El PP trata de frenar en el Congreso el impuesto a los plásticos “para no encarecer más los alimentos”

El PP está maniobrando para tratar de que la entrada en vigor del impuesto a los plásticos de un solo uso se retrase hasta enero de 2024 y no se aplique desde el próximo 1 de enero de 2023 como proyecta el Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una enmienda a un Proyecto de Ley sobre cesión de tributos en tramitación parlamentaria para intentar conseguir que el Gobierno aplace un año el nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Su objetivo es evitar que el nuevo tributo encarezca “aún más los alimentos, ya muy afectados por el IPC, y evitar un perjuicio extra a las familias españolas”, según la formación. La enmienda registrada por la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, subraya en este sentido que “la entrada en vigor del nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables causará un encarecimiento adicional de numerosos alimentos ya muy afectados por la continua elevación de precios experimentada en los últimos meses”.

El Grupo Popular considera que “la extraordinaria y constante subida de precios está afectando muy especialmente a los alimentos. Y como han denunciado de manera reiterada las empresas de alimentación, este nuevo impuesto supondrá un inevitable encarecimiento de la práctica totalidad de los productos alimenticios con envases de plástico no reutilizables, potenciando así la espiral inflacionista”. Las patronales de los principales sectores del consumo y la distribución (Aces, Acotex, Adelma, Aecoc, Afeb, Anged, APPLIA, Asaja, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, Fiab, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa) recordaron la semana pasada que la nueva tasa supondrá añadir sobrecostes por valor de 690 millones de euros a sus empresas, a los que sumarían otros 1.150 millones por la Responsabilidad Aplicada del Productor en un contexto especialmente delicado. Con el riesgo, según han denunciado en los últimos meses algunas voces de estos sectores, de que su coste se acabe trasladando a los precios de los productos.

Recaudación

La enmienda del PP afirma que el proyecto de presupuestos Generales del Estado para 2023 estima en 456 millones de euros la recaudación que podría generar este nuevo gravamen, “un importe que se trasladaría en su totalidad a los compradores dada su naturaleza de impuesto indirecto. Esta es la razón principal que ha llevado a todos los gobiernos europeos a descartar o aplazar indefinidamente la implantación de tributos similares”, añaden. “Si [Pedro] Sánchez persiste en la aplicación del nuevo gravamen para recaudar más a partir del 1 de enero de 2023 a costa de los consumidores, España sería el único país de la Unión Europea en poner en marcha un impuesto de esta naturaleza de forma inmediata, tras la reciente decisión adoptada por Italia de retrasarlo”, según advierte el PP.

Los sectores afectados creen que la introducción del impuesto exclusivamente en España incrementa los sobrecostes para las empresas españolas y, por tanto, les resta competitividad frente a sus vecinos europeos. En ese sentido, han destacado el impacto nocivo que esta medida presenta para sus exportaciones, así como el freno que supone a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en el país, pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales.

Los populares añaden que “la precipitación ha caracterizado la implantación de este tributo, lo que ha provocado reiteradas quejas de los sectores más directamente afectados que denuncian improvisación y falta de información para su adecuada implantación el próximo 1 de enero”. Las patronales del sector aseguran que hay gran incertidumbre en su propia aplicación al existir ambigüedades en su interpretación que, a día de hoy, no han sido resueltas por la autoridad competente en la materia. En este sentido, afirman que no ha habido un desarrollo normativo del impuesto ni órdenes ministeriales para comunicar la información a Hacienda.