Recuperar 54.000 empleos públicos perdidos, objetivo sindical

Las relaciones laborales entre Administración y sindicatos continúan tensándose. Con el acuerdo sobre el teletrabajo aún por cerrar -atascado en parte por el plan de Hacienda sobre el ahorro energético en la administración-, con varios departamentos en pie de guerra por la falta de recursos y de personal -como el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) o la Inspección de Trabajo, entre otros- con cerca de 10.000 jubilaciones todavía sin cubrir -las producidas durante el pasado año, según fuentes ministeriales, aunque falta la confirmación oficial- y pendientes de aplicar las tasas de reposición -del 110%, como carácter general y del 120%, en los ámbitos prioritarios- ambas partes afrontan desde este jueves la negociación de la próxima oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2022, que incluye la aplicación de la ley para la reducción la temporalidad.

No va a ser una tarea nada fácil, teniendo en cuenta que CSIF ha vuelto a denunciar que la AGE ha perdido una cuarta parte de su plantilla, en torno a de 54.000 puestos de trabajo a lo largo de los últimos diez años, que achaca a las sucesivas políticas de recortes que ha sufrido la Administración Central durante los últimos gobiernos, incluido el actual. Esta organización advierte en un comunicado de que saldrá a la calle “con una gran movilización si el Gobierno no está a la altura del esfuerzo realizado por los empleados públicos durante la pandemia”.

El sindicato insiste en que ámbitos como la Seguridad Social o el SEPE se encuentran en una situación “muy crítica” por “el volumen de prestaciones que deben atender y la merma en sus plantillas”, por lo que urge “una oferta de empleo público extraordinaria que permita cubrir de manera urgente las vacantes”. Además, ha advertido de que las plantillas se encuentran “muy envejecidas”, pues el 20,31% del personal de los ministerios tiene más de 60 años y el 61,98% tiene más de 50 años. Por ello, y ante la “situación de incertidumbre económica que afronta España”, CSIF ha reclamado una oferta de empleo público “suficiente” que garantice la viabilidad del sistema.

Esta organización presentó hace más de año y medio un plan estratégico de recursos humanos en el que apuntaba la necesidad de reforzar la AGE con al menos 43.700 nuevos efectivos. Sin embargo, aún no han tenido respuesta por parte del Gobierno, ya que “desde entonces las ofertas de empleo público no han cubierto las necesidades estructurales de nuestros servicios públicos”, ha criticado el sindicato, pese a que en 2021 Función Pública aprobó una oferta de empleo de 30.445 puesto -23.491 correspondían a la Administración General del Estado y 9.509 de promoción interna-, un 8,5% más de lo presupuestado. Sin embargo, esa cifra fue insuficiente para las organizaciones sindicales, que exigieron mejoras adicionales: una una planificación plurianual de las ofertas, que se elimine la tasa de reposición y la potenciación de la promoción interna, además de la recuperación de poder adquisitivo de los empleados públicos, que “arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15%″, recuerda CSIF, que urge a negociar ya la subida salarial.

Asimismo, este sindicato reclama poner fin a las altas tasas de temporalidad pública, que aunque en el caso concreto Administración Central se encuentra por debajo del 8%, en el conjunto de las Administraciones Públicas asciende ya al 32,4%, especialmente en las comunidades autónomas encargadas de gestionar sectores clave como la Sanidad o la Educación. “Si el Gobierno no está a la altura del esfuerzo realizado por nuestros empleados públicos durante la pandemia para mantener el funcionamiento de los engranajes del Estado y la atención a las prestaciones a la ciudadanía, CSIF saldrá a la calle con una gran movilización”, reitera en su comunicado.

Ambas partes tienen los días contados para llegar a un acuerdo. Según la normativa vigente, la oferta de empleo público de este ejercicio debe publicarse antes del 1 de junio de 2022, por lo que el plazo para la negociación se ha reducido a apenas cuatro semanas.