Ribera llevará al TC a las comunidades que no cumplan el decreto y rematará con un Contencioso Administrativo

La subida de termostatos hasta 27 grados y el apagado de escaparates y edificios públicos son hoy ya una realidad. Administraciones, comercios y lugares públicos tienen que haber aplicado las medidas de ahorro energético del decreto ley aprobado por el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y que ha desatado críticas, dudas e incertidumbre entre las comunidades autónomas, –las que deben aplicar las sanciones al tener en sus manos las competencias–. La última conferencia de consejeros presidida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sirvió para poco y los gobiernos autonómicos del PP pidieron –sin lograrlo–, junto a Cataluña y País Vasco –que criticaron duramente la decisión del Gobierno de seguir adelante– la retirada del decreto.

Ante una posible insumisión de estas administraciones, Ribera quiso ayer recordarles que deben preparar equipos de inspección para vigilar el cumplimiento del decreto y aplicarlo. En este sentido, la ministra no cree que las comunidades que han mostrado su desacuerdo tengan «una voluntad de insumisión generalizada. Las normas están para aplicarlas y no contemplo la insumisión».

La vicepresidenta tercera ha advertido a aquellas comunidades que una vez transcurrido un tiempo prudencial no hayan aplicado el decreto ni procedido a aplicar las sanciones correspondientes, el Gobierno daría el paso para aplicar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional respecto a los conflictos negativos de competencia, que habilita que, en aquellos supuestos en los que la Administración competente no ejerza sus competencias, puede ser apercibida por la Administración Central. «Si a pesar del apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional, además de otras alternativas, como los tribunales de lo Contencioso, pero entiendo que es algo que deberán valorar los servicios jurídicos».

Ribera, que hizo estas declaraciones en la Ser, no perdió la oportunidad para advertir de que, «si pasan los días, no se aplican las medidas y no se hacen cumplir», el Gobierno central contactará «inmediatamente» con la comunidad autónoma en la que se estén produciendo esas irregularidades y «exigirá que se tomen medidas y se cumpla la ley».

El coordinador de Economía del PP en el Congreso, Jaime de Olano, anunció que siguen sin arrojar la toalla para intentar paralizar el decreto y, para ello, han solicitado al Gobierno que remita los informes técnicos y jurídicos que avalan las medidas del real decreto del plan de ahorro energético. También han pedido los estudios de impacto económico que estas medidas pueden tener sobre el tejido productivo y esperan que el Gobierno les remita todos los informes porque «hasta ahora no han dado explicaciones de estas cuestiones». Eso sí, descartó que vaya a haber algún tipo de insumisión y aseguró que cumplirán con la ley en las administraciones en la que gobiernan. «El PP cumple siempre la ley, lo que no impide que una comunidad autónoma, en el ejercicio de sus competencias, decida presentar un recurso de inconstitucionalidad», como el que ha anunciado la Comunidad de Madrid. Lo que no aclaró es cuál será la postura del PP cuando se convalide el decreto, aunque insinuó que con una rectificación y una negociación la situación podría encauzarse, aunque mantienen la opción de denunciar el decreto.

Para limar diferencias, Ribera volvió a apelar a la «flexibilidad» de la norma para conceder «un margen» a los propietarios de los negocios para que puedan adaptarse a la normativa. Para ello, pidió que las administraciones que no impongan multas «inmediatamente» a aquellos espacios públicos que no cumplan con las medidas de ahorro energético «habrá que darles tiempo».

La ministra reclamó esta manga ancha al existir diferencias a la hora de aplicar el decreto, ya que «no es lo mismo la capacidad de adaptación que pueden tener las superficies de mayor tamaño y las grandes compañías a la que tienen los pequeños comercios o establecimientos hosteleros, con una capacidad de respuesta más lenta. Para ellos hay que dar este margen».

Para Ribera, la limitación del termostato en los espacios públicos a 27 grados y el apagado de escaparates es «un proceso en el que lo que importa no es sancionar, sino encauzar la voluntad de aportar al esfuerzo colectivo. No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptando medidas».

Pese a ello, la Comunidad de Madrid mantiene su intención de acudir al Tribunal Constitucional, tras denunciar que «el decreto tiene al menos diez puntos inconstitucionales». En esta línea, la Junta de Galicia ha avisado de que recurrirá el decreto si invade sus competencias, algo que no preocupa al Ejecutivo porque tiene claro que «no es inconstitucional», aseguró la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Este paquete de medidas, que será complementado en septiembre por el Plan de Contingencia –para el que el Gobierno espera proposiciones de las comunidades–, busca reducir el consumo de energía ante el impacto en el suministro de gas ha provocado la guerra de Ucrania en la Unión Europea para el próximo invierno.