Díaz quiere eliminar las bonificaciones para contratar personas con discapacidad

Rebelión empresarial, asociativa y de los Centros Especiales de Empleo (CEE) ante la intención del Gobierno de acabar con las actuales bonificaciones e incentivos para la contratación laboral de las personas con discapacidad. «Sería una catástrofe para las posibilidades de contratación y el futuro de millones de personas con discapacidad, que verían reducidas a casi nada sus opciones de encontrar un trabajo». Así se manifestaron ayer las cerca de 6.000 asociaciones, federaciones y organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad, que a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) criticaron con dureza que «se haya elaborado ya un anteproyecto sin apenas diálogo con el sector social de la discapacidad y que, si se aprueba el fin de estas bonificaciones, provocaría unos efectos devastadores para el empleo de estas personas», explicó a LA RAZÓN Pepa Torres, secretaria general de Feacem, que celebró que el Ministerio «aunque tarde, por fin se haya puesto en contacto con nosotros para entablar un diálogo que nos permita negociar y explicar lo que supondría tomar una decisión tan radical como esa».

La primera consecuencia sería la puesta en peligro de los más de 100.000 empleos de personas con discapacidad correspondientes a los CEE y 1, 9 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar de 16 a 64 años –de ellos el 34% tiene un contrato– quedarían desamparados si sale adelante el anteproyecto de ley que pretende «regular los incentivos a la contratación laboral, cuya fase inicial de consulta pública acaba de finalizar, por lo que pasará ahora a manos de los técnicos ministeriales para negociar con las asociaciones y cerrar el texto definitivo antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

Pero, ahora mismo, el borrador actual de esta nueva normativa elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad de los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de integrantes de este colectivo, por lo que el fin de estas ayudas públicas por la inclusión laboral abocaría a estos centros a su práctica desaparición. Una situación que también afectaría de lleno a empresas como la ONCE, que tiene 73.000 trabajadores, de los cuáles el 70% tiene algún grado de discapacidad. «Esta supresión dejaría a muchos, no solo a nosotros, en una muy difícil posición, que podría acabar con las opciones de vida de cientos de miles de personas», incidieron fuentes de la ONCE.

Pero el alcance de la destrucción del empleo no puede limitarse solo a los 2.300 centros de empleo o a la ONCE, ya que los contratos de estos trabajadores en empresas privadas también estarían en peligro al perder sus ventajas fiscales y de cotización. «Si las empresas pierden los incentivos para la contratación de trabajadores con discapacidad, siempre tendremos la de perder y se perderán miles de oportunidades», remarca Torres.

En contra de lo que pretende el Ejecutivo, el Tercer Sector ha reclamado insistentemente el incremento de las subvenciones a los CEE para poder compensar los incrementos del SMI aprobados los últimos cuatro años, que ha provocado una disfunción en sus cuentas que pone en peligro su viabilidad, pero no han tenido respuesta.

Fuentes ministeriales informaron a este periódico de que el anteproyecto «todavía está en una fase muy preliminar» y que «se van a tener en cuenta las aportaciones» que hagan. Eso sí, también advierten de que «tenemos un mandato de la Airef», que reclama que, «con carácter general», los incentivos a la contratación «tendrían que reducirse», y especificó que los incentivos «a colectivos muy específicos de baja empleabilidad» tienen un «efecto positivo limitado» y abogó por reducirlos. «Es lo que se ha tenido en cuenta», insistió el Ministerio, que recordó que está a la espera de recibir el Libro Blanco de la Discapacidad para actuar en consecuencia. «Nuestra intención es poner orden en un sistema de bonificaciones que hay que mejorar, para que no se pierda dinero público», incidieron las mismas fuentes.

Desde el sector social se recuerda al Gobierno que el ahorro directo por estas bonificaciones sumaría 400 millones de euros, «que tendrían que poner».