
Derecho laboral
¿Cobras menos que tu compañero de trabajo haciendo lo mismo? Puedes reclamar según el Estatuto de los Trabajadores
El artículo 28 del Estatuto se encarga de regular este derecho que a menudo es vulnerado por el mero desconocimiento de su existencia

En el entorno laboral actual, los conflictos dentro de las empresas no solo surgen por tensiones personales o diferencias de criterio. Una fuente habitual de malestar se encuentra en la percepción de desigualdad entre compañeros que, desempeñando las mismas funciones, reciben retribuciones distintas. Esta situación, lejos de ser anecdótica, es más común de lo que parece y muchas veces pasa desapercibida por falta de información o por temor a represalias. La falta de transparencia salarial es uno de los factores que alimenta estas desigualdades y erosiona la confianza en el lugar de trabajo.
La relación entre empresa y trabajador está regulada por un marco legal que busca garantizar condiciones justas y equilibradas. Sin embargo, este marco no siempre se aplica de forma adecuada o es desconocido por buena parte de los empleados. Los convenios colectivos, los contratos individuales y las políticas internas son herramientas que definen los derechos y obligaciones de cada parte, pero en muchas ocasiones se da por hecho que las decisiones empresariales en materia salarial no pueden cuestionarse. Esto lleva a situaciones donde la arbitrariedad y la discriminación pueden pasar desapercibidas o, peor aún, normalizarse.
En este contexto, el conocimiento y la defensa de los derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores cobran especial relevancia. La legislación española contempla mecanismos para que el trabajador pueda reclamar cuando considera que sus condiciones no se ajustan a lo establecido por la ley. La igualdad de trato y no discriminación forman parte del núcleo esencial de estos derechos. No se trata solo de equidad moral sino de una obligación legal que las empresas deben cumplir. La vulneración de estos principios puede ser denunciada y corregida si el trabajador decide dar el paso.
¿Qué dice el Estatuto sobre este caso?
Uno de los artículos más importantes en este sentido es el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto establece de manera clara que debe garantizarse la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Es decir, si dos empleados realizan las mismas tareas, con el mismo nivel de responsabilidad y bajo las mismas condiciones, deben recibir la misma remuneración. La empresa no puede justificar una diferencia salarial sin razones objetivas y comprobables. Esta disposición busca evitar tanto la discriminación directa como la indirecta, especialmente en cuestiones de género o antigüedad que no estén vinculadas con el rendimiento real.
El artículo también reconoce el derecho del trabajador a acceder a información sobre los criterios utilizados para establecer los sueldos, siempre respetando la protección de los datos personales. Esta herramienta es clave para detectar si existen desigualdades injustificadas. En caso de identificarse una brecha salarial, el empleado puede presentar una reclamación ante la empresa o incluso acudir a la vía judicial si no se llega a una solución. El objetivo final es restituir la igualdad y reparar el perjuicio económico sufrido por el trabajador. Sin embargo, algunas excepciones, como el tiempo trabajado en la empresa, entre otras, pueden reforzar estas disparidades.
¿Cómo puedo reclamar a la empresa una mejora?
Un ejemplo práctico de este artículo podría darse en una oficina donde dos personas tienen el mismo cargo, gestionan las mismas tareas y cumplen con los mismos horarios. Si una de ellas percibe un salario superior sin motivo acreditado, la otra persona podría acogerse al artículo 28 para exigir una revisión de su situación. Tras solicitar información interna, si se confirma la diferencia injustificada, la empresa estaría obligada a igualar las condiciones e incluso podría estar expuesta a sanciones si se demuestra que ha incurrido en discriminación. Este tipo de medidas no solo protege a los trabajadores afectados sino que promueve un entorno laboral más justo y transparente.
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