Hay que bajar los impuestos a la alimentación

Mantener una fiscalidad confiscatoria y depredadora en la cadena alimentaria es ineficiente y regresivo. El truco del Gobierno de echar la culpa primero a los agricultores y ganaderos y luego a los supermercados no cuela.

La inflación de la cadena alimentaria no es un problema de 2022, viene de lejos. Ya en 2020 el Gobierno intentó culpar a los agricultores hasta que la realidad mostró que en un kilo de tomates de Almería, el 41% son impuestos y solo el 3% es margen de comercialización, según datos de los agricultores.

La realidad es que la industria alimentaria está sufriendo caídas de márgenes por la enorme subida de costes mientras el Estado dispara la recaudación por la inflación en más de 15.000 millones de euros incluso después de deducir el «coste» de las ayudas, si se cumplen.

La inflación de costes en la industria alimentaria supera el 19% en 2022 y los supermercados y comercios la han frenado al 13,8%. En alimentos frescos la inflación de precios en origen por la elevada inflación e impuestos en el primer semestre de 2022 ha sido del 31,9%, mientras la subida de precio de venta al público ha sido del 16,9%.

Por ejemplo, el precio de la leche en origen en julio es de 50 céntimos por litro al ganadero, un 50% mayor que en mayo 2021 (31 céntimos) por la inflación de costes e impuestos. La distribución, en ese periodo, ha subido el precio de venta al público 20 puntos menos. De 60 céntimos a 75 céntimos de media.

Los costes energéticos explican el incremento del 40% del precio de los alimentos, pero no podemos olvidar el gran problema de los costes de contratación, que se han disparado subiendo los impuestos al trabajo y los encadenados.

El ministro Planas, que es con mucha diferencia el más sensato del Ejecutivo, comentaba recientemente que hay poco margen para reducir los impuestos en la alimentación ya que muchos alimentos tienen ya un IVA reducido. El problema es que el ministro solo habla del IVA en el eslabón final de la cadena, no de los impuestos encadenados en todo el proceso productivo que, además, al ser un porcentaje de cada elemento, elevan el precio más a medida que suben los costes. Un producto de 60 euros que pague 12 de impuestos y cuyo coste ha subido a 70 en el mercado internacional paga 14 euros de impuestos. Es decir, el coste se eleva aún más con esa cadena de impuestos sobre el valor bruto.

Y la cadena no es pequeña. La cadena de valor de frutas y hortalizas frescas es el sueño de un recaudador de impuestos. Producción, transporte a central, almacenaje en origen, manipulación y envasado, transporte a destino, almacenaje en destino, transporte a punto de venta y venta minorista sufren todos su carga impositiva y además el elevado aumento de costes energéticos (que incluyen más del 50% de impuestos a la vez).

El margen bruto en las empresas de cada eslabón de esa cadena es bajísimo, mientras el Estado recauda por todas partes, desde los costes energéticos, el CO2, los costes de contratación y muchos impuestos directos e indirectos.

Si los supermercados difícilmente pueden soportarlo porque solo disponen de un margen muy bajo y elevados costes, ¿cómo van a soportarlo ganaderos y transportistas que están ya trabajando a pérdidas? Ya se han perdido 120 ganaderías en España. Pero no es un problema de hoy. España tiene 2,2 millones de hectáreas agrícolas menos y ha perdido 374.580 explotaciones en lo que va de siglo, según el INE. Entre trabas burocráticas, costes e impuestos estamos destruyendo el tejido productivo. Y ahora viene otra legislación restrictiva bajo una excusa medioambiental falsa que volverá a limitar la oferta y perpetuar los elevados precios.

La ministra Yolanda Díaz ha cargado de insensatez y demagogia el debate. Por un lado acusa a los supermercados de pactar subir precios como si fueran un monopolio y a la vez les acusa de bajar los precios demasiado. Hicieron lo mismo con agricultores, ganaderos y transportistas antes. Y mientras dice que va a «topar» los precios de las grandes distribuidoras, pide que compremos en comercio de proximidad, que son los que no pueden soportar bajar precios, y exige que se suban los salarios y los precios de los productos agrícolas. Yolanda Díaz exige al sector que sople y sorba a la vez. En un sector donde las empresas funcionan con márgenes netos inferiores al 6% y donde el Estado recauda hasta el 41% del precio final, resulta que el problema son las empresas. En fin…

Para Yolanda Díaz los supermercados son a la vez culpables de bajar los precios demasiado y de subirlos. Fascinante.

Si los supermercados venden caro por maldad o avaricia ¿por qué es más caro en tienda el mismo producto? ¿Por qué bajaban los precios durante años? Si estuvieran disparando artificialmente los precios se lanzarían otros comercios y miles de cooperativas y tiendas a vender «barato» y forrarse.

El Gobierno no baja los precios. Los sube. La cadena de costes crecientes e impuestos superpuestos además de las trabas regulatorias y burocráticas están ahogando la oferta y empeorando la capacidad de crecer, competir y ofrecer mejores productos a mejores precios.

El sector de la alimentación es un ejemplo de cómo el Estado se cuela en toda la cadena y la encarece y empeora. El Gobierno culpa a agricultores, ganaderos, transportistas y distribuidores mientras les expolia… Y luego se presenta como la solución.