Las empresas podrán mantener la bonificación del 100% para contratar personas con discapacidad

La rebelión empresarial, asociativa, de los Centros Especiales de Empleo (CEE) y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ante la intención del Gobierno de acabar con las actuales bonificaciones e incentivos para la contratación laboral de las personas con discapacidad ha logrado sus frutos, y el primer Consejo de Ministros del año ha aprobado el real decreto ley que regula los nuevos incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad.

Según confirmaron fuentes gubernamentales, el decreto establece las nuevas pautas del sistema de incentivos y bonificaciones al empleo de colectivos con dificultades para la inserción laboral, cuyos primeros borradores habían creado una enorme polémica y un total rechazo en el sector de la discapacidad, ya que en su periodo de consulta pública la propuesta liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eliminaba directamente la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad que tienen los CEE, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de integrantes de este colectivo.

Eso significaba la puesta en peligro de los más de 100.000 empleos de personas con discapacidad correspondientes a los CEE y 1, 9 millones de este colectivo en edad de trabajar de 16 a 64 años –de ellos el 34% tiene un contrato–, que hubieran quedo desamparados si salía adelante esta propuesta, que afectaba a cualquier tipo de empresa que colabora en el fomento del empleo de personas con discapacidad e incluso modificaba la regulación laboral vigente para el Grupo Social ONCE, que tiene 73.000 trabajadores, de los cuáles casi un 70% tiene algún grado de discapacidad. Pero el alcance de la destrucción del empleo no iba a limitarse solo a los 2.300 centros de empleo o a la ONCE, sino que se ponían también en peligro los contratos de estos trabajadores en empresas privadas, que al perder sus ventajas fiscales y de cotización desestimarían su contratación.

Ante la movilización de las más de 6.000 asociaciones, federaciones y organizaciones que agrupan en el Tercer Sector a las personas con discapacidad a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) -incluso por parte de los sindicatos, CC OO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme-, finalmente Díaz y su equipo técnico decidieron dar un paso atrás y mantener estos incentivos al empleo y mantener íntegro el marco vigente de bonificaciones a la contratación laboral de personas pertenecientes a este colectivo.

Según fuentes asociativas, el Ministerio de Trabajo se habría comprometido además a comunicar y negociar a partir de ahora cualquier modificación sobre estos conceptos con los representantes del sector y los interlocutores sociales.