El «sablazo fiscal» de Montero reducirá el PIB en 60.000 millones y costará un millón de empleos

Bajar impuestos, no subirlos para no perder hasta 60.000 millones del PIB si se llevan a cabo los planes del Gobierno en su reforma fiscal. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) lanzó ayer su propia propuesta, que se basa en una «reducción selectiva» de la tributación, en la que se incluiría una bajada de las cotizaciones fiscales, la ampliación del marco de deducciones o eliminar el Impuesto de Patrimonio, entre otras medidas.

Con apenas 30 días de margen para que el comité de expertos del Gobierno exponga sus conclusiones sobre la reforma fiscal, el IEE presentó su propio «Libro blanco para la reforma fiscal», en el que han glosado sus observaciones 60 especialistas en fiscalidad del ámbito académico y profesional. Según expuso el director general, Gregorio Izquierdo, la subida de impuestos que pretende impulsar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, equivaldría a tres puntos de PIB, lo que supondría una contracción de la actividad económica de cinco puntos de PIB, es decir, una pérdida de 60.000 millones de euros, y la pérdida de un millón de empleos. Para el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, todavía «hay margen para una reducción selectiva de impuestos con escasa recaudación y elevada distorsión en la economía». Por eso pidió la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, que constituye una «excepción en el derecho comparado», y planteó que el de Sucesiones debería establecer un tipo máximo del 15% de gravamen para «garantizar el contenido esencial del derecho constitucional a la propiedad y a la herencia y adecuarlo a lo que rige en Europa».

Entre las propuestas de los expertos Fernández de Mesa citó la conveniencia de reducir las cotizaciones sociales, lo que en su opinión permitiría crear más empleo. Sus cálculos apuntan a que por cada punto porcentual que aumenta el coste laboral por cotizaciones sociales el empleo se contrae en 0,4 puntos.

También se posicionó en contra de una armonización fiscal entre comunidades autónomas al considerarla un «subterfugio para la subida de impuestos» y estimó que, de llevarse a cabo en la Comunidad de Madrid, tendría un impacto de una caída del 2% del PIB regional y de medio punto a nivel nacional, al que habría que sumar el producido en otras comunidades autónomas.

En este sentido, la vicepresidenta y presidenta de la comisión fiscal de CEOE, Pilar González de Frutos, González de Frutos denunció que los tipos marginales del impuesto sobre la Renta «están muy por encima de los valores medios» de la mayoría de países europeos e insistió que estos tipos marginales «se aplican desde niveles de renta mucho más bajos». Asimismo, resaltó la proliferación de los impuestos medioambientales hasta generarse una «dispersión normativa sin precedentes» por las comunidades autónomas. En su opinión, este gravamen «debería aspirar a tener recaudación cero».

González también subrayó que la presión fiscal de España en comparación con la media comunitaria debe medirse teniendo en cuenta la distorsión que supone la economía sumergida. Para ello, el informe incluye el indicador de presión fiscal efectiva que sitúa a España en un 45% del PIB y a la media de la Unión Europea en un 44,5%. Para González de Frutos el esfuerzo fiscal en España «es muy poco adecuado para nuestros niveles de renta».

En cuanto al impuesto de Sociedades, Fernández de Mesa ve «absolutamente necesario» corregir lo que considera una doble imposición de los dividendos y evitar la limitación a la deducción de gastos financieros y bases imponibles negativas. También planteó que la tributación de la economía digital esté alineada con Europa y que se revise la fiscalidad de las actividades emergentes, que tienen que afrontar un pago de impuestos «desorbitante que desincentiva el emprendimiento».