El absentismo laboral y la reducción de jornada de Yolanda Díaz costarán 46.500 millones al año a las empresas

Los empresarios españoles temen que un cóctel letal entre el absentismo laboral creciente y la aprobación de la reducción de jornada presentada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se lleve por delante a buena parte del tejido empresarial, sobre todo al más débil, de pequeños negocios y micropymes. Así lo advierte el Consejo General de Gestores Administrativos, que ha cifrado en 46.571 millones de euros -lo que representa el 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB) español- el coste que tendrán que afrontar las compañías anualmente entre estos dos elementos: reducir la jornada a 37,5 horas sin merma salarial costará 19.250 millones, mientras que el absentismo restará otros 27.320 millones a las finanzas de las empresas, entre costes directos y cotizaciones sociales.

El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago, se ha mostrado muy claro a la hora de denunciar esta situación: "Si no se compensan las horas que se dejan de trabajar, se pierde producción. Si a eso sumamos el absentismo estructural, el impacto es demoledor. La economía no puede asumir casi un 3,2% de su PIB en horas que no se trabajan y salarios que sí se pagan". Aunque reducir la jornada pueda aumentar levemente la productividad por hora -pasando de 45,08 euros a 47,10 euros, o de 50 dólares a 52,3 dólares -, "España seguiría por debajo de sus socios europeos y de la media de la OCDE".

Santiago ha recordado que en España, pese a contar con una población total cercana a los 49 millones de personas, "solo unos 20 millones trabajan efectivamente cada día", una cifra el Consejo obtiene tras descontar el absentismo medio diario y la inactividad de los fijos discontinuos, lo que "refleja una verdad incómoda, que el país se mantiene con una base laboral mucho más estrecha de lo que indican los datos agregados". En este sentido, el informe alerta de lo que denomina el "fenómeno silencioso del absentismo estructural", por el que "cada día, 1,25 millones de personas contratadas no acuden a su puesto de trabajo, lo que supone una pérdida de 2.062 millones de horas de trabajo y más de 1,26 millones de empleos anuales.

El rendimiento por hora trabajada es en la actualidad de 45,08 euros, una cifra que los gestores confirman que es significativamente inferior a la de otros países del entorno, ya que Francia alcanza los 100 dólares por hora; Alemania supera los 95 y la media de la OCDE ronda los 70. Así, pasar de 1.630 a 1.560 horas anuales por trabajador a recortar el tiempo de trabajo como pretende la ministra Díaz supondrá una pérdida agregada de 1.390 millones de horas laborales al año. "Necesitamos políticas que impulsen la productividad y que el aumento de los costes laborales no recaiga exclusivamente sobre el empresario. Las políticas de empleo también deben asumir parte de esa carga si queremos avanzar en competitividad. España sigue estancada en productividad y no remontamos porque no subimos el PIB. Si seguimos trabajando menos y sin generar más valor, no avanzaremos", incidió Santiago.

Según el informe, la reducción de la jornada laboral supondría la obligación de incorporar al mercado laboral casi 900.000 nuevos trabajadores a jornada completa para compensar la caída de las horas anuales por trabajador, algo impensable con la actual situación de precariedad de las pymes españolas, por lo que se aceleraría el cierre de los negocios más pequeños, que no podrán afrontar ni la reducción de jornada ni la contratación, por lo que optarían por bajar la persiana.

No en vano, Cepyme ha alertado en su último informe de "Situación de la pyme" que desde 2019 -el primer año completo del Gobierno de coalición PSOE-Sumar- han desaparecido casi 23.000 microempresas, las que tienen menos de 10 trabajadores. La patronal denuncia que las pequeñas empresas "soportan una presión fiscal desproporcionada", ya que que el esfuerzo fiscal es de un 37%, frente al 25% de media de Europa. En términos reales, las pymes españolas tiene que hacer un esfuerzo fiscal un 50% superior al de sus competidores de la UE. Es decir, que de cada tres euros que se recauda en Hacienda, uno lo aportan las empresas, y en la UE, ese porcentaje de uno de cada cuatro. Además, los costes laborales se han incrementado en los últimos cuatro años en un 20% en España que, en el caso de la microempresa, tiene un impacto aún mayor, del 25% de media. Sólo en el primer trimestre de este año, los costes de las pymes se incrementaron un 2,8% en el primer trimestre del año, encadenando tres trimestres consecutivos de subidas y situándose un 26% por encima del nivel de 2019.

"No es sostenible que trabajen cada vez menos personas y que se trabajen cada vez menos horas. No es una cuestión ideológica: es una cuestión matemática", ha insistido el presidente de los gestores, que ha defendido que la única forma de cerrar la brecha es a través de la modernización, la digitalización, la reorganización del trabajo y una mejor redistribución del esfuerzo. "Si queremos competir con China, tenemos que mejorar la productividad con innovación y tecnología, y con diálogo social. Si no somos capaces, entonces solo nos queda una alternativa: exportar a China nuestros agentes sociales".