Distribución

El Gobierno acribilla a la distribución con 30 costes y normas extra en un año que encarecen los alimentos

El sector denuncia que algunas de las regulaciones aprobadas se han adelantado a los plazos exigidos por Europa pese al difícil entorno económico actual

Precios de alimentos en el lineal de un supermercado
Precios de alimentos en el lineal de un supermercadoJesús G. FeriaLa Razón

No es la principal razón de que el coste de los alimentos se haya disparado, pero tampoco ayuda a mantenerlos contenidos. En pleno pulso con los ministerios de Trabajo y Consumo para evitar que se topen los precios o se les imponga de algún modo una cesta básica a coste limitado, la distribución denuncia que, en el último año o año y medio, las diferentes administraciones públicas, aunque principalmente la central, han impulsado una treintena de normas y costes regulatorios que, al final, son imposibles de asumir por completo por las compañías en sus márgenes y acaban repercutiendo en lo que pagan los consumidores finales.

Como explican fuentes del sector, aunque muchas de estas medidas pueden ser positivas, lo que no es comprensible es el «timing» que se está siguiendo para aplicarlas. «Compartimos los objetivos, pero habría que ser sensibles a que la alimentación está teniendo el mismo problema con el incremento de precios que los demás», aseguran. Por eso, en la reunión que mantuvieron la pasada semana con los ministros de Trabajo y Consumo, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, respectivamente; la industria expuso la necesidad de revisar los tiempos y plazos de aplicación de algunas medidas todavía no en vigor pero que están a punto de hacerse efectivas. El Ejecutivo, por ejemplo, tiene la intención de que el nuevo impuesto que grava los envases de plástico no reutilizables entre en vigor el 1 de enero de 2023. Y la cadena agroalimentaria ya le ha advertido de que, si lo hace, el coste de la nueva medida lo acabarán pagando en parte los consumidores. El tipo impositivo del nuevo gravamen es de 0,45 euros por kilo. Un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) calcula que la nueva tasa tendrá un impacto de 300 millones de euros.

Otras medidas aprobadas, comoel incremento del 10% al 21% del IVA en las bebidas azucaradas, ya han dejado notar sus efectos en los precios. El INE ya destacó en enero de 2021 cómo este incremento impositivo fue uno de los responsables de que la inflación subiera del 0,4% al 0,5% en enero del año pasado, el mes en que entró en vigor. También el reciente endurecimiento de la fiscalidad de los sistemas de refrigeración a través de la modificación del impuesto de gases fluorados ha tenido efectos en los costes de las compañías. Con el agravante, según denuncian, de que se trata de una medida «que no se aplica en la mayor parte de la Unión Europea».

El sector no cuestiona el fondo de lo aprobado, sino los tiempos dada la mala situación económica

Y es que, como denuncia el sector de la distribución, la obsesión del Gobierno por adelantarse a los plazos fijados por Bruselas para la entrada en vigor de algunas medidas también les está pasando factura. Así, denuncian que el Ejecutivo se ha fijado objetivos y medidas de reutilización de envases «inéditos en Europa y fuera de las directivas», así como «metas y normas de prevención de envases más allá de las directivas europeas, como la prohibición de vender frutas y hortalizas enteras a granel»; y la nueva obligación para los distribuidores de tener que informar a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de todos los productos que comercializan, otra medida que, según el sector de la distribución, iría más allá de lo establecido en las directivas europeas y del concepto de productor. También se han impulsado requisitos de etiquetado que, según aseguran, están desarmonizados respecto a los criterios de la Unión Europea.

Pero no sólo la administración central ha impulsado en los últimos meses medidas que han incrementado los costes del sector a pesar de la difícil coyuntura económica. A nivel autonómico y local también se han aprobado normas como adaptaciones desarmonizadas de normativas de residuos, plásticos y envases o de protección al consumidor, así como adaptaciones desarmonizadas de normativas de residuos, plásticos y envases, así como nuevos impuestos para las grandes superficies aprobados por algunas autonomías o sobre el comercio electrónico que, según el sector, impactan en sus costes.