Una cuestión de escrúpulos

Los remilgos no son buenos para nada, mucho menos para los negocios. La realidad es que todos los gobiernos hacen caja con regímenes de dudosa acreditación democrática, desde la propia Rusia –a la que aún llenamos los bolsillos, no solo con la compra de hidrocarburos sino también de paladio, cobre, madera o aluminio– hasta Cuba o China, donde por mucho que hagamos la vista gorda se violan los derechos humanos un día sí y otro también.

La parte morada del actual Ejecutivo, que hasta anteayer se rasgaba las vestiduras por las relaciones comerciales de España con según qué países, mantiene en este sentido una doble moral más que cuestionable.

El penúltimo ejemplo es la rúbrica de un segundo acuerdo comercial de defensa con el reino saudí para venderle otros cinco buques de combate, por un importe mil millonario, que convertirá a nuestro país en uno de sus mayores proveedores militares. Así, de los astilleros españoles habrán salido una decena de buques con destino al Mar Rojo, en cuya costa tiene puesta Riad el objetivo de su transformación. Arabia Saudí es el primer socio comercial de España en Oriente Próximo, con un volumen total de intercambios superior a los 6.000 millones de euros en 2019 en el que los intercambios militares tienen un gran peso.

Ante esta realidad, Unidas Podemos mantenía una posición más que crítica. De hecho, ha reclamado al Gobierno del que forma parte la paralización de la venta de armas a la coalición que conforman Arabia Saudí y Emiratos Árabes a consecuencia del conflicto en Yemen, donde Amnistía Internacional ha documentado más de 40 ataques aéreos «muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra».

Podemos, que sigue blanqueando al régimen teocrático y machista iraní, los secesionistas de ERC y los batasunos de Bildu, han proseguido demandado en la Comisión de Defensa esa cuarentena a la venta de armas a Riad. Sin embargo, sus compañeros en el Gobierno no parecen enterarse porque, según aseguró en Riad la ministra de Industria, Reyes Maroto, todo el Gobierno está más que encantado con este nuevo contrato que asegura 7.500 empleos en Cádiz. Una prueba más de que los escrúpulos van y vienen en función del apetito electoral.