La crisis de la vivienda en España no es fruto de la casualidad, sino de una tormenta perfecta con dos frentes bien definidos que asfixian el mercado. Por un lado, la especulación ha convertido lo que debería ser un derecho en un mero producto de inversión; por otro, la construcción se topa con un muro insalvable: la falta de personal cualificado para levantar nuevas promociones que alivien la presión. Este cóctel explosivo ha creado un panorama desolador para miles de ciudadanos, especialmente para los más jóvenes.

De hecho, el problema en el sector de la construcción es de una envergadura considerable. La Fundación Laboral para la Construcción ya advertía en 2021 de la necesidad de cubrir un hueco gigantesco, cifrando en un déficit de 700.000 profesionales la carencia de mano de obra. Esta escasez de trabajadores no solo ralentiza los proyectos en marcha, sino que complica sobremanera cualquier intento de aumentar el parque de viviendas a un ritmo que pueda dar respuesta a la creciente demanda.

En paralelo, la idea de comprar una casa se ha convertido en una auténtica utopía para el trabajador medio. Un informe de UGT pone cifras a esta realidad y el resultado es demoledor: un asalariado necesitaría destinar íntegramente cincuenta y ocho años de sueldo para poder adquirir un piso en la capital. El dato no solo expone la brecha abismal entre los salarios y el coste de la vida, sino que dibuja un futuro en el que la propiedad es un privilegio al alcance de muy pocos.

El sueño roto de la emancipación

En este contexto, la economista Afra Blanco pone el foco en la compra como pura inversión, un fenómeno que desvirtúa la función social del hogar. Su postura en laSexta Xplica ha sido clara: «Estoy en contra del que compra una casa para invertir». Con esta afirmación, critica un modelo que transforma las viviendas en activos financieros, llegando a comparar la especulación inmobiliaria con la que podría darse con bienes de primera necesidad para justificar una intervención decidida.

Esta realidad se traduce en un mercado del alquiler sencillamente inabordable. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, alquilar una simple habitación en un piso compartido supone ya un desembolso mensual que se mueve en una horquilla de entre 400 y 600 euros. Estos precios, que han alcanzado máximos históricos, son una barrera infranqueable para la inmensa mayoría de los menores de 35 años.

En consecuencia, la situación aboca a toda una generación a un callejón sin salida, donde el sueño de la emancipación se desvanece. Ante la imposibilidad de afrontar los costes del mercado, muchos jóvenes no tienen más alternativa que tomar el camino de vuelta al hogar familiar, posponiendo indefinidamente un proyecto de vida autónomo que, hoy por hoy, parece una quimera.