La distribución pide al Gobierno que también arrime el hombro y baje el IVA de los alimentos de forma temporal

A la distribución no le gusta ni el tope al precios de los alimentos básicosque propuso en un primer momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; ni que ahora les presione para que ofrezcan una cesta de la compra de calidad «que facilite una alimentación sana» a precios asequibles. Las patronales del sector Asedas, Anged y Aces, así como representantes de organizaciones de consumidores, se han reunido hoy con Díaz y el titular de Consumo, Alberto Garzón, para abordar la cuestión del encarecimiento de los precios de los alimentos y su posible limitación y han salido con la sensación de que tanto en Trabajo como en Consumo desconocen la realidad del sector y que plantean por eso soluciones equivocadas.

De entrada, la distribución considera que el diagnóstico que se ha hecho sobre sus márgenes de beneficios “no tiene base científica”, según ha asegurado en declaraciones a los medios el director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo. El sector cree que están basados “en datos de una organización agraria que carecen de base científica ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena”. A este respecto, Garzón ha asegurado hoy mismo que la gran distribución ha ganado «cientos de millones de euros» en los últimos meses y que, por ello, puede bajar precios.

El sector también discrepa en lo que a los precios se refiere. El vicepresidente ejecutivo de Anged, Javier Millán-Astray, ha asegurado que sus precios han subido un 7%, por debajo de la media del 12,6% de toda la industria; y que no hay comportamientos anómalos que justifiquen su intervención.

Empeorar el problema

Porque, a la postre, el sector cree que la presión de Trabajo y Consumo para que ofrezcan una cesta básica a precios reducidos no es más que una intervención de los mismos que no sólo podrían tener podría acarrear problemas legales sino empeorar el problema. “Si se intenta fijar una cesta de la compra tipo, pues se están distorsionando las relaciones de las propias empresas de distribución con los propios proveedores”, ha advertido Millán-Astray, quien ha añadido que se trata de un sector donde hay una competencia “feroz” y que si se intenta modificar ese libre funcionamiento del mercado, “lo que se generan son distorsiones y por tanto ineficiencias de los precios”. “El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco”, le ha secundado García Magarzo.

Para la distribución, sí realmente se quiere ayudar a las familias, la solución pasa por medidas fiscales como deflactar el IPC, suspender de forma temporal los impuestos medioambientes o las que tomó Alemania en 2020, cuando se suspendió temporalmente el IVA durante seis meses. A este respecto, García Magarzo ha asegurado que le plantearon a Garzón cuales serían los productos cuyo IVA se podría rebajar del 21% al 10%, cuales del 10% al 4% y cuales podrían quedar exentos temporalmente de este tributo. El directivo de la patronal de supermercados como Mercadona o Lidl recordó que el IVA es «un impuesto inflacionista. Se está recaudando más por el IVA de los alimentos de lo que se recaudaba en los últimos meses. Pues parte de esa subida de recaudación se puede devolver a los ciudadanos en forma de bajada de impuestos», ha explicado Magarzo.

El sector también ha solicitado al Gobierno medidas que les ayuden con la factura energética porque, como ha advertido García Magarzo, «hay empresas cuya factura de la energía se va comer el triple del beneficio que lograron el año pasado». Por ello, han solicitado el Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores. Porque, como ha resumido García Magarzo, el sector de la distribución lo que tiene es un problema de costes, no de márgenes, y lo que tiene que hacer el Ejecutivo es ayudar a contenerlos. Para estudiar estas u otras posibles medidas, ambas partes se han citado a una nueva reunión en los próximos días.