Las comunidades del PP ignoran la amenaza de Montero y mantendrán la bonificación de Patrimonio aunque el dinero vaya al Estado

El «impuesto a los ricos» que se aprobará hoy afectará a los contribuyentes de ocho comunidades (Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Islas Baleares, Comunidad de Madrid) y cuatro haciendas forales (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra) debido a que su tarifa en el Impuesto de Patrimonio presenta tipos más reducidos que los anunciados en el nuevo tributo, según el último informe de Fedea publicado ayer sobre este nuevo impuesto. En el caso de Madrid y Andalucía, con el tributo bonificado en su totalidad, los contribuyentes con un patrimonio que supere los 3,7 millones de euros –el mínimo a partir del cual aplica– tendrán que pagar el nuevo gravamen, cuyo importe iría a engrosar directamente las arcas de Hacienda y no se quedaría en las arcas regionales, como sí lo haría el impuesto de Patrimonio, que tiene cedida su competencia fiscal. Por ello, Fedea sugiere a las regiones afectadas que reactiven o igualen sus gravámenes patrimoniales para ingresar ese dinero y que no se desvíe hacia el Estado. Sin embargo, ni Madrid ni Andalucía –gobernadas por el PP– tienen pensado dar marcha atrás y reactivar de forma provisional este tributo los dos años de duración previstos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantendrá su política de reducción de la presión fiscal para sus ciudadanos, por lo que, «a día de hoy», la bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio «se mantiene intacta», confirmaron fuentes regionales.

Misma decisión que seguirá Andalucía, cuyo Gobierno asegura que «no hay marcha atrás» con la decisión de suprimir dicho impuesto. Fuentes regionales consultadas por este periódico consideran que «no sería políticamente admisible rectificar una estrategia que se ha tomado desde la convicción y con la certeza de que será positiva para atraer inversión y fortalecer la imagen de la comunidad como un destino atractivo para impulsar proyectos empresariales y fijar grandes patrimonios». Junto a ello, insisten en que en esta decisión hay también un componente práctico: «El impuesto de solidaridad deja fuera a los patrimonios de entre 700.000 y 3,7 millones de euros, un total de 18.000 contribuyentes andaluces que no se verían afectados por la medida del Gobierno. Solo unos 1.000 andaluces tienen más patrimonio». Por tanto, consideran que «sería un error retomar este impuesto».

Del resto de comunidades, solo Murcia ya ha confirmado que incluirá en sus próximos Presupuestos la bonificación total a Patrimonio. Según confirmaron a LA RAZÓN, «dado el ataque que va a realizar el Gobierno de Pedro Sánchez a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que es el primer paso de la armonización fiscal», el Gobierno regional aprobará la supresión del impuesto de patrimonio hasta rentas de 3,7 millones de euros «para que se beneficien la mayoría de los murcianos que sufren esta doble tributación, que consideramos injusta y que nos hubiese gustado eliminar de forma íntegra».

Fedea también apunta que Galicia podría dar marcha atrás con su decisión de duplicar la bonificación en Patrimonio hasta situarla en el 50% aunque, de momento, su intención es seguir adelante con esta rebaja fiscal.

Las seis comunidades restantes a las que afecta este tributo solidario deberán asumir la parte proporcional que supere ciertos umbrales de patrimonio, que en Galicia será de 8,6 millones, Cataluña (16,6 millones), Asturias (23,9), Murcia (25), Cantabria (26,3) y Baleares (209,8). Por lo que respecta a las diputaciones forales, estos umbrales se sitúan en 13,2 millones para Álava, 13,1 para Guipúzcoa, 10,6 para Navarra y 9,6 para Vizcaya.

Los economistas de Fedea ponen un ejemplo práctico para mostrar la situación de desventaja en la que quedarían las grandes fortunas en Madrid y Andalucía: un contribuyente con un patrimonio neto –descontada la vivienda habitual– de cuatro millones de euros tendría que pagar 5.100 euros, pero nada en el resto de regiones. En el caso de que el patrimonio sea de 15 millones de euros, la cuota a pagar del nuevo tributo oscilará entre los 21.064 euros de Guipúzcoa y los 278.364 euros de Madrid y Andalucía. «Antes de que la recaudación del impuesto acabe en el Gobierno central, las regiones afectadas podrían aspirar a recaudar la totalidad de lo tributado por sus contribuyentes», sentencia Fedea.