La UE avisa a España del aumento del consumo por su tope al gas

Los países europeos volvieron ayer a quedar atascados en el debate sobre la imposición de un límite al precio del gas de las importaciones rusas. Quince países, entre ellos España, creen que es necesario establecer un tope a las tarifas de todo el gas que ahora mismo reciben los Veintisiete, mientras que la Comisión Europea considera que esto deber estar circunscrito al importado a través de Rusia que ahora mismo tan sólo supone el 9% del total, frente al 40% de antes de la invasión de Ucrania. Esta postura del Ejecutivo comunitario ha quedado reflejada en un documento orientativo que ayer fue debatido por parte de los ministros de Energía de los Veintisiete reunidos de manera extraordinaria en la capital comunitaria, sin que las posturas parezcan haber cambiado demasiado respecto a citas anteriores.

Bruselas asegura que extender esta medida al gas que llega por gasoducto de otros proveedores como Noruega o Argelia o el licuado puede ocasionar problemas de suministro –sobre todo en el caso del gas que llega a través de barcos metaneros–, ya que estos países pueden desviar sus naves a otros lugares con mejores precios. Además, la Comisión Europea considera que la bajada de tarifas tan sólo consigue aumentar el consumo, lo que contraviene la necesidad de ahorro impuesta por la guerra en Ucrania.

En este sentido, este documento recoge que la «excepción ibérica» –avalada por Bruselas– y ,que permite a España y Portugal de manera excepcional intervenir el precio del gas en los mercados mayoristas , ha aumentado el consumo. Según los datos de Bruselas, España vio incrementada en un 10,9% la demanda de gas en el mes de junio y un 8,8% en julio, frente al descenso del 7,6% y el 10,7% de la media comunitaria, en comparación a la media de los cinco años anteriores.

Fuentes diplomáticas españolas explican que este aumento en la quema de gas se debe al alza de las exportaciones, sobre todo las dirigidas a Francia, ya que el país vecino ha reducido a la mitad este año su generación de energía nuclear, ya que sus centrales se enfrentan a problemas de corrosión y refrigeración. Las mismas fuentes cifran en un 15% la reducción del consumo de gas en España en julio y en agosto frente al año anterior, si no se contabilizan las exportaciones.

A su llegada a la reunión, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostró su decepción por la negativa comunitaria a permitir una intervención generalizada sobre el precio del gas. En todo caso, España y catorce países más han pedido al Ejecutivo comunitario que presente una nueva propuesta y así ha sido secundado por la presidencia checa. No se descartan nueva reuniones extraordinarias, incluso cada semana, si así es necesario. «Si no ponemos un tope al gas podemos tener un impacto importante sobre el PIB de la Unión Europea», señaló ayer Ribera.

A pesar de la falta de avances en este terreno, los ministros de Energía de los Veintisiete sí llegaron ayer a un acuerdo que consta de tres patas: un plan de reducción del consumo eléctrico; un tope del precio de 180 euros/MWH de las denominadas energías inframarginales (nucleares, renovables y lignito) y una tasa solidaria de las fuentes contaminantes como petroleras, carbón y gasistas. Estas dos últimas medidas pretenden recaudar un total de 140.000 millones de euros que las autoridades nacionales pueden emplear en auxiliar a los más vulnerables que no pueden hacer frente al aumento exorbitante de los recibos de la energía o al despliegue de las energías renovables.

En cuanto a la primera medida, las capitales europeas han pactado una reducción de la factura de electricidad del 10% que se vuelve obligatoria en un 5% para las horas de mayor consumo. Este plan temporal estará vigente desde el 1 de diciembre de 2022 hasta finales de marzo de 2023.

Además, las fuentes de energía inframarginales, que producen electricidad a un precio menor que el gas y que están teniendo beneficios extraordinarios debido al modelo de fijación de tarifas, no podrán establecer en las subastas mayoristas un precio superior a lo 180 euros/MWh. Esto significa que la diferencia entre el montante del mercado y este tope será recaudado por las autoridades nacionales. Aunque a España este límite le parece excesivamente alto, el acuerdo alcanzado da suficiente flexibilidad a los Estados para imponer un tope de precios más bajo o incluir a más fuentes de energía.

En el caso de España, la UE permitirá mantener la denominada «excepción ibérica», que ya ponía un límite al precio de gas en las subastas mayoristas, lo que permitía también abaratar el precio del resto de las fuentes de energía. Además, el acuerdo alcanzado ayer también fija una contribución solidaria para las empresas energéticas más contaminantes de un 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años. El Gobierno español está tramitando su propia tasa y Bruselas permitirá la vigencia de los instrumentos nacionales siempre que sean compatibles con este acuerdo europeo.