El inminente impuesto al plástico amenaza con elevar todavía más los precios de los alimentos

Los sectores afectados advierten de que no es momento de introducir un nuevo gravamen que repercutirá en los costes y los consumidores

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron un 11% interanual en mayo, la tasa más alta desde enero de 1994. El precio del aceite de oliva, por ejemplo, se disparó un 36,5%, mientras que el de la pasta lo hizo un 27,9%; el de la mantequilla un 17,6% y el del yogur, un 14,8%. Es en este contexto de fuerte inflación en general y de constante subida de la cesta de la compra en el que el Gobierno pretende introducir un nuevo impuesto, el que grava los envases de plástico no reutilizables; que, si persevera en su intención, incrementará todavía más el coste de los alimentos en plena espiral inflacionista.

La intención del Ejecutivo es que la medida entre en vigor el 1 de enero de 2023. Y la cadena agroalimentaria ya le ha advertido: si lo hace, el coste de la nueva medida lo acabarán pagando los consumidores. Las organizaciones agrarias Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Fiab, Adelma, Stanpa y EsPlásticos consideran que “no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor”, según pusieron ayer de manifiesto en un comunicado. Por ello, creen que es necesario retrasar la entrada en vigor de la medida hasta, al menos, el 1 de enero de 2024, según le han hecho saber además al Gobierno.

La cadena de valor agroalimentaria considera que un contexto como el actual marcado por una elevada inflación consecuencia del incremento del precio de la energía, así como los impactos derivados de la guerra de Ucrania y los que todavía se arrastran de la pandemia del coronavirus “está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, por lo que no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales”.

Momento inoportuno

Desde el sector no entran a valorar si es necesario o no la introducción de un impuesto de este tipo -aunque recuerdan que sólo un país de la UE, Italia, ha dado el paso de crearlo puesto que Bruselas no ha dado instrucciones al respecto de crearlo- sino los plazos para su aplicación. “El impuesto se pensó en un contexto muy diferente al actual”, explican, al tiempo de que advierten de que la coyuntura de las empresas deja “poco margen para que no se traslade al precio” de miles de referencias que están a la venta en supermercados y otras superficies de distribución.

El impuesto sobre envases de plástico no reutilizables se recoge en la Ley 7/2022, de 8 de abril de 2022, de residuos y suelos contaminados. La tasa grava la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables que contienen plástico, productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de envases y productos que contienen plásticos destinados a permitir el cierre, la comercialización o la presentación de envases no reutilizables. El tipo impositivo es de 0,45 euros por kilo. Un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) calcula que la nueva tasa tendrá un impacto de 300 millones de euros.

Junto al posible impacto negativo que tendrá el nuevo impuesto sobre los precios, las organizaciones del sector también argumentan para pedir el retraso en su aplicación es que “es sumamente complejo, y necesita un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados, entre otras cosas”. Según estas organizaciones, las casuísticas son infinitas, y las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales “se multiplican, por lo que a día de hoy siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación”.