Ocho comunidades no pagarán el impuesto a los ricos porque tienen un impuesto de patrimonio superior

El impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas solo afectará íntegramente a los contribuyentes más pudientes de Madrid y de Andalucía -al tener el impuesto de Patrimonio bonificado al 100%-, de manera parcial a otras ocho comunidades autónomas -aquellas que tienen tipos del impuesto de patrimonio inferiores a los del nuevo tributo- y deja fuera a otras ocho -cuyo gravamen es igual o superior al establecido por el Gobierno-. Estas son tres de las conclusiones principales del último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado hoy -y firmado por Diego Martínez, Manuel Díaz y Carmen Marín- sobre este nuevo impuesto, que estará en vigor de manera temporal durante los dos próximos años -con carácter retroactivo sobre el patrimonio declarado este mismo año- y que será aprobado mañana en el Congreso de los Diputados.

Sus autores determinan que todavía existen puntos oscuros en el diseño de este gravamen respecto a la posible invasión de competencias cedidas a las comunidades autónomas, por lo que “es importante que se diluciden aspectos centrales del diseño y aplicación del nuevo impuesto de solidaridad a fin de resolver las cuestiones que afectan a nuestro marco de descentralización fiscal y, en particular, sobre las finanzas autonómicas”. En este sentido apuntan que es evidente que su aplicación va a tener consecuencias sobre las rebajas fiscales anunciadas por algunas de las regiones, “que podrían reconsiderarse”, apuntan. Así, Galicia podría dar marcha atrás con su intención de duplicar la bonificación en Patrimonio hasta situarla en el 50%, al igual que la Región de Murcia, que podría dar marcha atrás en su anunciada bonificación total para 2023.

Según explican sus autores, el nuevo gravamen no tendrá efecto en las regiones que tienen tipos superiores a los del nuevo tributo por ser deducible en el impuesto de Patrimonio -1,7% para fortunas de entre 3 y 5,4 millones, 2,1% entre 5,4 y 10,7 millones y 3,5% a partir de 10,7 millones-, por lo que ocho regiones estarán exentas: La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y Extremadura. Por contra, los contribuyentes que residan en las otras diez comunidades autónomas, serán las que sí que tengan que afrontarlo, aunque con grandes diferencias en función del diferencial entre los tipos que tienen fijados y los del impuesto de solidaridad.

Así, los contribuyentes de Madrid y Andalucía, donde el impuesto de patrimonio está bonificado en su totalidad, tendrán que pagar el nuevo gravamen siempre que su patrimonio supere los 3,7 millones de euros, el mínimo a partir del cual aplica. Por tanto, todo el dinero iría a engrosar directamente las arcas de Hacienda y no se quedaría en las de la Hacienda regional como sí lo haría el impuesto de Patrimonio, que tiene cedida su competencia.

Por otro lado, las seis comunidades restantes deberán asumir la parte proporcional que supere ciertos umbrales de patrimonio, que en Galicia será de 8,6 millones, Cataluña (16,6 millones), Asturias (23,9 millones), Murcia (25 millones), Cantabria (26,3 millones) y Baleares (209,8 millones). Por lo que respecta a las diputaciones forales, estos umbrales se sitúan en 13,2 millones para Álava, 13,1 millones para Guipúzcoa, 10,6 millones para Navarra y 9,6 millones para Vizcaya.

Los economistas de Fedea ponen un ejemplo práctico para mostrar la situación de desventaja en la que quedarían las grandes fortunas en Madrid y Andalucía: un contribuyente con un patrimonio neto, descontada la vivienda habitual, de cuatro millones de euros, tendrá que pagar 5.100 euros de impuesto de solidaridad en Madrid y Andalucía, pero nada en el resto de regiones. En el caso de que el patrimonio sea de 15 millones de euros, la cuota a pagar del nuevo tributo oscilará entre los 21.064 euros de Guipúzcoa y los 278.364 euros de Madrid y Andalucía.

El informe recuerda que las comunidades autónomas tienen la opción de adaptar sus impuestos de Patrimonio a la nueva legislación. Por tanto, los que dispongan de tipos inferiores a los del impuesto de solidaridad tienen la potestad para elevar sus tipos, ya que de no hacerlo sus contribuyentes tendrán que pagarlo en cualquier caso, pero la recaudación irá al Estado en lugar de quedarse en la región. Para Fedea, desde el punto de vista financiero, esta decisión podría tener sentido, ya que “antes de que la recaudación del impuesto acabe en el gobierno central, las regiones afectadas podrían aspirar a recaudar la totalidad de lo tributado por sus contribuyentes”. También da la opción a que si estas comunidades se reafirman en su posición de bonificar en parte o totalmente la cuota fiscal se abre la posibilidad de “reclamar contra la violación de su autonomía tributaria en los tribunales”.

Asimismo, los economistas de la Fundación apuntan a que este gravamen también puede iniciar una carrera impositiva por parte de la comunidades que tienen establecida una tarifa inferior a la propuesta en el impuesto de solidaridad, ya que estas comunidades “posiblemente opten por una subida a fin de no perder recaudación en favor del Estado”. Estos gobiernos también pueden establecer “instrumentos compensatorios en sentido contrario, con bonificaciones en otros impuestos autonómicos como el IRPF”. También podrían introducir tratamientos fiscales favorables en el tramo de su base liquidable por debajo de tres millones de euros, “que queda fuera del alcance estatal, con lo que la competencia fiscal entre comunidades no se impide y seguiría vigente”, concluyen.