Obligar a los Gobiernos a cumplir sus promesas en presupuestos y deuda, la propuesta de la Airef para acabar con el despilfarro

Acabar con el despilfarro, el gasto sin medida y el incumplimiento de los compromisos electorales de los Gobiernos. Esa es la última propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la reforma de las reglas fiscales europeas, en la que plantea que cada Gobierno entrante comprometa ante Bruselas una trayectoria fiscal al inicio de la legislatura, estableciendo un ancla de deuda específica para el país y una senda de gasto derivada de ella para todo el mandato. Esta senda, basada en la deuda y el gasto y no en el déficit, deberá ser aprobada por el Parlamento y las autoridades comunitarias y sería la referencia vinculante para los cuatro años siguientes. Sin embargo, podría modificarse en circunstancias excepcionales mediante la activación de una cláusula de escape.

Hoy mismo, el Banco de España ha publicado la deuda de las administraciones públicas, que marcó en agosto un nuevo récord histórico, superando los 1,49 billones de euros, tras aumentar en otros 4.444 millones en el último mes. Esto supone un aumento 72.029 millones en comparación con la deuda del mismo mes de 2021, un 5,1% más, una situación que pone en dificultades el futuro económico a medio y largo plazo.

En las próximas semanas está previsto que la Comisión Europea plantee alguna propuesta sobre la reforma de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros y que se desactivaron por la pandemia y continúan aún suspensas debido al impacto económico de la guerra en Ucrania y la subida de precios.

Por ello, la Airef ha querido adelantarse con una propuesta que, al contrario que el sistema actual, prevé sendas específicas por países -en lugar de los mismos umbrales para todos-, un encaje temporal basado en la legislatura -en lugar de en años- y sitúa en el centro la evolución de la deuda a medio plazo -en lugar del déficit-. En definitiva, la propuesta ataja algunos de los que considera principales problemas de las reglas actuales, entre ellas su carácter temporal, que sustituiría objetivos anuales por una trayectoria fiscal de legislatura.

Con este sistema, cada Gobierno, al inicio de su mandato, definiría una senda de política fiscal -dentro de un marco básico establecido a nivel europeo- para toda la legislatura, que sería sometida al propio Parlamento y al visto bueno de Bruselas y que pasaría a ser vinculante para ese Ejecutivo. Esta senda de política fiscal no giraría en torno a un objetivo específico de déficit, como ocurre actualmente, sino en un “ancla de deuda” u objetivo factible de evolución de la deuda en función de la situación de partida, la tendencia y cuánto podría corregirse si se adoptan medidas de acuerdo a la trayectoria histórica.

Una vez establecido este “ancla” u objetivo de deuda a cuatro años (duración de la legislatura), y teniendo en cuenta la proyección de déficit primario del país, el Gobierno entrante adoptaría un compromiso de límite de gasto primario para cada año de la legislatura que permitiera llegar a ese ancla de deuda. Este límite de gasto estaría expresado en millones de euros y se repartiría entre los diferentes subsectores de la Administración, con límites específicos para cada año. Además tendría, como el actual, la posibilidad de recurrir a una “cláusula de escape” -que podría ser similar a la actual, aunque con mayor obligación de acompañarla de una senda de reequilibrio- y de modificación, por ejemplo si se produce un cambio de gobierno o surgen situaciones económicas excepcionales.

Por lo que respecta al control, cada año sería necesario evaluar si se ha cumplido con el límite de gasto propuesto y, en caso de producirse un “error grave”, sería la Comisión Europea la que asumiera la supervisión para asegurar la vuelta a la senda fijada por el propio gobierno. De no ser así, esta supervisión correspondería a las autoridades fiscales nacionales. Con este sistema, se desplaza la iniciativa de diseño de la estabilidad fiscal de Bruselas al Gobierno de cada país, lo que a su juicio hace transparente el proceso y facilitaría su cumplimiento.

La Airef también ha detectado algunos problemas e inconvenientes del marco fiscal europeo actual que “no ha bastado” para diseñar políticas fiscales nacionales “estables y predecibles” en los distintos países. De hecho, en España el organismo independiente apunta que la deuda pública ha alcanzado niveles no vistos anteriormente en “tiempos de paz”. Según explica, el mecanismo sancionador actual ante incumplimientos de las reglas por parte de los países “no ha funcionado” y ni siquiera se ha ido aplicado por diferentes motivos a lo largo de su vigencia. Desde el organismo, consideran que ese marco sancionador económico se debería eliminar -aunque no creen que la Comisión renuncie completamente a él-.

De esta forma, en cierto modo se replicaría en el ámbito fiscal el esquema de gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto daría a cada Gobierno la posibilidad de plantear sus propias prioridades y sendas, dentro de sus orientaciones comunes para todos los Estados miembros, fomentando de este modo su apropiación política. En este sentido, la implicación política en el diseño y aprobación de una senda fiscal incrementaría el coste reputacional asociado a su incumplimiento o modificación, dotando de más estabilidad a las sendas de medio plazo. “Una senda vinculante propuesta al inicio de la legislatura podría incrementar de manera notable el coste político asociado a su modificación”, aseguran desde la Airef.

De hecho, explican que los países con posiciones más saneadas -como Dinamarca o Finlandia- cuentan con marcos fiscales súper laxos, pero el coste político y reputacional en caso de incumplimiento de los objetivos de déficit o deuda es muy elevado. Por último, en cuanto a los aspectos institucionales, la necesidad de que el nuevo marco fiscal refleje mejor las especificidades de cada país puede afianzarse a partir de la labor de las instituciones independientes nacionales como la propia Airef.

Así, plantea que las instituciones fiscales podrían asumir la supervisión fiscal en circunstancias de bajo riesgo, con informes periódicos a los homólogos de la UE en los foros pertinentes. La Comisión Europea mantendría su papel central a la hora de proporcionar orientaciones de política fiscales específicas para cada país y el conjunto del área euro. Además, en caso de falta de cumplimiento por partes de los gobiernos, la Airef plantea que la supervisión pasaría totalmente a manos de la Comisión Europea, que podría establecer requisitos más estrictos aumentando el coste reputaciones de incumplimiento.

La propuesta es compatible, en todo caso, con los objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria actualmente vigente en España y se ha discutido con el Tesoro a nivel técnico.