Los consejeros salientes de Indra sugieren que SEPI, Sapa y Amber actuaron de forma concertada

Lejos de extinguirse, las llamas del incendio provocado por la maniobra del Gobierno para hacerse con el control de Indravan a más. En la junta del pasado jueves, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el apoyo del fondo Amber y de Sapa Placencia, logró el cese de cuatro consejeros independientes: Alberto Terol, Ana de Pro, Enrique de Leyva y Carmen Aquerreta. Una decisión que apoyó el 53,1% del capital de la compañía. Ese mismo día, se aprobó también la no reelección de otra consejera, Isabel Torremocha. Una serie de decisiones que, tal y como han sugerido algunos de los afectados en sendas cartas enviadas a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), se podrían haber tomado de forma concertada por estos tres accionistas facilitando así la toma del control de la compañía por el Gobierno.

De entre todas las misivas, la más contundente a este respecto es la enviada por Carmen Aquerreta. La ya ex consejera asegura que Amber Capital, fondo que promovió los ceses y que adquirió las acciones de Indra el pasado 16 de junio; tuvo, a su entender, tiempo suficiente para informar “no solo a algunos accionistas sino a todos de su intención de proponer los puntos fuera del orden día de la junta general que provocaron los ceses, cosa que no hizo”. Por este motivo, Aquerreta asegura en su carta que “parece que tres accionistas representantes de aproximadamente el 38% del capital han tomado conjuntamente una serie de decisiones para expulsar del consejo de Indra a cinco consejeros independientes que ejercían su independencia en un momento estratégico para Indra en que se van a plantear decisiones críticas para su futuro”.

Arrequeta asegura que, durante su intervención en la junta, el representante del fondo Amber, controlado por el presidente de Prisa, Joseph María Oughourlian; hizo mención en su discurso introductorio a que tuvo comunicación previa tanto con SEPI como con SAPA, “pero nada relativo a comunicaciones con el resto de accionistas”

Enrique de Leyva, otro de los consejeros relevados, afirma también en su misiva que las manifestaciones realizadas por el citado fondo en la junta “merecería ser investigado por si pudiera responder a algún tipo de concertación o acuerdo previo entre accionistas para sustituirme (a la vez que a otros) en el consejo”.

Ana de Pro, por su parte, también asegura que si la SEPI sabía con anterioridad las intenciones de Amber, “a mi parecer, debería haberlo comunicado a sus representantes para que estos a su vez lo hicieran al consejo”. De esta forma, añade, se hubiera podido facilitar el trato semejante a todos los accionistas, “informándoles con una mínima antelación a la junta que, conforme a lo también establecido por el código de buen gobierno, debe funcionar bajo principios de transparencia y con información adecuada e impidiendo que se dieran las circunstancias que facilitan un potencial abuso de mercado”.

Todos los consejeros sugieren en sus cartas, además, que Amber no llevaba el suficiente tiempo en el consejo como para conocer su valía profesional y pedir su cese, por lo que sugiere que tal vez alguien del consejo les filtrase información al respecto.

La sospecha de que SEPI, Amber y SAPA hayan actuado de forma concertada no es exclusiva de los consejeros. La propia CNMV ha insistido en que van a analizar los movimientos en el consejo por si se derivase “algún elemento en relación a una eventual acción concertada”, según ha asegurado su presidente, Rodrigo Buenaventura. El presidente de la CNMV ha recordado que la norma establece que si uno o varios accionistas tienen más de un 30% del capital o designan a más de la mitad de los consejeros, se entiende como una toma de control y obliga a lanzar una OPA. “Eso es lo que dice la norma. No me estoy pronunciando sobre el caso porque no puedo”, ha agregado.