La distribución pide a la desesperada que se retrase el impuesto a los plásticos para no “echar más gasolina al fuego” de los precios

A tan sólo un mes de la entrada en vigor del impuesto a los plásticos de un solo uso en nuestro país, las patronales de los principales sectores del consumo y la distribución (Aces, Acotex, Adelma, Aecoc, Afeb, Anged, APPLIA, Asaja, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, Fiab, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa) han hecho hoy un llamamiento a la desesperada al Gobierno para aplazar la entrada en vigor de un impuesto que, como ha dicho el director general de Aecoc, José María Bonmatí, “es como echar gasolina al fuego” en un contexto de alta inflación y subida de costes para las empresas.

Tras la reciente decisión del Gobierno italiano de seguir aplazando la entrada en vigor de este gravamen, las organizaciones han denunciado que España se queda sola en Europa con la introducción de un impuesto -no obligatorio para los estados miembros- que supondrá añadir sobrecostes por valor de 690 millones de euros a sus empresas, a los que sumarían otros 1.150 millones por la Responsabilidad Aplicada del Productor en un contexto especialmente delicado. Con el riesgo, según han denunciado en los últimos meses algunas voces de estos sectores, de que su coste se acabe trasladando a los precios de los productos.

Aplazamiento, no eliminación

Como han explicado Bonmatí y el presidente de la organización textil Acotex, Eduardo Zamácola, “entendemos que el Gobierno no quiera eliminarlo, pero pedimos que lo retrase al menos”. “Hay margen para aplazarlo porque la inflación está incrementando la recaudación del Estado”, ha añadido Mauricio García de Quevedo, presidente de Fiab. Hasta ahora, el sector asegura que el Ejecutivo ha rechazado su aplazamiento alegando una caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, en línea con lo expuesto por Quevedo, aseguran que el Gobierno ha reconocido que cuenta con una recaudación extra por vía impositiva que supera los 32.000 millones de euros por la inflación.

El sector del consumo no sólo ha denunciado el perjuicio económico que para sus cuentas tendría el impuesto sino también que, a un mes vista de su entrada en vigor, hay gran incertidumbre en su propia aplicación al existir ambigüedades en su interpretación que, a día de hoy, no han sido resueltas por la autoridad competente en la materia. Aurelio del Pino, presidente de Aces, ha denunciado en este sentido que “no ha habido un desarrollo normativo del impuesto ni órdenes ministeriales para comunicar la información a Hacienda”.

Además, los sectores afectados creen que la introducción del impuesto exclusivamente en España incrementa los sobrecostes para las empresas españolas y, por tanto, les resta competitividad frente a sus vecinos europeos. En ese sentido, han destacado el impacto nocivo que esta medida presenta para sus exportaciones, así como el freno que supone a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en el país, pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales. “Hay inversores que ya se están replanteando proyectos y por eso estamos gravemente preocupados”, ha advertido Val Díez, directora general de Stanpa, que ha lamentado que, en el caso del sector de la perfumería y la cosmética, puede suponer un importante freno a sus pujantes exportaciones.

Las patronales también han puesto de manifiesto que el impuesto, a su juicio, es una medida especialmente perjudicial para las empresas de menor tamaño que, en el actual escenario inflacionista, tienen menor capacidad de maniobra y, por tanto, de resistencia ante la suma de nuevos sobrecostes. Los impactos, dicen, no sólo se derivan del pago del propio impuesto, sino especialmente por toda la operativa de gestión y de administración que conlleva su contabilización y pago y que resulta especialmente gravosa en el caso de las pymes.