslegitimado, y no sólo porque ha sido elaborado por amigos del Gobierno socialcomunista con el único fin de expoliar fiscalmente a los españoles, sino sobre todo por una opacidad ilegal que a su juicio será revertida por el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno», a quien ya ha acudido de nuevo «para denunciar esta anómala situación».

Este comité de expertos analizó propuestas de reforma del sistema tributario español que le encargó el Ministerio de Hacienda. La petición pasaba por plantear modificaciones en aras a un fortalecimiento del modelo y una modernización «para adaptarse a los retos del siglo XXI». Según sus postulados, el mayor impacto recaudatorio de las recomendaciones en el medio plazo se extraería del grueso de los contribuyentes.

Otra mala noticia para el ciudadano es que, en materia de IRPF, el Libro Blanco se decanta por la eliminación progresiva de los beneficios fiscales del impuesto, y la creación de nuevos impuestos medioambientales. Según datos del Ministerio de Hacienda, las exenciones y reducciones del IRPF suponen 11.178 millones de euros al año. «El actual es un buen momento para plantear una revisión del IRPF, que permita incrementar el potencial de sus dos funciones básicas, recaudatoria y redistributiva, y la vez reducir los costes de eficiencia asociados al impuesto», apunta el informe. «Para ello, el primer objetivo debería ser el ensanchamiento de la base imponible del IRPF, suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado».